El pasado 23 de junio se hallaron en Monterrubio de Armuña (Salamanca) 54 buitres leonados, un buitre y un milano negros muertos y otros 41 ejemplares aún vivos (38 buitres leonados y 3 buitres negros).
Todos ellos envenenados con carbofurano, una sustancia prohibida en España desde 2007.
En el marco del LIFE Guardianes de la Naturaleza, alertamos a través de un spot del daño que produce el envenenamiento de fauna, y de que el impacto sobre la biodiversidad afecta a su vez al ser humano.
Entre 1992 y 2017, se ha confirmado la muerte por consumo de cebos envenenados de 21.260 animales, pudiendo llegar la cifra real a más de 200.000, en un total de 9.700 delitos contra la fauna. Las administraciones públicas no pueden bajar la guardia ante esta amenaza para la biodiversidad.
Ayer, 29 de junio, se confirmó la sospecha del que podría ser el segundo episodio más grave de envenenamiento registrado en España en los últimos 25 años que afectó a cerca de 100 buitres ha podido tratarse de un presunto envenenamiento ilegal. Los análisis del Servicio de Toxicología y Veterinaria Forense de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia determinan que los animales analizados murieron por una intoxicación aguda provocada por el insecticida carbamato carbofurano.
Aunque habrá que esperar a la conclusión de las investigaciones en curso, SEO/BirdLife lamenta estos hechos que afectan gravemente a la conservación de especies amenazadas como el buitre negro y otras especies protegidas como el buitre leonado. Desde la ONG se hará un seguimiento del caso y, en caso de que se abriera un proceso penal por estos hechos, se personará para ejercer la acusación popular para que casos como este no queden impunes.
El carbofurano es la segunda sustancia más utilizada para envenenar
El carbofurano, una sustancia de más de un siglo de antigüedad, se ha usado como fitosanitario para el control de insectos, ácaros y nemátodos de una gran variedad de cultivos, especialmente maíz, trigo, arroz, soja, patata, girasol, frutas (melón, uvas) y hortalizas, entre muchos otros. El carbofurano es una sustancia que fue prohibida en la UE por una Decisión de la Comisión de 13 de junio de 2007, mediante la que decidió cancelar las autorizaciones de los productos que contienen carbofurano debido a los efectos provocados en la salud humana y el medio ambiente. En diciembre de 2008 se cumplió el plazo para la retirada total del mercado de los productos a base de este agrotóxico. Durante el proceso de evaluación a que fue sometido el carbofurano se determinó que su uso supone un riesgo para las aves, mamíferos, organismos acuáticos, abejas, artrópodos no diana, lombrices de tierra y organismos no diana del suelo. Por tanto, la Comisión decidió no incluir el carbofurano en el listado de sustancias permitidas para su uso y comercialización como fitosanitarios y demandó a los Estados miembro que los productos a base de este plaguicida se retirasen del mercado y no se conceda ni se renueve ninguna autorización de productos fitosanitarios que contengan carbofurano.
Transcurridos 14 años desde su prohibición, el carbofurano sigue causando la muerte de ejemplares de fauna protegida. Según el informe “El Veneno en España”, en España entre 1992 y 2017, se ha confirmado la muerte por consumo de cebos envenenados con pesticidas de 21.260 animales, en un total de 9.700 episodios de envenenamiento. Estos datos constituyen únicamente la punta del iceberg de este problema, siendo la dimensión real del mismo mucho mayor ya que sólo se detecta una pequeña parte de los casos totales, pudiendo estimar en unos 200.000 los animales realmente eliminados. De todos esos episodios de veneno, el carbofurano se utilizó en el 24% de los casos detectados, seguido por la estricnina (5%), prohibida desde 1994, y encabezado por el aldicarb, con el que se envenena en el 40% de las ocasiones.
Según David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife: “Las administraciones públicas no pueden bajar la guardia frente al uso de veneno y la gestión de pesticidas obsoletos que aún siguen usándose ilegalmente ya que, como demuestra el caso registrado en Salamanca, un solo episodio puede tener un impacto severo en la conservación de especies protegidas”. Y añade, “es necesario establecer sistemas de retirada de los fitosanitarios obsoletos, la aprobación de planes de acción específicos en las CCAA que aún no cuentan con ellos (Asturias, Illes Balears, La Rioja, Murcia y Euskadi); continuar con la formación en la investigación de este delito de agentes de la autoridad; mejorar la detección de casos mediante la creación de unidades caninas y consolidación de las existentes; reforzar el importante papel de los Centros de Recuperación de fauna para realizar los análisis correspondientes y garantizar la realización de análisis toxicológicos.”
Un spot que muestra cómo afectan delitos ambientales como el envenenamiento
Para sensibilizar sobre el grave impacto que generan los delitos como el envenenamiento de fauna, la contaminación, o los vertidos ilegales, SEO/BirdLife en el marco del LIFE Guardianes de la Naturaleza, lanza un spot en el que señala que los delitos contra el medio ambiente afectan a toda la sociedad y generan un daño en el entorno, la salud y la propia supervivencia del ser humano. El spot forma parte de la campaña que SEO/BirdLife mantiene sobre el valor del artículo 45 de la Constitución Española por el que la ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de proteger el medio ambiente.
Esta campaña se presentó con el cuadro Creación del artículo 45 de la Constitución Española, que se expone de manera permanente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Para Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, “Todas las personas somos guardianas de la naturaleza y tenemos que mostrar tolerancia cero frente aquellas agresiones que ponen en riesgo la Naturaleza y nuestra propia salud. Todos debemos ser garantes de nuestra Constitución, del derecho que nos otorga a disfrutar del medio ambiente y de nuestro deber de conservarlo”.
El proyecto Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, coordinado por SEO/BirdLife, tiene como objetivo principal la mejora de la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra el medio ambiente, especialmente aquellos cometidos contra la fauna silvestre en España y en Portugal. Financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, cuenta como socios beneficiarios al Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la Junta de Andalucía y la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).
