El documento, firmado por mas de 35 organizaciones, entre las que nos encontramos,  responde a la ausencia de participación ciudadana en el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno

Las organizaciones firmantes del manifiesto, que nace del convencimiento de que la regeneración democrática sólo es posible si se elabora de manera democrática, reclaman que se tomen medidas urgentes y prioritarias en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno presenta hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados. Estas entidades expresan su profunda preocupación por la falta de consulta a la sociedad civil y a organizaciones especializadas durante la elaboración del plan, subrayando que la participación activa de estos actores es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de las reformas propuestas.

El presidente del Gobierno, reconociendo la creciente desconfianza hacia las instituciones, calificó hace unas semanas de imperativa la renovación de las estructuras democráticas a través de un plan integral de regeneración democrática que se presentará hoy  17 de julio en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las entidades firmantes recogen en el manifiesto áreas en las que el Gobierno debería implementar de manera prioritaria y urgente medidas. Medidas, que organismos europeos como la Comisión Europea, a través de su informe sobre el Estado de derecho en España, y el Consejo de Europa, mediante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), han señalado reiteradamente áreas críticas donde nuestro país debe mejorar para asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública.

Entre las principales medidas que propone el manifiesto se encuentra reforzar la transparencia y el acceso a la información, reconociendo el derecho de acceso a la información como derecho fundamental o regulando la transparencia y participación de los grupos de interés o lobbies en los procesos de elaboración de normas y políticas públicas. Asimismo, proponen medidas para mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica, evitando el abuso del decreto-ley y la promulgación de normas que generen incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes.

En el caso de la participación ciudadana, que la Constitución consagra en el artículo 23.1, el manifiesto propone la activación de mecanismos innovadores como paneles y asambleas ciudadanas o la reforma del derecho constitucional de petición ante las diferentes administraciones para convertirlo en una herramienta ágil y eficaz al servicio de la ciudadanía.

Dado que la integridad y la rendición de cuentas son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia, el manifiesto asimismo urge la adopción de un código ético obligatorio para funcionarios y políticos, así como mecanismos robustos para evaluar y resolver conflictos de interés, como la  publicación proactiva de las declaraciones de bienes de altos cargos, funcionarios públicos y parlamentarios, así como la creación de una oficina independiente y con capacidad de imponer sanciones a quienes violen regulaciones sobre conflictos de interés.

En cuanto a la separación de poderes, piedra angular del sistema democrático, las entidades rubricantes insisten en la importancia de que cada institución actúe respetando el resto de poderes y autoridades. Para fortalecer la independencia del poder judicial proponen la mejora del sistema de nombramientos de puestos judiciales superiores reforzando criterios objetivos y transparentes que reduzcan la discrecionalidad,   aseguren la independencia y  refuercen la imparcialidad del sistema judicial.

Finalmente, el manifiesto llama a implementar acciones para preservar la salud informativa de la ciudadanía, combatiendo la desinformación mientras se respeta la libertad de información y se preserva el pluralismo de los medios. Esto incluye la promoción de la educación mediática, la garantía de transparencia en la financiación de los medios de comunicación, y la implementación de una buena gobernanza, y rendición de cuentas en los medios de titularidad pública. Así como garantizar el ejercicio pleno en España de los derechos a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación.

En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas es fundamental, las organizaciones firmantes llaman a las instituciones democráticas a mejorar la democracia con la participación de todos y reafirman su compromiso de colaborar activamente con el Gobierno y otras instituciones para asegurar la implementación efectiva de estas medidas.

Ver Manifiesto 

ENTIDADES FIRMANTES:

1. Access Info
2. Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)
3. Archiveros Españoles en la Función Pública
4. Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
5. Associació Ciutadania I Comunicació
6. Asociación de Archiveros Gestores de Documentos de la Comunidad Valenciana
7. Asociación de Prensa de Madrid
8. Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
9. Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental
10. Cámara Cívica
11. Cátedra J.M Martín Patino de la Cultura del Encuentro
12. Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana (COBDCV)
13. Consejo de la Juventud de España
14. Deliberativa
15. Demos Lab
16. Equipo Europa
17. Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)
18. Federación de Sindicatos de Periodistas
19. Fundación Alternativas
20. Fundación Global Nature
21. Fundación NovaGob
22. Gobierno Transparente
23. Greenpeace España
24. Hay Derecho
25. Hexagonal
26. Marea Deliberativa
27. OSOIGO
28. Platoniq
29. Political Watch
30. Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA)
31. Red de Abogadas y Abogados para la Defensa Ambiental (RADA)
32. Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)
33. SEO/BirdLife
34. Talento para el Futuro
35. Xnet

Medidas en materia de regeneración democrática urgentes y necesarias