Llevamos a cabo una media de 200 casos anuales, que son especialmente relevantes por su elevado impacto ambiental, sobre especies de aves amenazadas o sobre la Red Natura 2000, que es la superficie protegida de mayor valor ambiental que hay en Aragón.
Hemos enviado alegaciones e informes a proyectos de todo tipo en relación con las afecciones de éstos que pueden tener en la fauna y flora protegida y amenazada de Aragón. Durante los últimos años han sido 200 documentos de media los redactados y registrados, aún así, no se llegan a todos los casos.
En la actualidad la mayoría de las alegaciones que se presentan tienen que ver con las energías renovables, si bien destacan por su número, impacto ambiental y tramitaciones: las granjas de intensivo, infraestructuras rurales, minería y planes generales de ordenación urbana, entre otros muchos. Además de alegaciones se emiten informes específicos en casos concretos, recursos de alzada y reposición que tiene como objeto asesorar al órgano ambiental aragonés y del estado, con el objetivo de lograr frenar proyectos muy impactantes sobre el medio natural o lograr que sean compatibles con el medio ambiente. En ocasiones se trata de informar antes los departamentos promotores como energía o agricultura directamente los proyectos que no son compatibles con la conservación del medio natural, instándoles a que no los autoricen.
Consideramos por otro lado que el Gobierno de Aragón no evalúa adecuadamente los proyectos porque en la mayoría de las ocasiones son diseñados por los promotores con deficiencias. «Por ejemplo se presentan sin disponer de estudios de fauna previos completos o sin evaluar adecuadamente los impactos a especies amenazadas. También, en muchas ocasiones están fragmentados y se presentan divididos, situación que no está permitida por la normativa de evaluación, por lo que no deberían ni poder tramitarse», explica Luis Tirado, delegado de SEO/BirdLife en Aragón y añade: «Sin embargo, los órganos ambientales los admiten a trámite y acaban autorizándose con medidas ambientales correctoras o de otro tipo muy deficientes o incluso contrarias a solucionar los impactos ambientales del proyecto, cuando no inexistentes. Una situación insostenible para la conservación de la biodiversidad si sumamos todos los impactos ambientales acumulados de todos los proyectos (cientos anualmente) que se tramitan».
Por otro lado, instamos al Gobierno de Aragón, que a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, ponga los medios necesarios para poder garantizar la participación ciudadana de las ONG ecologistas, plataformas y otras entidades en todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de forma que se pueda ejercer el derecho a una participación efectiva y redunde en lograr que los proyectos que se emprenden en Aragón sean ambiental y socialmente sostenibles.
Luis Tirado considera que “sería deseable que el Gobierno de Aragón entrante tuviera en cuenta esta deficiencia detectada desde hace años sobre la participación de los grupos ecologistas y prepare una Orden de financiación de grupos ecologistas dirigida a garantizar la participación ciudadana, lo que cual repercutirá en el futuro en una sociedad aragonesa mejor”.
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