· El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una propuesta de ley de modificación de la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que permitiría mantener especies exóticas en los ecosistemas españolas.
· Las organizaciones conservacionistas reclaman al PSOE y Ciudadanos que no apoyen este drástico cambio en la normativa, ya que supondría un retroceso histórico y exponer a nuestra biodiversidad a un impacto irreversible. Ambas formaciones han mostrado en anteriores ocasiones su disposición favorable a esta modificación.
· Las especies exóticas suponen la segunda amenaza más grave para la biodiversidad en la península y la primera en las islas.
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley de modificación de la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad con el fin de mantener en los ecosistemas del Estado especies exóticas, cuya presencia constituye una contrastada y grave amenaza para la biodiversidad. Las organizaciones conservacionistas Ecologistas en Acción, WWF y SEO/BirdLife subrayan la necesidad de priorizar el bien común ante las circunstancias particulares de sectores que se benefician de la introducción de especies alóctonas para determinadas actividades recreativas.
Esta propuesta, que supone una cesión evidente ante las presiones deciertos colectivos de cazadores y pescadores, es a la vez peligrosa e inaceptable, ya que va en contra del dictamen del Tribunal Supremo, del criterio científico y del sentido común.
La iniciativa presentada por el PP, sin ningún aval técnico ni científico, señala unas excepciones en la gestión que permitirían seguir pescando y cazando aquellas especies exóticas invasoras existentes antes de la aprobación de la norma, con los mismos métodos y sistemas que se han venido empleando hasta la fecha. De esta manera, se posibilitaría la permanencia en el medio de especies alóctonas que afectanexóticasinvasoras, afectando al patrimonio natural de todos los españoles.
La propuesta llega a indicar que, para reducir la presión sobre la trucha común –una especie autóctona y afectada por la presencia de especies exóticas–, se autorice la suelta de una especie americana, la trucha arcoíris, considerada por la UICN entre las 100 especies exóticasinvasoras más peligrosas del mundo. Así, deDe aprobarse esta modificación de la ley, se estaría fomentando la liberación de especies exóticasinvasoras dentro del articulado de una normaley creada precisamente para lo contrario: combatir la creciente amenaza de las especies alóctonas en la naturaleza.
Considerando la amenaza que estas especies suponen para la conservación de la biodiversidad, y en muchos casos para la economía o la salud pública, el objetivo final de cualquier gestión de estas especies debe ser su adecuado control y erradicación, siempre que sea ecológicamente viable. Así lo establece la ley y así ha sido refrendado por la propia sentencia del Tribunal Supremo. Para ello, la norma prevé el desarrollo de estrategias nacionales que se deben ejecutar a través de los correspondientes planes regionales.
Pese a la gravedad del problema, desde la aprobación de la primera versión del Real Decreto que regula el Catálogo Nacional de Especies Invasoras, en 2011, tan solo se han aprobado dos estrategias nacionales –visón americano, 2014, y avispón asiático, en 2015–, sin que se haya avanzado en su aplicación efectiva.
En lugar de trabajar en la solución de este grave problema, el Gobierno ya redujo, en la pasada legislatura, el alcance de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad modificando un Real Decreto promovido por el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Esta medida ha sido parcialmente derogada por el Alto Tribunal. Ahora, el Partido Popular, con el anunciado apoyo del PSOE y Ciudadanos, plantea directamente una modificación de la ley básica para atender a las demandas de ciertos grupos de presión en lugar de velar por ellinterés común. Con todo esto no se ha contribuido a solucionar el problema sino a agravarlo.
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF demandan al resto de grupos parlamentarios que respeten tanto las sentencias del Supremo como los criterios técnicos y científicos y que, en consecuencia, voten en contra de esta iniciativa. Asimismo, las organizaciones ecologistas instan al Gobierno a que, en lugar de modificar la normativa, la aplique y desarrolle de manera urgente, con la participación de todos los sectores implicados, estrategias de erradicación para las principales especies invasoras.
