Se ha avanzado en el intercambio entre administraciones públicas de experiencias y de herramientas legales y técnicas disponibles para la mejor aplicación de la normativa penal y administrativa frente a los delitos e infracciones cometidas contra la fauna y sus hábitats
En colaboración con la Junta de Andalucía, ha impartido un curso online dirigido a funcionarios públicos instructores de expedientes administrativos, servicios legales y técnicos responsables de las áreas de vida silvestre, agricultura y ganadería y agentes de medio ambiente y forestales de todas las administraciones autonómicas y estatal.
El curso, desarrollado en el marco del LIFE Guardianes de la Naturaleza está disponible en el canal de YouTube de SEO/BirdLife.
SEO/BirdLife y la Junta de Andalucía han convocado a funcionarios públicos de las 17 comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, a un nuevo curso de formación frente a las agresiones contra la biodiversidad organizado en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza. El curso se ha impartido de forma telemática a cerca de 200 instructores de expedientes administrativos, asesores legales y técnicos responsables de las áreas de vida silvestre, agricultura y ganadería y agentes de medio ambiente y forestales.
Materias dirigidas a conservar la Naturaleza
Menos del 5% de los delitos contra la fauna son esclarecidos, frente al 95% de los homicidios o el 75% de los incendios forestales. El aumento del esclarecimiento de ese tipo de delitos ambientales y la reducción de la impunidad con la que cuentan es una herramienta de conservación al servicio de las administraciones para prevenir la pérdida de biodiversidad.
Asimismo, la elaboración de informes técnicos y periciales en relación a agresiones contra la biodiversidad es esencial para dimensionar el daño ambiental y generar una base probatoria sólida en los procedimientos administrativos o penales que se sustancien. Las diferentes posibilidades de acción legal de las administraciones frente a las infracciones administrativas por daños a la vida silvestre, que son complementarias de las acciones que se emprendan por jueces y fiscales, son también fundamentales para avabar con los delitos ambientales.
Las experiencias compartidas sobre las diferentes acciones que las administraciones tienen frente a la electrocución de avifauna, desde las que ofrece la Ley de Responsabilidad Ambiental, pasando por las de las legislaciones específicas de conservación del patrimonio natural o las propias del sector eléctrico, son muy útiles de cara a mejorar la resolución de casos de este tipo de delito.
“Los técnicos de las administraciones públicas son los encargados de recibir, informar y tramitar las denuncias efectuadas por los ciudadanos y los agentes de la autoridad, siendo en la mayoría de los casos los funcionarios que tramitan los expedientes administrativos o de enviar las actuaciones a las fiscalías o tribunales para ser juzgados en la vía penal cuando se trata de la comisión de un delito”, afirma David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife y coordinador del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza.
“Su papel y su adecuada capacitación es importante para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, a lo queremos contribuir con estos cursos. La gran acogida que ha tenido este curso muestra la necesidad de formación que tienen las administraciones públicas encargadas de la defensa del medio ambiente. La especialización de los profesionales encargados de garantizar el cumplimiento ambiental es clave para esclarecer y limitar las incidencias de la criminalidad y las infracciones ambientales”, añade De la Bodega.
Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa Life de la Unión Europea, pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.
Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Dirección General de la Guardia Civil, como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).
