Tras el acuerdo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat para ampliar el aeropuerto de El Prat, junto con  la Lliga per la defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) reiteramos el rechazo absoluto por ser ilegal, contravenir la normativa comunitaria y prevalecer los intereses urbanísticos frente a los ambientales y los sociales`

Lamentamos que ambos Gobiernos incidan en una apuesta caduca por el ladrillo, en lugar de diseñar soluciones innovadoras que contribuyan a configurar modelo de transporte y de turismo de futuro, respetuoso con la biodiversidad, el clima y las comunidades locales.

Junto con  la Lliga per la defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) manifestamos una gran preocupación por el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya para impulsar la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas, ubicado en la localidad de El Prat de Llobregat.

Destacamos la exclusión en las decisiones del resto de actores implicados, especialmente los municipales y a la sociedad civil, para dar luz verde a un proyecto que, a su juicio no es viable legalmente, debido al impacto ambiental que provocaría, afectando a un espacio protegido de la Red Natura 2000 y fundamental para la conservación de la avifauna, como es el estanque de la Ricarda.

Este argumento de peso que conllevaría a contravenir la Directiva de Aves, así como la de Hábitats, por la que se garantiza la protección de los valores naturales más importantes de la Unión Europea, se sumaría además a un procedimiento de infracción existente que la Comisión Europea ha iniciado por la mala conservación del Delta de Llobregat. De hecho, las autoridades españolas y catalanas han tenido que responder, recientemente, a una carta de emplazamiento en la que, en la actualidad, la Comisión Europea está evaluando las respuestas del Estado y de la Generalitat. Además, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha mandado una carta a las autoridades advirtiendo de que, antes de que salga adelante la ampliación, se han de abordar las deficiencias.

 Imposible respetar las directivas ambientales

En este sentido, SEO/BirdLife y DEPANA instamos a ambos ejecutivos a abandonar eslóganes para calificar el proyecto de ampliación como sostenible o verdes. A su juicio, es absolutamente imposible que se respeten las Directivas de la Naturaleza de la UE si se ocupan espacios de alto valor ecológico con una infraestructura que por el mero hecho de funcionar generaría, además del impacto en el hábitat y en las especies que alberga, emisiones causantes del cambio climático, contaminación atmosférica y acústica.

Asimismo, señalamos que el argumento de que se puede ocupar terreno incluido en la Red Natura 2000 por razones de interés público de primer orden, no es de aplicación en este caso ya que las Directivas solo lo permiten en ausencia de alternativas viables y en este caso, tanto Cataluña como otras regiones limítrofes, cuentan con infraestructuras aeroportuarias cercanas en el que se podría ubicar el mencionado hub que se quiere realizar en El Prat.

Un proyecto en contra de la emergencia climática

Por otro lado, destacamos que en un contexto de emergencia climática como el que nos encontramos, en pleno debate sobre la necesidad de sustituir los vuelos domésticos por alternativas más sostenibles, ampliar aeropuertos para convertirlos en infraestructuras de grandes dimensiones no es el modelo de sostenibilidad que plantea la legislación sobre cambio climático catalana y española, ni facilita un modelo de turismo y de transporte de futuro. Apostar por ampliar aeropuertos es invertir en un callejón sin salida en vez de utilizar los fondos para un proyecto de futuro para Cataluña y para España.

Además, ponemos en cuestión la viabilidad de la financiación del proyecto, cifrada en 1.700 millones de euros, si se pretende emplear cuantías adscritas a los fondos comunitarios Next Generation EU, que España articulará en torno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos fondos incluyen el principio de “no causar daño significativo ambiental” que, en opinión de ambas entidades, no se cumple en el caso de la ampliación.

Por ello, junto a DEPANA, instamos al Gobierno y al Govern de la Generalitat a abandonar este proyecto y recetas del pasado, basadas en el ladrillo, que han dejado claro que son una mala inversión en el medio y largo plazo; y a apostar por soluciones innovadoras, como es la conectividad con otros aeropuertos y, muy especialmente, el impulso a un modelo de transporte más sostenible, poniendo en el centro el tren y otras opciones de movilidad compartida.

“Apostar por una ampliación aeroportuaria que supone, de facto, la destrucción de una de las zonas de mayor valor ecológico de Delta del Llobregat es seguir apostando por el ladrillo, por un modelo económico, turístico y de transportes caduco y que deja sin futuro a las próximas generaciones”, apunta Cristina Sánchez, delegada de SEO/BirdLife en Cataluña.

“Este tipo de proyectos no tienen cabida si realmente queremos abordar la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, apostando por un modelo de prosperidad nuevo y acorde con los límites del planeta”, señala José García vicepresidente, de DEPANA.

 

Hace unos días, SEO/BirdLife y DEPANA se unieron a más de un centenar de organizaciones sociales, vecinales y ecologistas para reclamar al Gobierno de España que paralice los proyectos de ampliación de los aeropuertos de El Prat y Adolfo Suárez, en Barajas (Madrid).

Ambas iniciativas constituyen dos ejemplos claros de una política de transporte centrada casi exclusivamente en la construcción de grandes infraestructuras en favor de los medios más contaminantes, como el avión. Esta visión de la movilidad se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que necesitamos transitar en el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos. Un modelo orientado al fomento de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, y en el que las inversiones prioricen las necesidades de desplazamiento del conjunto de la población y no la rentabilidad económica de unos pocos operadores económicos.

 

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