La propuesta normativa que se presentó en consulta pública carecía de los estándares mínimos para salvaguardar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad agraria, al no contar con objetivos ambiciosos de reducción.
En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada este lunes, ocho comunidades autónomas bloquearon la aprobación del nuevo Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de Fitosanitarios (PAN) propuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Las organizaciones WWF España, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción aplaudimos la retirada del texto por su ineficacia para afrontar la urgencia ambiental y de salud pública, y exigen rehacerlo.
Las Consejerías que tumbaron el texto alegaron un exceso de ambición ambiental y falta de un estudio «serio» del impacto que su aplicación tendría en el sector agrícola. Pero la sostenibilidad agraria, la soberanía alimentaria y la salud requieren justo lo contrario. El nuevo borrador debe incluir metas más contundentes para reducir de manera eficaz y realista el uso de plaguicidas en un 50 % de aquí a 2030, tal como proponen las estrategias europeas «De la Granja a la Mesa» y de Biodiversidad.
Aunque las Consejerías alegan que España alcanzará pronto estos objetivos europeos de reducir el 50 % el uso de plaguicidas, no tienen en cuenta que no todos los plaguicidas realmente empleados se contabilizan, por estar sujetos a secreto estadístico. Tampoco, se considera el efecto cocktail derivado del empleo combinado de varios agroquímicos, tal y como muestra el informe “Mochila tóxica”, elaborado por Ecologistas en Acción. Las organizaciones ambientales afean la posición de las CCAA por simplista y maniquea pues hasta ahora la supuesta reducción lograda en el empleo de pesticidas es sólo una reducción sobre el papel.
Más ambición basada en la evidencia
La propuesta legislativa tiene que partir de la alarmante situación que hay en España. El reciente Informe de Calidad de las Aguas (2010-2023) del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) revela que el 30 % de las estaciones de control superan los límites legales de plaguicidas en aguas superficiales. Y tener en cuenta la cantidad de estudios científicos que vinculan estos productos de síntesis con enfermedades como cáncer, diabetes y trastornos neurológicos. Además, debe incorporar las advertencias de instituciones internacionales como la FAO, que relacionan la producción de 8 de cada 10 cultivos con polinizadores que están amenazados por la intensificación en el uso de agrotóxicos.
Las cinco entidades ambientales consideramos que el nuevo PAN debe tener entre sus prioridades prohibir los plaguicidas más peligrosos de manera inmediata e impulsar zonas libres de compuestos químicos de síntesis en espacios sensibles (por ejemplo colegios, hospitales…). También, tiene que establecer sistemas públicos de asesoramiento a agricultores para apoyar la transición. Además, es necesario que impida los usos no agrícolas del glifosato, en calidad de herbicida potencialmente cancerígenos según la OMS. Y en todo caso, tiene que pasar la Evaluación Ambiental Estratégica para estar a la altura de los retos ambientales y en salud mencionados.
Las ONG pedimos al MAPA altura de miras y evitar posicionamientos meramente partidistas. Estos sólo perjudican la protección de las personas agricultoras y temporeras, y amenazan los servicios ambientales de los que depende la producción de alimentos. Solicitan, además, no solo al MAPA, sino también al MITECO y al Ministerio de Sanidad un ambicioso Plan conjunto sobre plaguicidas que proteja el medio ambiente, la salud global y garantice la soberanía alimentaria. Y, cuanto antes, mejor.
