Con respecto al plan de choque aprobado ayer por el Consejo de Ministros para reducir el impacto y el precio de la luz sobre los consumidores Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan las presiones de las grandes empresas eléctricas para frenar estas medidas
Las organizaciones ecologistas celebran este plan del gobierno, que supone un primer y necesario cambio del mercado eléctrico
Las organizaciones ambientales instan al Gobierno a que active la necesaria reforma del mercado eléctrico, tanto a nivel nacional como de la UE, porque es urgente adaptar las reglas del juego a un contexto de emergencia climática y ecológica. Además piden que se sigan mejorando las medidas que ha tomado el Gobierno para proteger a la ciudadanía, especialmente a los consumidores más vulnerables, y asegurar una transición energética socialmente justa y compatible con la conservación de la biodiversidad.
WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra lamentan que las grandes empresas eléctricas hayan generado alarma social amenazando con cerrar “desordenadamente” las nucleares si se recortan sus beneficios y acudir a la vía judicial. Las organizaciones ecologistas recuerdan que, además de ser posible y deseable acelerar el cierre nuclear:
- Legalmente no es posible unilateralmente el cierre –ni la apertura– de una instalación de generación eléctrica.
- La seguridad de suministro está sobradamente garantizada, incluso si se anticipa ordenadamente el cierre nuclear pactado por las eléctricas.
- Es incompatible hablar de pérdidas económicas por parte de las nucleares y de beneficios extraordinarios de las eléctricas al mismo tiempo y, además, las condiciones económicas del cierre nuclear propuesto por las empresas eran más desfavorables que las que actualmente plantea el Gobierno.
- Los costes de la totalidad de la gestión de todos los residuos radiactivos que las nucleares han generado no están consignados, por lo tanto sus propietarios están «en deuda» con la sociedad que tiene derecho a exigir que cumplan con su financiación.
Las organizaciones muestran su preocupación por la campaña que las compañías verticalmente integradas están realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado, empujando a la ciudadanía a caer en falsas ofertas que, además de dar beneficio extra a las compañías, puede dejar fuera de juego a las comercializadoras independientes y afianzar una posición de monopolio del mercado minorista. A su vez, cuando por efecto de las renovables el precio del mercado mayorista baje, pueden seguir manteniendo su poder de mercado con el tapón del mercado minorista.
Las organizaciones ecologistas se congratulan de que finalmente se empiecen a tomar medidas reales ante los abusivos beneficios “caídos del cielo” de las nucleares e hidroeléctricas, de los que se han aprovechado las grandes compañías eléctricas para incrementar sus ganancias. En el caso de la gestión hidráulica debería dirigirse más a estar disponible en los momentos críticos del sistema, de forma que fuera necesaria una menor potencia de respaldo, en vez de ser dilapidada por intereses especulativos. Además el actual modo de operación pone en riesgo la necesidad de mantener un uso racional del dominio público hidráulico. Las cinco organizaciones ecologistas siempre han defendido que los beneficios extraordinarios debían eliminarse. Además, como esta minoración temporal se ajusta a los principios del derecho comunitario y nacional, aún puede tener mayor recorrido.
Las organizaciones celebran también que se cree un suministro mínimo vital, aunque rechazan su temporalidad y falta de ambición pues solo cubre a los beneficiarios del bono social, que en la actualidad únicamente alcanza a algo más de 1 millón de personas, cuando el INE advierte que un 26,4 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Para atajar este problema, las organizaciones recuerdan que es necesario adoptar medidas permanentes que protejan a la población más vulnerable.
Otras medidas a celebrar son: las subastas de contratos de compra; la reforma de la tarifa regulada más transparente; que se confirme el agua como un bien natural y social de primer orden; que se regule por ley los desembalses, primando el papel ambiental del agua; y que se tramite de urgencia el proyecto de Ley para el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el proyecto para actuar sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico.
Todas estas medidas son complementarias a las que también deben suceder en un cambio radical del sistema eléctrico, a nivel nacional y europeo, que asegure la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, erradique la pobreza energética, e impulse de forma generalizada el autoconsumo, las comunidades locales energéticas y, en general, la participación de la ciudadanía en la generación de energía.
