Las electrocuciones y colisiones en tendidos eléctricos constituyen una de las principales causas de mortalidad de especies de aves, muchas de ellas protegidas 

Confiamos en que, este mismo año, el Gobierno publique un nuevo Real Decreto que deje claro que las empresas eléctricas deben asumir los costes de corregir los tendidos eléctricos peligroso, sin repercutir el coste al ciudadano a través del precio de la electricidad o con cargo al sistema 

Las electrocuciones y colisiones en tendidos eléctricos constituyen una de las principales causas de mortalidad de la avifauna en España. Se trata de un problema de fácil solución, ya que existe la tecnología para corregir las líneas. Sin embargo, esta corrección no está desarrollándose al ritmo adecuado. En la provincia de Tarragona, entre 2021 y 2020, se registraron al menos 839 muertes de aves por esta causa, incluyendo especies protegidas como el águila perdicera, el buitre leonado o la cigüeña blanca. Las empresas propietarias de los puntos, por lo general, se niegan a realizar correcciones si no son financiadas con dinero público. Esta situación, a juicio de SEO/BirdLife, ni es justa –las empresas pueden y deben sufragar este coste sin repercutirlo en la ciudadanía–, ni respeta el marco normativo vigente. 

Es por ello que hemos recurrido la decisión del juzgado de instrucción nº 3 de Tarragona, en el marco del procedimiento en el que está personada, que ha decidido suspender el proceso judicial contra E-distribución Redes Digitales, la antigua Endesa. En su auto, el juez considera que la empresa no es responsable de corregir los tendidos porque no hay financiación pública para hacerlo, ciñéndose a lo establecido Real Decreto 1432/2008 que, efectivamente, señala que el Gobierno deberá habilitar los presupuestos necesarios para cumplir con el objetivo de la norma: proteger la avifauna contra la electrocución y colisión en líneas eléctricas de alta tensión.  

Este auto obvia normas de rango superior al mencionado Real Decreto y que dejan claro que, cuando existen pruebas suficientes sobre la peligrosidad de los tendidos, las empresas son responsables de subsanar el peligro. Es lo que ocurre en Tarragona, donde el Cos d’Agents Rurals ha reportado hasta 839 electrocuciones de aves, muchas de ellas protegidas por las normas de la Unión Europea o convenios internacionales. Es lo que se desprende de la Ley de Responsabilidad Ambiental, La Ley del Sector Energético y la Ley de Industria, todas ellas de rango superior al Real Decreto 1432/2008. Y es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo en una reciente sentencia, donde establece que la responsabilidad de prevenir y corregir el daño es independiente de que exista o no financiación.–  

Sólo entre 2019 y 2020, se detectaron en Tarragona 198 aves electrocutadas, de las cuales 183 (el 92%) eran especies protegidas: tres águilas perdiceras, 35 busardos ratoneros, 13 cernícalos vulgares, seis culebreras europeas, 28 azores comunes, dos cernícalos vulgares, 26 búhos reales, dos halcones peregrinos, 25 buitres leonados y 34 cigüeñas blancas. 

Una reforma del Real Decreto 

Además de solicitar que se cumpla la normativa y lo dictaminado por el Supremo, venimos reclamando, desde hace años, junto a la plataforma SOS Tendidos, una mejora en el Real Decreto 1432/2008, que no ha logrado poner solución a esta importante amenaza para la biodiversidad española. Entre otras cuestiones, es fundamental que esta norma se alinee con el resto del ordenamiento jurídico y deje claro que las compañías eléctricas, que se benefician económicamente de la explotación de las líneas, deben sufragar la corrección de tendidos eléctricos con fondos propios, sin repercutir el coste a la ciudadanía vía precio o con cargo al sistema eléctrico.  

Es igualmente importante que el nuevo Real Decreto identifique todos los puntos peligrosos y no solo aquellos ubicados en zonas críticas, como ocurre en este momento. Además, la autorización de nuevos tendidos eléctricos deben tener en cuenta el riesgo de electrocución y colisión, incluyendo las medidas correctoras necesarias. 

Confiamos en que este nuevo Real Decreto se apruebe, en estos términos, antes de que acabe 2022, tal como establece el borrador del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030, garantizando así la seguridad jurídica y la protección de la biodiversidad en España.  

Según David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, “una modificación que aclare la responsabilidad de las empresas a la hora de acometer las correcciones, evitando que estas dependan de la disponibilidad de dinero público, puede ser un paso definitivo para evitar que esta causa de mortalidad de la avifauna, una de las principales amenazas en España, siga matando a miles de aves protegidas cada año en nuestro país”. 

Firma para acabar con la electrocución de aves en los tendidos eléctricos. 

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