Tras la sentencia favorable de la Audiencia Nacional sobre la nulidad del embalse de Mularroya, SEO/BirdLife y Jalón Vivo solicitamos la ejecución provisional de la misma, es decir, la suspensión inmediata de las obras mientras que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados por regantes, constructoras y el Miteco.

Ante dicha solicitud, la Junta Central de Usuarios del Río Jalón y la UTE Mularroya (Acciona y Sacyr) han solicitado ante la Audiencia Nacional, como demandados, que las organizaciones ambientales depositen 145 millones de fianza. SEO/BirdLife y Jalón Vivo lamentan esta presión y recuerdan su papel como defensores del interés general que representan los objetivos ambientales de las directivas comunitarias sobre un patrimonio común, además de  ser organizaciones sin ánimo de lucro.
Por otro lado, el Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite el recurso de casación presentado por regantes, constructores y Miteco con relación a si los motivos del deterioro de un río tienen que detallarse en el plan hidrológico con antelación a su autorización.

 

El 23 de marzo de 2021 la Audiencia Nacional dictó sentencia sobre el recurso interpuesto por SEO/BirdLife y la asociación Jalón Vivo, con la que se anulaba la Resolución 12 de agosto de 2015 por la que se aprobó el proyecto del embalse de Mularroya, por suponer un deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón, así como de los acuíferos de las sierras de la Virgen y Vicort, y daba la razón a las organizaciones ambientales. Contra dicha sentencia presentaron recursos la Junta Central de Usuarios del Río Jalón, la UTE Mularroya (Acciona y Sacyr) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Ante estos recursos, SEO/BirdLife y Jalón Vivo presentaron escrito rechazando dichos recursos interpuestos y solicitando la ejecución provisional de la sentencia, es decir, la paralización de las obras de construcción de la presa de Mularroya debido al indudable daño ambiental que están ocasionando (entre otras actuaciones, se está construyendo un túnel de más de 12 kilómetros que está ya afectando al acuífero).

Frente al escrito presentado por las ONG ambientales a la Audiencia Nacional , la Junta Central de Usuarios del Río Jalón y la UTE Mularroya (Acciona y Sacyr) no solo han solicitado que se desestime la petición de las ONG, sino que consideran que en caso de aceptarse la paralización provisional de las obras se acuerde un depósito de garantía. Este dinero, que deberían aportar las organizaciones ambientales para responder de daños y perjuicios, ha sido estimado por los demandados en un mínimo de casi 145 millones de euros (24.271.814,05 euros solicitado por la UTE Mularroya y 120.000.000 euros solicitados por la Junta Central de Usuarios del Río Jalón).

SEO/BirdLife y la asociación Jalón Vivo insisten en que más allá de los perjuicios que puedan tener ambas entidades privadas, no debe condicionarse la tutela de la protección ambiental ante unas exigencias económicas que, además de ser inviables y excesivas, demuestran que los regantes y las constructoras obvian por completo la finalidad de la propia paralización provisional de las obras, que no es otra que el interés general de proteger un patrimonio común, impedir el incumplimiento comunitario, limitar el deterioro ambiental y la irreversibilidad del daño que se está ocasionando.

 

Obras actuales para la construcción del túnel del embalse de Mularroya ©SEO/BirdLife

 

Admitido a trámite el recurso de casación

En paralelo, el Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Junta Central de Usuarios del Río Jalón, la UTE Mularroya (Acciona y Sacyr) y el Miteco. Los recurrentes pretenden que una obra que deteriora de forma importante un río pueda autorizarse sin el marco legal que conlleva someterlo de forma previa a la evaluación ambiental estratégica y la participación pública del plan hidrológico en el que se enmarca.

SEO/BirdLife se opone frontalmente a que este tipo de obras puedan autorizarse sin someterse con antelación al control público y ambiental que implica la participación pública y la obligada Evaluación Ambiental Estratégica de los planes hidrológicos. Las organizaciones mantienen que no existen dudas y que la jurisprudencia es clara tanto en lo que respecta a cómo deben quedar explicados en el plan hidrológico, y con qué detalle, los motivos de las modificaciones o alteraciones que afecten al estado de las masas de agua, como si debe plantearse dentro del propio plan de cuenca, y no posteriormente. Plantear obras de esta dimensión fuera del marco de la planificación hidrológica aprobada es vaciar de sentido tanto a los planes hidrológicos como a la evaluación estratégica que conlleva la aprobación de estos planes.

Las organizaciones SEO/BirdLife y Jalón Vivo mantienen la necesidad de paralizar las obras por cuanto que cada día que pasa sin una decisión final es un día más de deterioro del patrimonio natural que representan nuestros ríos y acuíferos y sus ecosistemas asociados. “Las inversiones realizadas hasta la fecha en la obra no pueden ser motivo para plantear seguir adelante con una obra anulada. Las organizaciones ambientales no somos las culpables de que no se hayan atendido las cuestiones planteadas desde el primer momento, por lo que el despilfarro de fondos públicos, los daños y perjuicios económicos futuros y los impactos sobre los ecosistemas naturales son responsabilidad de quienes han promocionado y promovido las obras de un proyecto que va en contra de la transición ecológica”, subraya Roberto González, responsable del Programa de Aguas de SEO/BirdLife.

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