• Se trata de la primera sentencia que ratifica una sanción a una empresa eléctrica por la electrocución de una especie en peligro de extinción, en este caso de un águila imperial ibérica.

• El fallo judicial, que avala una multa de 142.920€ a la empresa titular del tendido, abre la puerta a nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías por casos de electrocución al no haber corregido los tendidos y causar la muerte por electrocución.

• Los accidentes en líneaseléctricas constituyen la principal causa de mortalidad no natural a la que se enfrentan algunas de las especies de aves más amenazadas de la fauna española, como el águila perdicera o el águila imperial ibérica.

• Como mínimo, 33.000 rapaces se ven afectadas cada año, según datos oficiales del MAPAMA. SEO/BirdLife estima que el número podría ser significativamente mayor.

 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha emitido una sentencia que, por primera vez, corrobora la responsabilidad de las compañías eléctricas frente a los daños que ocasionan los tendidos a las aves. Asimismo, deja clara la obligación de adoptar medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la fauna. A juicio de SEO/BirdLife,  se trata de un paso decisivo para que las empresas energéticas asuman su responsabilidad para controlar una amenaza que ocasiona la muerte a 33.000 rapaces cada año en España como mínimo. Entre ellas, especies en situación de amenaza. De hecho, la sentencia enjuicia el caso de electrocución de un águila imperial ibérica, una especie catalogada En Peligro de Extinción.

 

En concreto, el tribunal ratifica una sanción a Ibedrola, titular del tendido, por una infracción muy grave de 100.001€ y establece el pago de una indemnización por importe de 42.920€ por la electrocución del ave protegida. Los hechos ocurrieron en el término municipal de La Herrera (Albacete).

Tras la sentencia que os contamos ayer 👇, hemos conocido que @Iberdrola da pasos en la buena dirección. No la ha recurrido y activa un plan acelerado para adaptar 200.000 tendidos hasta 2025. Hay mucho por hacer. No es mal inicio. Que cunda el ejemplo. https://t.co/LOR4yhaHJ8 pic.twitter.com/JSFISA1MLJ

— SEO/BirdLife (@SEO_BirdLife) 23 de marzo de 2018

“La sentencia es relevante por su novedad, dado que se trata del primer fallo judicial que avala una sanción a una empresa por la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no subsanar los problemas del tendido. De esta manera, el tribunal confirma la responsabilidad de las eléctricas sobre las posibles afecciones que sus tendidos puedan ocasionar a las aves  y, además, incluye la obligación de corregirlos”, explica el responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega. Y añade: “El fallo judicial abre la puerta a nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías, independientemente de si hay fondos públicos o no, para corregir los tendidos”.

Este extremo es especialmente importante puesto que, hasta la fecha, el argumento de la mayor parte de las compañías eléctricas para retrasar la corrección de tendidos eléctricos se basa en que las administraciones competentes no han aportado financiación para cubrir, de forma completa, el coste de la corrección de los tendidos. Fundamentan su posición en el Real Decreto 1432/2008, que se refiere a un plan de inversiones para la adaptación de líneas eléctricas. Un plan que  se puso  en marcha hace un año con la aprobación del  Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión. Pero en tanto que los fondos públicos no lleguen, las eléctricas consideran que no están obligadas a realizar correcciones.

Tanto SEO/BirdLife como la Plataforma SOS-Tendidos y la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente vienen sosteniendo la invalidez de los argumentos de las eléctricas. Se remiten a la ley 26/2007  que, con claridad, exige a los operadores económicos “aplicar medidas de prevención y evitación de los daños ambientales”.

Ahora, el TSJ opta por el argumento esgrimido por la Fiscalía y las ONG. En su fallo, afirma que la compañía propietaria del tendido tenía la obligación de presentar un proyecto de adaptación de las líneas eléctricas, que no presentó en el momento de la electrocución del águila imperial. Al no presentar dicho proyecto de adaptación, la empresa adjudicataria incurrió en la omisión negligente de una obligación prevista en la ley. Por ello, la considera responsable de la infracción, una vez acreditado que el deterioro del águila imperial se produjo como consecuencia de no haberse modificado el punto de apoyo, conforme a las exigencias indicadas e impuestas normativamente.

“Esta sentencia evidencia que se puede y se debe exigir a las empresas eléctricas la corrección de los apoyos y la señalización de vanos en los que se tenga constancia de la electrocución o colisión de aves”, apunta De la Bodega. Y añade: “De igual modo, el fallo abre la puerta a exigir a las eléctricas que se eviten nuevos daños ambientales cuando se presuma la existencia de una amenaza inminente de las líneas eléctricas a la avifauna. Bien por su situación o bien por características técnicas que puedan causar la muerte de especies de aves, especialmente si estas están catalogadas como amenazadas”.

“La sentencia ha coincidido en el tiempo con la incoación de expedientes de responsabilidad ambiental a diferentes empresas por parte de la Generalitat Valenciana por mantener líneas eléctricas de media tensión eléctrica, sin adopción de medidas para prevenir y evitar la colisión y electrocución de las aves. A raíz de su apertura están llegando a acuerdos con las empresas para corregir los tendidos. Aunque llegue tarde, es sin duda otro paso en la buena dirección”, indica el responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.

Posible responsabilidad penal

Hay que destacar que, en estos casos, podría derivarse incluso la responsabilidad penal de los propietarios de los tendidos. Así lo sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel, que considera que las electrocuciones de fauna podría suponer un delito por imprudencia del artículo 334 del Código Penal que condena aquellas actividades que impiden o dificultan la reproducción o migración de algunas especies, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de la fauna silvestre.

 

Muchas más de 33.000 rapaces cada año

Según un reciente informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), en España mueren al menos 33.000 rapaces al año por esta causa. Unas cifras que para Nicolás López, responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife son inferiores a la realidad. “El informe del Ministerio aporta cifras muy inferiores a lo que puede ser una aproximación más realista de la magnitud del problema ya que solo analiza la mortalidad de las rapaces sin tener en cuenta otros grupo de aves y no cuenta con datos de todas las comunidades autónomas”, explica.

“La mortalidad por accidentes en líneas eléctricas es la principal causa de mortalidad no natural de algunas de las especies de aves más amenazadas de nuestra fauna, como el águila perdicera o el águila imperial, una situación insostenible que pone en jaque todos los esfuerzos por recuperar y estabilizar la población de ambas especies amenazadas”, añade.