Hemos comparecido hoy en la Comisión de Transición Ecológica de la Asamblea de Extremadura con relación la Propuesta de Ley (PRL-9) que pretende negar actos administrativos firmes sobre la existencia de 55 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decir que no están oficialmente reconocidas, tal y como propone la Propuesta de Ley (PRL-9), expone a Extremadura a infinidad de contenciosos y a tener que devolver millones de euros en ayudas, concedidas precisamente porque existen esas Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000.

Esta mañana, el delegado territorial de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet Guerra, ha acudido, a petición de la Asamblea de Extremadura, para transmitir a los diputados autonómicos la enorme preocupación que suscita la propuesta de Ley para la declaración expresa de 55 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000. “La realidad es que las ZEPA en Extremadura han sido declaradas, avaladas por sentencias judiciales y numerosos actos administrativos desde su comunicación y aceptación por la Unión Europea”, ha defendido Cardalligaguet..

SEO/BirdLife tiene una vinculación muy destacable en todo el proceso de implantación de la Red Natura 2000 en la Unión Europea, inspirando la creación de esta red de espacios para la protección de la biodiversidad y los hábitats naturales comunitarios. De hecho, los criterios científicos estandarizados por BirdLife International (presente en más de 100 países), que permitieron en la década de los años noventa establecer las áreas más importantes para las aves (las IBA), han servido y sirven a la Comisión Europea para evaluar si el conjunto de ZEPA cubre adecuadamente la biodiversidad ornitológica de los estados miembros y garantiza su conservación.

Según ha defendido el delegado de SEO/BirdLife, “las Directivas europeas de Aves y Hábitats obligan a los estados miembros a determinar los valores significativos objeto de ambas directivas, que constituyen las reservas de biodiversidad más valiosas del continente, y les emplaza a tomar las medidas necesarias para garantizar su conservación, entre las que estará la declaración de los espacios de Red Natura propuestos y aceptados por la Comisión Europea. Por ello, entre 2005 y 2006 prácticamente todas las ZEPA de Extremadura habían sido ya comunicadas a la Comisión Europea a través del Estado, mediante documentos oficiales conocidos como formularios estandarizados y de obligada cumplimentación, donde se justificaban las candidaturas a espacios de Red Natura, listando las poblaciones de especies y hábitats en base a los cuales se proponían los espacios”. Por tanto, SEO/BirdLife, ha recordado a los parlamentarios que todas ellas fueron aceptadas por la Comisión Europea y fue una suerte para Extremadura, ya que por entonces, junto con otras comunidades autónomas del Estado Español, afrontaba un proceso en el Tribunal de Estrasburgo por insuficiente declaración de Red Natura, que podía incluso comprometer la recepción de fondos europeos como los FEDER y FEADER básicos para la PAC y el desarrollo rural.

ZEPAS publicadas por la Junta de Extremadura

Marcelino Cardalliguet ha recordado cómo estas 55 ZEPA extremeñas y todas las demás, una vez aceptadas por la Comisión, dejaron atrás esa sombra de incumplimiento grave y escandaloso de las directivas europeas. Sus fichas oficiales y planos fueron publicados en la página web de la Junta de Extremadura y desde entonces, cientos de actos administrativos avalaron su plena vigencia.

En este sentido, hubo, por tanto, actos administrativos oficiales conforme al marco jurídico vigente en ese momento: el Real Decreto 1997/1995. Su artículo 3 establecía que “se incluirán las zonas especiales de protección para las aves declaradas, en su caso, por las comunidades autónomas correspondientes, en virtud de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE”, conocida como Directiva de Aves.

Sisón común ©Tatavasco Images

SEO/BirdLife, recuerda asimismo que la Junta de Extremadura recurrió a una fórmula habitual en ese momento, perfectamente amparada por la normativa y reconocida por el Gobierno de España, la Comisión Europea y, por supuesto, por los Gobiernos autonómicos, incluido el Ejecutivo extremeño.

Además, a esos actos administrativos les siguieron muchos más. Todos los promotores de proyectos o los solicitantes de autorizaciones varias eran informados de la presencia de las ZEPA (cuya información cartográfica tenían disponible en las webs de la comunidad autónoma y del Estado) y, por lo demás, eran reiteradamente mencionadas en los procesos de evaluación ambiental ya reglados por Ley, en las decisiones de los promotores en sus estudios de impacto ambiental y en las decisiones de la Administración competente, tanto de la comunidad autónoma, como del Estado, y sus resoluciones publicadas tanto en el boletín oficial autonómico como en el BOE.

Tampoco hay que olvidar los millones de euros en ayudas a agricultores y ganaderos que han sido distribuidos desde entonces prioritariamente a titulares de explotaciones agrarias por estar incluidos en esas ZEPA.

“De hecho­ – ha recordado Marcelino Cardalliaguet­– entre 2009 y 2015 se han publicado en el DOE distintos planes de gestión de estas ZEPA, de todas ellas, detallando sus límites y estableciendo (con cierto retraso) la planificación de actividades y directrices de gestión, que suponían el desarrollo reglamentario de lo establecido en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y un año antes en la Ley 9/2006 de Protección de la Naturaleza de Extremadura, ambas las primeras en nuestro ordenamiento que incluyen la Red Natura 2000 y el proceso para la aprobación de nuevos espacios y su gestión. Y esto es lo que se fue haciendo, aprobando planes de gestión hasta 2015”.

“Por tanto, las ZEPA estaban en vigor y su presencia, límites y características eran conocidas por los ciudadanos, accesibles en los sistemas de información pública de la Administración con todo detalle, conocidas por los sindicatos profesionales agrarios, los ayuntamientos, diputaciones, ONG y público en general. Se solicitaban ayudas con base en ellas, se obtenían proyectos europeos de conservación LIFE o se aplicaban ayudas con baremos de puntuación basados en ellas y también se sancionaban infracciones contra los valores naturales que albergan. Nada de esto sería posible en España sin un acto administrativo de declaración oficial”, ha defendido el representante de SEO/BirdLife.

Nido rodeado de dehesas en la provinia de Cáceres ©Francisco Eduardo Martín Cano/SINC

Es más, si las ZEPA no estuviesen declaradas en Extremadura, la región no hubiera podido recibir cuantiosos fondos económicos provenientes de la Unión Europea “¿Quién le explicaría a la Unión Europea que en Extremadura nos hemos gastado unos fondos que no nos correspondían? ¿Cómo los devolveríamos? ¿Quién se haría responsable directamente por haber engañado a las autoridades comunitarias? Por suerte, nada de esto debe ocurrir ya que la realidad es que, tanto para la Comisión Europea, como para el Gobierno de España y el Gobierno de Extremadura, como para los tribunales y, lo que es más importante para todos los extremeños, las ZEPA han sido y son una realidad de nuestra región”, ha declarado Cardalliaguet.

Por tanto, esta propuesta de Ley en realidad no es necesaria, porque las ZEPA están en vigor y se declararon en tiempo y forma . Más de la mitad del texto de la propuesta carga contra esta realidad cotidiana sustentada por cientos de actos administrativos que, en caso de aprobarse esta proposición, abriría la puerta a infinidad de demandas hacia la Junta de Extremadura, e incluso de denuncias por posibles prevaricaciones y malversación de fondos públicos, sin contar con el incumplimiento escandaloso durante décadas de las directivas europeas y del marco de protección ambiental de la UE, con consecuencias sobre la relación y la reputación del gobierno extremeño ante la Comisión Europea difíciles de prever.

Por todo ello, SEO/BirdLife conmina a la Junta de Extremadura a que retire esta proposición de Ley y aclara que si obedece a la buena voluntad de beneficiar a los extremeños, se volverá en contra de los ciudadanos y tendrá terribles consecuencias sobre las arcas públicas de esta región.

El ejemplo de Valdecañas

En todo caso, el urbanismo no es fácilmente compatible con los espacios donde se necesita conservar la biodiversidad. El ejemplo de Valdecañas es muy bueno para ver esto. Es una ZEPA de la Red Natura 2000 por motivos científicos consolidados: una de las zonas de reproducción de aves acuáticas más importantes de Extremadura. En esta región es muy raro que existan grandes poblaciones reproductoras (en primavera y verano) de aves acuáticas. En este contexto, Valdecañas era el único punto de cría regular en Extremadura de al menos tres especies de aves: tarro blanco, charrán común y gaviota patiamarilla. Además, albergaba la mayor colonia conocida de otra especie muy escasa, el chorlitejo patinegro y también grandes colonias de pagaza piconegra, canastera común y charrancito común entre otras aves. Todas son aves que nidifican en orillas arenosas, más propias de la costa, pero que aparecen también en grandes masas de agua interiores, sobre todo con islas arenosas. Quizá por eso son tan sensibles a las molestias, sobre todo el acceso de veraneantes con embarcaciones, perros, vehículos por las orillas cuando las islas quedan conectadas, etc. Al final, apenas quedan ya algunas parejas reproductoras de todo lo que había antes de la urbanización de la Isla de Valdecañas. Además, en invierno la ZEPA de Valdecañas era un refugio migratorio de primer orden en Extremadura, no solo por las famosas grullas, sino sobre todo por las decenas de otras especies migratorias que pasaban allí el invierno y que desde 2006-2007 se han reducido notablemente.

Embalse de Valdecañas, con las urbanizaciones en la isla central. Autor: Wikicommons

“Cuando se dice hasta la saciedad que la urbanización de Valdecañas ha mejorado el medio ambiente de la ZEPA ya que ocupa una zona que era un vertedero, se ocultan los hechos verificados sobre la disminución generalizada y notable de todas estas poblaciones de aves en la ZEPA desde 2007-2008 y que efectivamente esta urbanización y los miles de personas que se desperdigan por sus inmediaciones, han afectado notablemente a los valores naturales que existían previamente y que el Gobierno extremeño tiene la obligación de conservar”, ha declarado Cardalliaguet.

Pero esto no quiere decir que no se puedan construir urbanizaciones de lujo en Extremadura, o cualquier otro proyecto urbanístico. Todo el territorio protegido en Extremadura, ya sea por Red Natura 2000 o por otras figuras de protección, ocupa solo el 30,6% de la región, un porcentaje muy inferior al de muchas otras comunidades autónomas que, teniendo una parte mayor de su superficie protegida, no tienen esos problemas de desarrollo, como Cataluña con el 37,34% de su territorio bajo protección ambiental, Valencia con el 39,27%, islas Baleares con el 35,34% o Madrid con un 41,24% de su territorio protegido (datos del Informe sobre el Estado del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España. 2013).

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