La realidad de los últimos meses nos obliga a pensar en política, en democracia y en gobernanza mundial. Por Asunción Ruiz
Hoy las políticas ambientales pueden ser el mejor termómetro democrático. La inestabilidad política es una anécdota frente a la inestabilidad climática y la crisis ecológica. Y la gobernabilidad de un país no puede obviar la situación ambiental mundial. Ya vivimos en la globalización económica, pero necesitamos una globalización democrática y de sus instituciones, o se acelerará la injusticia y el sufrimiento de todos los seres vivos, y el nuestro en particular.
Hoy, 21 de enero de 2020, el Consejo de ministros del flamante gobierno de la XXIV legislatura de la democracia española acaba de declarar la “emergencia climática”. El primer paso para atender el gran desafío del siglo XXI es reconocerlo.
En España por primera vez contamos con una Vicepresidencia del Gobierno dedicada a la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No podemos sino felicitarnos, y felicitar a la ministra y vicepresidenta. Y animarnos a nosotros mismos y a la Sra. Ribera, porque nos espera una descomunal tarea.
Afortunadamente, los problemas de justicia ambiental están situándose, al fin, en el centro del debate y en la voz de la calle. La manifestación por el clima fue histórica. Las organizaciones de defensa ambiental, como SEO/BirdLife, hemos cumplido con creces nuestra función de avisadores. Nuestro mensaje ya ha calado. Ahora, las palabras deberían dejar paso a los hechos. A partir de ahora nuestro papel debe ser el de acompañar, informar, exigir y aplicar nuevas políticas. Como demócratas no deberíamos conformarnos con votar muchas veces, debemos vigilar mucho más a quienes nos gobiernan.
«Es esencial una participación pública real y cuidada». ©Andrii Yalanskyi/Shutterstock
Democracia y sostenibilidad son dos valores que nadie se atreve a poner en cuestión. Sin embargo, tanto la crisis ecológica como la crisis de legitimación democrática son galopantes. Se suponía que la democracia era una garantía para poder cambiar de rumbo. Y es evidente que el cambio de rumbo que el planeta y la sociedad necesitan no está teniendo lugar ni a la velocidad ni con la profundidad requerida. Nuestras herramientas de gobierno fueron pensadas para problemas de otra dimensión. Y se nos han quedado pequeñas ante la desmesura de los problemas ambientales que afrontamos en este momento. La lógica electoral implica que quienes son elegidos por un periodo breve han de resolver problemas que se mueven en otra escala de tiempo.
En el plano internacional la justicia ambiental es la pieza que nos falta incorporar a los sistemas de gobernanza para cumplir la Agenda 2030, un exitoso conjunto de principios para el progreso y la justicia, consensuados por cerca de trescientos estados de la tierra.
Necesitamos parlamentos donde los ecosistemas tengan la palabra, porque defienden nuestras necesidades. Un tribunal internacional sobre temas ambientales, que pueda equilibrar y ajustar el precio de la emergencia climática, y el pago de su factura. Una Cruz Verde internacional con recursos para atender emergencias ambientales y a sus víctimas (incendios, inundaciones, guerras por recursos naturales…). Un estatuto internacional que reconozca a los refugiados ambientales y que ampare a los millones de seres humanos que vagan por el mundo expulsados de sus hogares por la sobreexplotación o desaparición de sus territorios de sustento.
«Necesitamos parlamentos donde los ecosistemas tengan la palabra,
un tribunal internacional que ajuste el precio de la emergencia climática
y un estatuto que reconozca a los refugiados ambientales»
En el plano nacional, la nueva vicepresidencia debe aplicar el principio de integración ambiental a la totalidad de la acción del gobierno, colocando los ecosistemas marinos y terrestres en la base de cada decisión, para empezar a rentabilizar el inmenso patrimonio español en biodiversidad. Sin olvidar una participación pública real y cuidada, que aplique tiempo y recursos para atender y equilibrar las demandas de los distintos sectores sociales y económicos. Tratar a la población rural de un modo diferente y realista, atendiendo a los innumerables brotes verdes de emprendedoras rurales que se secan por falta de cuidados en sus primeras etapas. Empujar y ayudar a las empresas a pasar de las palabras a los hechos masivamente y no de forma testimonial. Acercar a los sectores sociales y económicos para lograr acuerdos. Entre todos debemos modificar la idea de progreso, riqueza y bienestar que la mayoría de las personas tenemos metida en la cabeza.
Los cambios no serán fáciles. Las medidas a adoptar serán de calado. No agradarán por igual y deben ser justas. Reformas fiscales. Impulso real a nuevos modelos de producción y consumo. Vamos a tener que aprender a vivir con menos materiales y energía, pero con más calidad de vida de otra forma entendida.
Hoy, 21 de enero de 2020, en España la borrasca Gloria ha engullido buena parte de nuestro litoral, ha arruinado a buena parte de las economías locales a su paso (agricultores, hosteleros, pescadores…) y se ha cobrado vidas humanas. Australia y la Amazonía arden.
Pajareras y pajareros. No solo necesitamos gobiernos democráticos estables. Necesitamos bloquear las políticas insostenibles que expolian nuestro bienestar y despluman nuestros derechos -gobierne quien gobierne y pacte quien pacte-. La urgencia democrática es atender con diligencia la emergencia ecológica y climática.
Toca impulsar una transición que integre democracia y sostenibilidad: ecocracia. ¿Nos declaramos ecócratas?
Editorial de Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife,
publicado en el nº 30 de Aves y naturaleza
