En la lucha contra los incendios, se debería avanzar más desde la perspectiva de la conservación y recuperación de la biodiversidad y de los sumideros forestales, tanto en la prevención, como en la evaluación de daños y las medidas de repoblación en zonas incendiadas.
Valoramos las medidas en materia de ahorro energético impulsadas ayer por el Gobierno central como primera respuesta a los objetivos de ahorro energético planteados por la Unión Europea ante la crisis derivada por la guerra de Ucrania. Animamos a al conjunto de las administraciones públicas -Ejecutivo central, comunidades autónomas y ayuntamientos- a profundizar en planes de ahorro y eficiencia energética para acelerar la descarbonización de transporte, edificios, sistema eléctrico, industria y sectores productivos. Una apuesta decidida por estas medidas, unida a la ya largamente esperada planificación vinculante del despliegue renovable, constituyen dos herramientas clave para que España sea autónoma energéticamente y pueda responder con firmeza al cambio climático, siendo uno de los países más vulnerables de Europa ante el calentamiento global.
Las medidas de ahorro y eficiencia energética deben formar parte de la respuesta estructural del país frente al calentamiento global porque representan la solución más efectiva y barata para hacer frente al cambio climático. Confiamos que el ‘Plan de Contingencia’, anunciado para septiembre, abunde en esta dirección.
En este sentido, reclamamos la incorporación y aprobación urgente, en las primeras semanas del nuevo curso político, de las enmiendas propuestas por las ONGs al Real Decreto Ley 06/2022, para orientar mejor el despliegue de las energías renovables en el territorio de forma respetuosa con la biodiversidad y el medio rural, y que el Plan de Contingencia incluya medidas como la creación de un bono social como apoyo a los gastos de movilidad de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, un plan para reforzar el transporte público o la puesta en marcha de un plan de transición justa en el sector ganadero. En el sector de la industria pesada, que representa en su conjunto un tercio de las emisiones de efecto invernadero de nuestro país, es importante también que el Gobierno tome medidas que aceleren la descarbonización definitiva de las grandes plantas emisoras.
Consideramos que las energías renovables son absolutamente imprescindibles para poder afrontar los dos grandes desafíos de las próximas décadas: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, también es absolutamente imprescindible que su necesario despliegue -en todos los tamaños- sea responsable, esto es, respetuoso con los espacios y especies de alto valor natural, y participado por la ciudadanía. Es necesario aplicar a niveles estatal y autonómico una planificación y una zonificación que ordenen el despliegue renovable estableciendo, con carácter vinculante, aquellas zonas incompatibles por su alto valor ecológico, además de zonas prioritarias o preferentes para las renovables en las que los riesgos para la biodiversidad y el medio rural son bajos.
Junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) hemos elaborado dos documentos para contribuir a su desarrollo: un decálogo para unas renovables responsables y unas recomendaciones sobre zonas que deberían ser prioritarias para el desarrollo renovable y zonas que deberían quedar excluidas.
Incendios
El Gobierno ha actualizado la Ley de Montes mediante Real Decreto Ley para que el conjunto del país, y los servicios públicos clave, se encuentren lo más preparados posible ante el riesgo de incendio los 12 meses del año. Consideramos que es un paso inicial importante. Ante las previsiones de cambio climático es imprescindible que España cuente con una política permanente, unificada e integral de prevención y control de incendios, que respete los objetivos de conservación y restauración de la biodiversidad y de los sumideros forestales, de acuerdo con unos mínimos establecidos a nivel estatal.
Las campañas contra los incendios deben dejar de ser estacionales y formar parte de una estrategia y política de Estado permanentes, ya que el riesgo de incendio –o el riesgo de aumentar la vulnerabilidad de los incendios- es permanente. otro eje básico, reivindicado durante mucho tiempo, es establecer y aplicar de forma decisiva una clara política estatal de impulso a la ganadería extensiva como elemento básico de prevención de incendios, también fundamental como medida ante el reto demográfico y contra la desertificación, además de ser necesario para la gestión de determinados hábitats y paisajes de alto valor natural, y ser el modelo más sostenible de producción ganadera.
Adicionalmente, en los partes enviados después de cada incendio, además de señalar la superficie total y de las principales especies arbóreas afectadas, así como cuantificar daños personales y materiales, consideramos que las autoridades competentes deberían estimar el impacto en términos de la superficie de espacios protegidos afectados, así como los daños a especies y hábitats protegidos y a la función de reservorio de carbono de las zonas incendiadas.
En cuanto a la repoblación y recuperación de las zonas incendiadas, es esencial contar con políticas de repoblación que reduzcan la futura vulnerabilidad a los incendios, evitando monocultivos de especies alóctonas pirófitas o resinosas y favoreciendo mezclas de especies autóctonos y mosaicos de hábitat con las mejores posibilidades de convertirse en reservorios permanentes de carbono en el escenario de cambio climático.
