Las organizaciones ambientales celebramos la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Esta Ley es imprescindible para actualizar la gestión pesquera de nuestro país a la legislación europea -la Política Pesquera Común- que entró en vigor en 2014.

El texto remitido por el Congreso presenta avances con respecto a la aún vigente Ley de Pesca Marítima de 2001. No obstante, las organizaciones ecologistas solicitan al Senado que corrija las incongruencias y aspectos contrarios a la normativa europea que aún existen entre sus artículos, así como que el texto sea más ambicioso en términos de conservación, tal y como se recoge en la propia Política Pesquera Común (y reglamentos asociados), de obligado cumplimiento y con casi una década de antigüedad.

Una ley de pesca que no alcanza el mínimo de ambición exigido por la regulación europea

ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, OurFish, SEO/BirdLife y WWF consideramos muy preocupante que la nueva ley sea menos ambiciosa que la Política Pesquera Común europea y su normativa asociada. Por ello, señalan que la ley podría ser cuestionada con razones más que suficientes por la propia Comisión Europea por vulnerar la normativa europea.

Uno de los aspectos prioritarios para garantizar una pesca justa y sostenible en las próximas décadas es el reparto de posibilidades de pesca, o “quién pesca qué”. El actual texto no garantiza que se tengan en cuenta criterios ambientales y, por lo tanto, existe un alto riesgo de depender exclusivamente de criterios económicos, como son los derechos históricos, tal y como ha venido sucediendo hasta ahora. Dichos derechos históricos han promovido prácticas insostenibles en algunas flotas así como la marginación de otras.

“Desde las organizaciones ecologistas no queremos dejar de insistir en que el reparto de derechos de pesca bajo criterios ambientales y sociales es una obligación legal de la política pesquera común, en vigor desde 2014. Por ello, ante el riesgo de que salga adelante una ley que siga aplicando de forma deficiente el artículo 17 de la propia Política Pesquera Común, solicitamos al Senado que modifique el artículo 32, estableciendo que, para cada pesquería, se deberá tener en cuenta como mínimo y de forma simultánea, criterios sociales, ambientales y económicos, para asegurar que la pesca del futuro sea justa y sostenible para todas y todos”, explica Àlex Bartolí, portavoz de OurFish.

Asimismo, el texto actual blinda los cambios de reparto de posibilidades de pesca a los repartos realizados antes de la aprobación de la Ley, lo que también vulneraría la normativa europea, ya que estos repartos se hicieron sin tener en cuenta criterios ambientales. “El reparto de acuerdo a criterios ambientales, sociales y económicos es una obligación desde 2014 y, por tanto, todos los repartos realizados desde esa fecha tendrían que ser revisados y actualizados para ajustarse a la normativa europea”, asegura Raúl García, portavoz de WWF.

Otro aspecto negativo es que el Proyecto de Ley no incluye la obligación de no pescar por encima del “rendimiento máximo sostenible” o, en el caso de no disponer de datos suficientes, asegurar que se aplica el principio de precaución, siendo este un objetivo prioritario de la Política Pesquera Común y que resulta fundamental para garantizar la salud de las poblaciones de interés pesquero a largo plazo.

Red de pesca. Autora: Nadine Doerle, en Pixabay

De la misma manera, el Proyecto de Ley vulnera el Reglamento de Medidas Técnicas (Reglamento UE 2019/1241) al considerar que pueda no ser posible reducir o eliminar las capturas accidentales de mamíferos, aves, tortugas marinas, tiburones y rayas protegidos. Las organizaciones ecologistas quieren llamar la atención de que siempre es posible reducir este impacto y que hacerlo es una obligación que no puede ser esquivada por el Estado español a tenor del reglamento europeo.

Juan Carlos Atienza, portavoz de SEO/BirdLife, afirma: “Confiamos en que el Senado tratará de enmendar estos aspectos fundamentales para aprobar una ley a la altura de nuestro tiempo. Esta ley solo será eficaz si se aplica con decisión y usando todas las herramientas disponibles, como los planes de gestión para acercar la gestión al territorio, el reparto justo que incentive las mejores prácticas pesqueras y una gobernanza participativa en una apuesta decidida por la sostenibilidad como base fundamental para asegurar la pesca del futuro”.

Aspectos positivos

En cualquier caso, las organizaciones ambientales consideran que la nueva ley da pasos positivos hacia la sostenibilidad de la pesca y celebran, por fin, el reconocimiento de los comités de gestión participativos a nivel local como mecanismos de participación en la gestión, aunque estos sean solo de carácter consultivo, para la creación y el seguimiento de los planes de gestión de las pesquerías o las Reservas Marinas de Interés Pesquero.

“Durante los últimos dos años, las organizaciones ambientales hemos trabajado en coalición para informar el proceso de la ley y agradecemos que el Congreso haya aceptado varias de nuestras propuestas para mejorar el proyecto de Ley en términos de conservación, recogida de datos, la inclusión del enfoque ecosistémico y la participación”, concluye Cecilia del Castillo, portavoz de Ecologistas en Acción.