SEO/BirdLife celebra que el TSJ de Castilla y León reconoce que la comunidad autónoma puede proteger la avifauna en todo su territorio contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
El fallo se emite ante un recurso de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes que cuestionaba la competencia de la Junta de Castilla y León para extender las zonas de protección de avifauna frente a la colisión y electrocución a todo el territorio de la CCAA. El TSJ reconoce así la competencia de la autonomía a proteger la biodiversidad de su territorio y la posición de SEO/BirdLife, que se personó en el procedimiento Contencioso-Administrativo con LIFE Guardianes de la Naturaleza.
La sentencia del TSJ de Castilla y León de 27 de octubre de 2022 ha resuelto un recurso de la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU contra la Orden FYM/79/2020, de 14 de enero, por la que se delimitan las zonas de protección para avifauna. Según la sentencia, serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la electrocución de las aves en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión en toda la autonomía. De esta manera el TSJ de Castilla y León reconoce el trabajo de SEO/BirdLife, que se personó como codemandada, para defender la iniciativa del Gobierno autonómico de extender la protección existente a todo su territorio.
Aunque la sentencia estima parcialmente el recurso, anulando por cuestiones de procedimiento la Orden recurrida, da la razón a SEO/BirdLife al entender que la ampliación de la protección a todo el territorio de la comunidad autónoma no es contrario al espíritu de la normativa nacional sobre protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas (contenida en el Real Decreto 1432/2008), como defendía la empresa del grupo Iberdrola, declarando que «la Autoridad Ambiental regional, en el ejercicio de sus competencias, ha considerado que existen motivos por los que en todo el territorio de la Comunidad Autónoma se deben aplicar las medidas de protección previstas en el Real Decreto estatal». Por ello, el TSJ afirma que la forma correcta de llevar a cabo esta regulación debería ser un reglamento, y a pesar de que la orden recurrida se sometió a información pública mediante su publicación en el BOCYL, «en todo caso faltarían tramites esenciales como la consulta pública previa a la redacción del proyecto, la memoria e informe de los servicios jurídicos y órganos consultivos precisos». Cuestiones de forma, no de fondo, que conllevan su anulación. También el TSJ rechaza la pretensión de la empresa de ser indemnizada por los daños y perjuicios que le pueda haber ocasionado la publicación de la orden.
Águila real en vuelo. SEO/BirdLife
SEO/BirdLife, que defendió la pertinencia de que la protección establecida en la normativa estatal alcance a todo el territorio de Castilla y León, entiende que la sentencia es positiva al reconocer la competencia de la comunidad autónoma para ampliar las áreas protegidas no solo a los espacios naturales, sino a todo el territorio dada la presencia generalizada y significativa de especies vulnerables a esta amenaza. Por ello, solicita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a que inicie la tramitación urgente de una nueva Orden con todos los trámites que exige un reglamento, no como mero acto administrativo.
Este proceso judicial en Castilla y León y su resolución pone de manifiesto además la compleja situación existente derivada de las debilidades de un Real Decreto que ha quedado ampliamente obsoleto, dificultando la aplicación de medidas preventivas y correctivas en todo el territorio estatal. No en vano, se ha llegado a la judicialización de esta cuestión en otras comunidades autónomas, y se da un continuo conflicto de interpretación entre el Real Decreto y la Ley de Responsabilidad Ambiental, entre otras normativas ambientales, además de una falta de actualización de las prescripciones técnicas legalmente vigentes. Por ello, SEO/BirdLife aprovecha esta ocasión para volver a reclamar la urgente modificación del Real Decreto 1432/2008, algo que viene anunciando largamente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico MITECO pero sobre lo que se ha mostrado ningún avance.
Guardianes de la Naturaleza
La personación en este procedimiento se ha realizado en el marco del proyecto LIFE, Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Este proyecto pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.
Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección general de la Guardia Civil (Seprona), como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).
