Pese a que es obligatorio para todas las comunidades autónomas desde 1989, Madrid es la única región española que no ha aprobado un solo plan de recuperación o de conservación de las especies amenazadas que acoge en su territorio, entre ellas, el águila imperial ibérica o la cigüeña negra. Así lo ha indicado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, en una comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid celebrada hoy, miércoles.

Ruiz ha recordado que la legislación regional sobre esta materia, aprobada entre 1991 y 1992, establecía un plazo de dos años para que el Ejecutivo autonómico aprobara 26 planes correspondientes a las especies más amenazadas de la Comunidad Madrid. “Aprobar 26 planes en dos años es un arduo trabajo, pero no aprobar uno solo en 23 años es una irresponsabilidad que pone en riesgo el patrimonio natural de Madrid. Es cierto que la región cuenta con un porcentaje alto de espacios protegidos pero de poco sirve la protección si no se garantiza a través de una correcta gestión. La presión humana que sufren los espacios madrileños solo se contrarresta con determinación y voluntad política”, ha explicado Ruiz. 

En estos 23 años, además, no se ha actualizado el Catálogo Regional de Especies Amenazadas,  lo que ha dado lugar a casos paradójicos como el del  sisón común, una pequeña avutarda designada Ave del Año 2017 para llamar la atención sobre su precario estado de conservación. La especie no cuenta con un plan para asegurar su conservación en la comunidad y,  además, ha visto cómo la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que acogía su área de cría en Madrid ha sufrido una profunda degradación por la construcción de carreteras, polígonos industriales y la intensificación agrícola. Este hecho ha motivado que el núcleo reproductor de los pocos sisones que quedan en la región se hayan trasladado al término municipal de Campo Real, a un espacio que no cuenta con protección ni medidas de conservación. 

SEO/BirdLife estima que es necesaria una actualización urgente del catálogo y muestra la necesidad de incluir o modificar las categorías de 92 especies de aves recogidas en el catálogo. 

La organización también considera preciso revisar el estado de las siete ZEPAS de la región. Una de ellas, “Encinares de los ríos Alberche y Cofio”, sigue sin plan de gestión, anulado por los tribunales; y en general, todas requieren de mejoras que, en casos como el de las estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares, son urgentes. Asimismo, es conveniente que el Gobierno regional declare como ZEPA tres espacios identificados por los técnicos de SEO/BirdLife en el entorno de Campo Real, Torrejón de Velasco y Estremera. 

“El medio ambiente no puede sufrir la inacción o, incluso, de la desidia política. Descuidar la protección de las aves, del resto de especies y de la naturaleza en general deja en una situación de desamparo a la ciudadanía madrileña porque convierte a nuestra región en un espacio menos saludable y con menores garantías de generar una economía sostenible y de futuro”, ha indicado Ruiz.

Y ha añadido: “Una adecuada gestión de los espacios protegidos no solo genera beneficios ambientales sino también económicos. En Madrid, en concreto, se estima un impacto económico de los espacios  de 85 millones de euros al año. Eso, sin hablar de los servicios ecosistémicos que la naturaleza regala a todos los madrileños en forma de agua fresca o aire limpio. Su valor puede ser incalculable”.

La inacción legislativa en materia de especies y de espacios también es palpable a la hora de abordar las amenazas sobre el medio ambiente: la Ley 2/1991 para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid necesita una actualización y el Gobierno regional lleva ya siete años de retraso en la legislación sobre tendidos eléctricos peligrosos, una de las principales causas de mortalidad de la avifauna. 

Madrid también llega tarde en materia de protección de aves necrófagas, como los buitres negro y leonado. Es obligación del Ejecutivo autonómico impulsar un decreto identificando las zonas y la forma en que los ganaderos pueden dejar cadáveres de reses para que las aves se alimenten. Una vez más, la región incumple, en detrimento de la fauna y del sector ganadero de Madrid, que se ve obligado a sufragar costes de incineración de estos restos. 

En su comparecencia, a petición del diputado de Equo-Podemos Alejandro Sánchez, Ruiz también ha destacado que la Comunidad de Madrid es una de las pocas regiones que no cuentan con un plan de lucha contra el uso ilegal de veneno en el campo y no facilita a la organización la información completa sobre las causas de ingreso de aves en los centros de recuperación de su titularidad. Aún así, SEO/BirdLife ha sido capaz de contabilizar al menos 146 episodios de veneno en Madrid. Todos han quedado impunes.