Durante los últimos cuatro años, la salida del TCE ha sido una demanda de las principales organizaciones ecologistas españolas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— al Gobierno.

La vicepresidenta segunda del Gobierno para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, comunicó a Político la decisión del Gobierno de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo muy controvertido del que España forma parte junto a otros 52 países de Europa y Asia.

La noticia —que según fuentes oficiales cuenta con el respaldo de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares— se ha conocido a seis semanas de que se celebre la Conferencia anual de la Secretaría de la Carta de la Energía en Mongolia, que tiene por objetivo ratificar la modernización del Tratado.

El TCE, calificado recientemente por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) como “un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático”, protege las inversiones extranjeras en el sector energético —sobre todo aquellas relacionadas con los combustibles fósiles— y permite a las empresas demandar a los países ante un sistema de tribunales privados (conocido como el ISDS) si consideran que han legislado en contra de sus beneficios.

Dada su incompatibilidad con el Acuerdo de París y otras políticas que persiguen la acción climática, hace más de cuatro años los países se embarcaron en un proceso para “modernizar” el TCE. Las negociaciones culminaron el pasado 22 de junio con la adopción de un acuerdo preliminar, que fue calificado de “insuficiente” e “inaceptable” por las organizaciones de la campaña No a los TCI.

Ahora, la propia Teresa Ribera —que ya había mostrado en varias ocasiones su escepticismo— ha reconocido que la modernización no ha dado lugar a «ninguna mejora» para reducir la protección de las inversiones fósiles.

El texto propuesto garantiza al menos 10 años más de protección a las inversiones existentes en combustibles fósiles, mientras que algunas inversiones nuevas en gasoductos y centrales eléctricas de gas quedarían protegidas hasta 2030 ó 2040.

Además, amplía el ámbito de aplicación del Tratado a otras tecnologías energéticas controvertidas, como el hidrógeno o la biomasa, aumentando el riesgo de nuevas demandas. Si bien la propuesta pretende prohibir las demandas ISDS entre países de la UE, esta medida aún podría tardar entre cinco y diez años más en entrar en vigor, que son los años cruciales para impulsar la transición energética.

Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los TCI, ha declarado: “Estamos en un momento extremadamente crítico y necesitamos medidas valientes, la salida del TCE es una de ellas y lo celebramos. Ahora es crucial que más países sigan el camino iniciado por España; es sencillamente vergonzoso que los países de la UE acudan a la COP 27 en Egipto prometiendo reducir las emisiones, mientras continúa en un tratado que solo en Europa protege infraestructura fósil por valor de más de 340.000 millones de euros”.

El único país de la UE que no es miembro del TCE es Italia, que lo abandonó en 2016. Tras el paso dado por España, otros países indecisos como Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica podrían hacer lo mismo. A finales de octubre se espera una votación en el Consejo de la UE en la que los países se tendrán que posicionar a favor o en contra del TCE modernizado. Si otros países optan por la salida, se podría conseguir un bloque minoritario que pusiera freno a la modernización, ya que se requiere una mayoría cualificada para poder dar luz verde al nuevo texto antes de proceder a su ratificación final en la Conferencia de Mongolia el 22 de noviembre.

Hasta la fecha, existen 143 demandas bajo el TCE, muchas de ellas relacionadas con medidas para paliar la crisis climática o proteger el medio ambiente, como el caso de Países Bajos, Eslovenia o Italia. Sin embargo, España es el país más demandado.

Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute —organización que ha revelado datos importantes sobre el caso español— ha afirmado: «El TCE se ha convertido en una pesadilla jurídica para España, las demandas de arbitraje ya han costado más de 1.000 millones de euros de dinero público para dar compensaciones y pagar a abogados y árbitros. Estas reclamaciones no hacen más que desviar importantes recursos públicos que se podrían destinar a impulsar la transición energética».