Hemos pedido al Gobierno que el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) se alinee con los principios del Pacto Verde Europeo y las Estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030, y exigimos el cumplimiento de principios básicos como “quien contamina, paga” y “quien conserva la naturaleza, recibe”.

Junto con Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, hemos trasladado también al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) las reformas necesarias sobre los diversos puntos relativos a la condicionalidad, los ecoesquemas, las ayudas al desarrollo rural y el programa de vigilancia y seguimiento, concluido el período de alegaciones a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del PEPAC para España en el periodo 2023-2027.

Las principales ONG ambientales a nivel estatal (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) se reúnen esta mañana con representantes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, órgano superior del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), para exponer sus conclusiones tras analizar, en el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para España en el periodo 2023-2027. Según estas organizaciones, numerosos puntos deben ser revisados y mejorados en esta última fase para obtener un PEPAC que sea justo con los agricultores que dependen de esta política, que promueva la sostenibilidad de la actividad agraria y del desarrollo rural, y que garantice alimentos saludables para el conjunto de la población.

Por ello –advierten las ONG–, el Miteco se encuentra ante la última oportunidad para corregir los elementos del PEPAC que impactan negativamente en el medio ambiente y en nuestra salud, incluyéndolos en la Declaración Ambiental Estratégica que traslade al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). El PEPAC debe ejercer de herramienta que ayude al sector agrario a abordar grandes retos como la mitigación al cambio climático (único sector que incrementó sus emisiones de gases de efecto invernadero un 2,3 % entre 2019 y 2020) y la contaminación del agua por nitratos (con la reciente apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea). También deben reforzarse y definirse con mayor ambición los aspectos positivos del PEPAC alineados con los objetivos del Pacto Verde y las Estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030, e impulsar la necesaria y urgente transición agroecológica hacia sistemas alimentarios sostenibles.

Muchos aspectos por mejorar

Uno de los aspectos criticados por las ONG es que la EAE no analiza el impacto de la llamada Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad y el Pago Redistributivo (para la viabilidad económica de las explotaciones), aunque suponen el 45 % del presupuesto total de la PAC y se le presupone un 40 % de contribución a objetivos ambientales y climáticos por la vía de la condicionalidad. El nuevo plan –explican– perpetúa, a pesar de ciertos ajustes, el sistema basado en derechos y referencias históricas, injusto para los productores en fincas de Alto Valor Natural e insostenible para el medio ambiente, al primar más a los modelos que en su momento aplicaron un enfoque de mayor intensificación en las zonas más productivas.

En lo relativo a la condicionalidad (cumplimiento de la normativa ambiental y las buenas condiciones agrarias y medioambientales), el PEPAC tampoco enmienda la escasa ambición ambiental plasmada en los Reglamentos Europeos, que siguen sin incluir parte del articulado de la normativa ambiental que atañe al sector agrario. Aunque se han incorporado parcialmente las prácticas heredadas del greening (anteriores pagos verdes), existen de nuevo numerosas excepciones e indefiniciones. Las ONG ambientales también alertan de que el sistema de vigilancia y sanción propuesto no aumenta los controles sobre el terreno, ni plantea penalizaciones eficaces, pese a los crecientes incumplimientos. Además, debería complementarse cruzando la información sobre sanciones administrativas y delitos ambientales, para un uso más eficiente del dinero público.

Recogida familiar de la aceituna en olivar ecológico tradicional © Samuel Galiano

Sobre los ecoesquemas (nuevos pagos verdes), a las ONG les preocupa especialmente el de siembra directa, denominado “agricultura de conservación”, al implicar el uso de herbicidas de amplio espectro, con impacto probado sobre la salud de las personas y la biodiversidad. Tampoco convence que los ecoesquemas en tierras de regadío reciban tres veces más dinero por hectárea que en tierras de secano. Ni que sobre una misma hectárea sólo pueda cobrarse por una práctica, lo que desmerece a los Sistemas de Alto Valor Natural en los que se aplican múltiples prácticas beneficiosas para la naturaleza.

En cuanto a las ayudas sectoriales, lamentan que no se ha realizado una evaluación independiente de cada una de las intervenciones que forman cada programa y que precisan grandes mejoras, conforme al 11 % del presupuesto del primer pilar, para reducir los numerosos impactos ambientales negativos según el propio Estudio Ambiental Estratégico, como el elevado consumo de agua e insumos ligado al sector de frutas y hortalizas.

Una situación similar ocurre con las ayudas asociadas a la producción (14 % del presupuesto del primer pilar) para las que, además, no se plantean medidas preventivas, correctoras ni compensatorias en el Estudio de Impacto Ambiental. En concreto, no se garantiza que las producciones más intensivas auxiliadas (cebo de terneros, cultivo de remolacha, arroz y tomate de industria) reduzcan sus impactos, como la dependencia externa de recursos naturales procedentes de la deforestación (como la soja importada) o el excesivo consumo de agua, agroquímicos y energía. Resulta prioritario reducir el uso de fertilizantes sintéticos y los purines provenientes de la ganadería industrial ante la contaminación de agua por nitratos de España y el incumplimiento de la correspondiente Directiva que ha denunciado la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En lo que respecta a las intervenciones de desarrollo rural, arrastran los mismos problemas que las anteriores, es decir, se mantiene la evaluación conjunta cuando, en realidad, cada comunidad autónoma ha hecho su propio planteamiento sobre la mayoría de ellas.

Por un lado, las ONG ambientales lamentan que las intervenciones planteadas por las comunidades autónomas incluyan compromisos medioambientales y climáticos que no van más allá de la condicionalidad (como el manejo integrado de plagas) y de los ecoesquemas (cultivos sostenibles con rotaciones o cubiertas verdes), mientras que faltan medidas agroambientales para retos transversales como la coexistencia con grandes carnívoros, el apoyo a la trashumancia, el control natural de plagas y enfermedades con predadores naturales, y el apoyo decidido con múltiples herramientas a la producción en la Red Natura 2000. Asimismo, se ha desaprovechado la oportunidad de implementar figuras novedosas, como los pagos por resultados, los contratos territoriales por explotación, los bancos de tierras y la acogida a las medidas agroambientales bajo figuras asociativas o colectivas, entre otras.

Y, por otro lado, critican que se sigan destinando fondos públicos a modelos productivos con impacto negativo (los denominados “subsidios perversos”), en especial a las inversiones productivas para la modernización, transformación e infraestructuras agrarias bajo las que se subvencionan las plantaciones de leñosos intensivos a costa de Sistemas de Alto Valor Natural; las macrogranjas en detrimento de la ganadería extensiva; o la modernización de regadíos sin que ahorre agua para el asegurar el buen estado de las masas de agua. Además, contabilizarán con un porcentaje de la contribución a la mitigación y la adaptación al cambio climático u otros aspectos medioambientales y, sin embargo, no se amplían los requisitos para que estas intervenciones se sometan al cumplimiento de la condicionalidad y sean sujetas al sistema de controles y sanciones.

En cuanto al programa de vigilancia y seguimiento de la PAC, las ONG señalan deficiencias en el seguimiento ambiental, por ejemplo, el indicador de reducción de las emisiones en el sector ganadero no se vincula a intervenciones ganaderas; faltan indicadores del Reglamento Europeo sobre biodiversidad agraria, agricultura ecológica y preservación de hábitats y especies, así como también otros para evaluar los Sistemas de Alto Valor Natural y el seguimiento de las poblaciones de aves ligadas a medios agrarios en todas las comunidades autónomas.

Alzacola rojizo, Ave del Año 2020, en un viñedo © Manuel Zafarana

Pequeños avances

A pesar de los aspectos señalados por mejorar, las ONG ambientales han destacado algunos puntos positivos, como la aplicación de la condicionalidad también al régimen de pequeños agricultores y la introducción de un porcentaje mínimo de elementos no productivos para potenciar la biodiversidad en todas las explotaciones de cultivos herbáceos. O la reducción del importe máximo de los pagos directos (capping) y el nuevo ejercicio de convergencia (regional y de valores medios intrarregionales), así como el intento de pago redistributivo o el apoyo a la ganadería extensiva a través de diversas herramientas de los pagos directos. Aunque todo ello no es suficiente para generar un cambio real en el modelo de aplicación de la PAC, va en el sentido correcto.

También señalan en buena dirección los nuevos ecoesquemas, especialmente el apoyo a cubiertas herbáceas, elementos del paisaje y pastos extensivos; aunque de nuevo con limitaciones que impedirán resultados más significativos, como la necesaria previa caracterización del grado de extensividad ganadera. Esperan que intervenciones sectoriales novedosas, como la ayuda al olivar tradicional, se orienten para contribuir positivamente al mantenimiento de un agroecosistema con gran potencial para conservar la biodiversidad de especies en declive, como el alzacola rojizo, declarada Ave del Año 2022, con un descenso poblacional del 94,8 % en los últimos 15 años.

Todas estas y otras alegaciones a la Evaluación Ambiental Estratégica, respaldadas por las cinco ONG ambientales, han sido enviadas por SEO/BirdLife y WWF al MAPA, para que sean tenidas en cuenta en el documento final del PEPAC y en la Declaración Ambiental Estratégica preceptiva que tendrá que elaborar el Miteco.