¿Puede una ONG contribuir a conservar la biodiversidad frente a los delitos ambientales y ayudar a frenarlos o combatirlos, tras reunir a los principales actores implicados? Parece que sí, y así lo demuestran los resultados, tras casi cinco años de trabajo, de un proyecto cuyo nombre ya indica gran parte de su cometido: convertir a la sociedad en “guardiana de la naturaleza”. Apoyado por la Comisión Europea, con plena colaboración de instancias policiales, poderes públicos y la ciudadanía, ha contribuido a que se detecte el doble de estos delitos y que se incoe un tercio más de procesos penales. Y todo ello para que se reduzcan a la mitad los ejemplares de fauna que mueren por actos criminales.

David de la Bodega Zugasti, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife

Esta primavera ha finalizado el proyecto Life Guardianes de la Naturaleza, que desde su puesta en marcha en 2018 ha conseguido logros destacables en la lucha contra la criminalidad ambiental. Coordinado por SEO/BirdLife, y financiado por el programa Life de la Unión Europea (UE), sus acciones han repercutido en la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad en España, Portugal y el resto de la UE.

Destaca como resultado más excepcional que desde 2018 se haya registrado casi la mitad de bajas de animales debido a actuaciones ilegales, objetivo principal al que se han dirigido todas las acciones del proyecto. Así, se ha llevado a cabo la formación especializada de más de 1.500 agentes de la autoridad, así como de otros profesionales y expertos del derecho y la conservación de la naturaleza en la lucha contra las acciones ilegales ambientales, y para una mejor coordinación entre ellos, a través de 25 cursos especializados. Se han visto beneficiados funcionarios y profesionales de los cuerpos policiales sobre investigación de delitos ambientales de España (agentes forestales y de medio ambiente, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d´Escuadra, Policía Foral de Navarra y policías municipales), así como de otros países, como la Guardia Nacional Republicana en Portugal y la Gendarmería Nacional en Francia.

Se ha editado el primer “Manual de investigación policial de delitos e infracciones contra la biodiversidad”, en español, inglés, portugués y griego, elaborado por la Junta de Andalucía y SEO/BirdLife con la colaboración de Europol. También, una “Guía de lecciones prácticas aprendidas sobre actuación legal en procedimientos penales por delitos ambientales”, que recoge la experiencia de SEO/BirdLife en los tribunales.

Inteligencia ambiental

Otro resultado importante es haber detectado un 110% más de delitos e infracciones ambientales desde la puesta en marcha del proyecto. Se ha pasado de 2.633 delitos contra la fauna en 2018 a 5.553 en 2022. A ello ha contribuido una de las principales herramientas creadas: la primera unidad de inteligencia ambiental de la UE: la Oficina Central Nacional (OCN), que representa un gran avance en la investigación policial, el análisis de información y la mejora de la coordinación y comunicación de las actuaciones a nivel nacional. Esta labor de la OCN se fortalecerá con material técnico, como cinco drones, radiobalizas, equipos de grabación de vídeo, material informático, así como una unidad de laboratorio móvil para la mejora de la investigación de estos delitos y la obtención de pruebas.

Reducir la impunidad

Otro hito es sin duda la reducción de la impunidad, con un 34,5% más de procedimientos judiciales incoados por delitos contra la fauna y la flora. SEO/BirdLife y SPEA se han personado en 31 procedimientos judiciales por caza ilegal, prevaricación administrativa, electrocución de avifauna, destrucción de hábitats, instalaciones energéticas en zonas protegidas o la concesión de autorizaciones para la destrucción de nidos de avión común o el control de cormorán grande, entre otros hechos.

De todos los procesos abiertos en España se han obtenido sentencias importantes, como la impuesta por la práctica del pardeleo –caza de pardela cenicienta– en Canarias, el cambio de uso del suelo para transformar cultivos agrícolas sin autorización en Red Natura 2000 o el reconocimiento de la competencia de la Junta de Castilla y León para establecer, como zona de protección frente a la electrocución y colisión de avifauna, a todo el territorio de la comunidad autónoma.

Además, con el objeto de canalizar la acción social, se ha desarrollado un Portal de Denuncias online en el que se han recibido y analizado miles de consultas ciudadanas desde 2020. Ello ha dado lugar a la tramitación y presentación de más de 700 denuncias escritas ante las autoridades públicas por diversos tipos de agresiones al medio ambiente.

El incremento de la detección de delitos y su judicialización se ha alcanzado también mediante operaciones concretas de la Guardia Civil contra el crimen ambiental. Se han llevado a cabo nueve operaciones específicas en hechos relacionados con el uso de veneno, el tráfico de especies y residuos, la extracción ilegal de agua, la electrocución de avifauna o la liberación de especies invasoras.

Una sociedad sensibilizada

En España, el 70,8% de la población considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de delitos (un 6,4% más que en 2018, cuando se puso en marcha el proyecto).

Dentro del objetivo de que todas las personas sean guardianas de la naturaleza y conozcan sus derechos, se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización ciudadana que ha difundido el valor del artículo 45 de la Constitución Española, el que regula el derecho de todas las personas a disfrutar de un medio ambiente sano y la obligación de defenderlo. Para ello se creó un espacio expositivo permanente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) de Madrid, visitado por más de 300.000 personas, compuesto por una obra del artista Julio Falagán y un vídeo en el que participan altas autoridades españolas, como el padre de la Constitución Miquel Roca o la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

También se ha logrado que una bandera simbólica del derecho fundamental a un medio ambiente sano ondee a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, de la Armada Española, en su travesía por el mundo.

A esto se suma la realización de ocho murales en distintos institutos de enseñanza secundaria de España haciendo hincapié en cada uno de ellos en una especie y un delito. Entre ellos, la caza ilegal, el uso ilegal de veneno, el tráfico ilegal de especies, la captura ilegal de fringílidos, los incendios intencionados o los vertidos de hidrocarburos. Han participado más de 650 estudiantes y 25 profesores, junto a la psicóloga y muralista Lourdes Berzas.

Conocer el impacto

Tener una correcta fotografía del impacto de las agresiones ambientales es esencial para la adopción de acciones. Por ello, SEO/BirdLife, en colaboración con SPEA y el proyecto europeo Life Against Bird Crimes, ha elaborado una metodología para la recopilación y seguimiento de casos de mortalidad no natural de fauna por causas intencionadas y no intencionadas. El objetivo es establecer una base de datos de esa información, que se ha materializado, en colaboración con el Miteco, en el Sistema de Información sobre Capturas y Muertes Accidentales (SICMA), que será la herramienta que en España recopile todos esos datos.

Otra importante aportación del proyecto es una metodología sobre valoración económica de fauna silvestre afectada por acciones ilegales, que resolverá el problema que supone la actual existencia de distintas valoraciones en las comunidades autónomas y la UE. Ello da lugar a que un ejemplar de una especie no valga lo mismo dependiendo de donde haya sido abatido o capturado. Por ejemplo, un águila imperial ibérica que fuera envenenada tendría un coste de 90.512 euros en Extremadura, 60.000 si hubiera muerto en Castilla-La Mancha, 3.900 euros en Madrid o 2.404 euros si hubiera comido el cebo en Castilla y León.

En el marco de la ampliación del conocimiento, uno de los objetivos del Life Guardianes de la Naturaleza ha sido conocer las motivaciones de la criminalidad ambiental. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio que recoge aspectos psicológicos, sociológicos, ambientales y criminalísticos de ese tipo de delitos (más información en páginas 30 y 31).

El proyecto ha contribuido a garantizar el derecho a un medio ambiente sano y mejorar la gobernanza ambiental. Se ha avanzado así en la aplicación de la normativa sobre electrocución de avifauna o del régimen de protección de la Directiva de Aves. 

HITOS

01 Formación especializada a más de 1.500 agentes de la autoridad españoles y de la UE.

02 Edición del “Manual de investigación policial de delitos e infracciones contra la biodiversidad».

03 Edición de la “Guía de lecciones prácticas aprendidas sobre actuación legal en procedimientos penales por delitos ambientales”.

04 Metodologías para la elaboración de bases de datos sobre delitos ambientales y la valoración económica de fauna.

05 Tres Informes jurídicos para la mejora del marco normativo ambiental.

06 Contribución a la creación del Sistema de Información sobre Capturas y Muertes Accidentales (SICMA).

07 Estudio de la motivación de la criminalidad ambiental.

08 Creación de la primera unidad de inteligencia ambiental de la UE: la Oficina Central Nacional (OCN) y operaciones específicas contra los delitos ambientales.

09 Dotación de recursos técnicos para la mejora de la investigación policial.

10 Personación en 31 procedimientos judiciales y obtención de sentencias que protegen el medio ambiente.

11 Creación de un Portal de Denuncias para la ciudadanía.

12 Presentación de más de 700 denuncias escritas ante las autoridades públicas.

13 Creación de un espacio expositivo en el MNCN sobre el artículo 45 de la Constitución Española, visitado por 300.000 personas.

14 Colocación de una bandera simbólica del derecho fundamental a un medio ambiente sano en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.

15 Realización de ocho murales sobre delitos contra la fauna en puntos con altos índices de criminalidad ambiental.

 

Participantes

El proyecto está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección General de la Guardia Civil (Seprona) como socios beneficiarios. Apoyado por la Comisión Europea, los cofinanciadores son el Gobierno de Canarias y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

 

Por una mejor gobernanza ambiental

Como administración que coordina a nivel nacional las políticas de protección de la biodiversidad, el Miteco ha facilitado la ejecución e implantado las actuaciones de este proyecto. La elaboración de documentación sobre la situación de los ilícitos ambientales y el perfil de los causantes, por ejemplo, son de utilidad para optimizar la lucha contra el crimen ambiental. También ha colaborado en la extensa batería de acciones formativas desarrolladas, especialmente dirigidas a cuerpos y fuerzas de seguridad, agentes medioambientales y sector judicial. Igualmente, la proyección internacional del proyecto ha sido muy importante, y ha contribuido a transferir conocimiento y experiencias a otros países.

Por otra parte, en los últimos años se ha echado en falta, de forma creciente, una metodología para la valoración económica de los especímenes de fauna en España. Actualmente, varias comunidades autónomas tienen publicados valores económicos, pero no hay una armonización y coherencia entre ellos a escala nacional o europea. Por ello, el trabajo realizado para proponer una metodología de valoración económica ha sido importante y ha permitido conocer detalles de trabajos previos de otros países. Esperamos que este protocolo pueda ser oficialmente aprobado cuanto antes. Respecto a la creación de un Sistema de Información sobre Capturas y Muertes Accidentales (SICMA), el ministerio y SEO/BirdLife coordinaron su diseño y van a colaborar para completarla y actualizarla periódicamente. SICMA permitirá disponer de la mejor información posible a nivel nacional sobre las distintas causas de mortalidad no natural de fauna.

Se puede concluir que esta iniciativa ha producido un efecto muy positivo en la divulgación del problema y el aumento del compromiso de distintas unidades administrativas, sobre todo a nivel policial y judicial. El incremento en la dotación de recursos para investigación de casos y la mejora de los procedimientos de tramitación pueden considerarse también mejoras que hay que agradecer al proyecto Guardianes de la Naturaleza.

Ricardo Gómez Calmaestra y Rubén Moreno-Opo Díaz-Meco, jefes de Servicio de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, del Miteco.

 

Defender el interés colectivo

Siento la certeza de que para el disfrute presente y futuro de la maravillosa ”biodiversidad emplumada” resultan necesarias políticas públicas de conservación y una sociedad civil implicada en la defensa del medio ambiente y la naturaleza que sirva tanto de acicate como de atenta vigilante.
Mi aportación, como abogado en ejercicio, a esta encomiable labor se desenvuelve principalmente en la arena procesal, ante los juzgados y tribunales de justicia. Un terreno que debemos reconocer que está principalmente pensado para la defensa de intereses particulares. De este modo, la defensa de los intereses colectivos ambientales fuerza las costuras del ordenamiento jurídico-procesal y enfrenta dificultades como la exigencia de fianzas -en muchos casos desorbitadas-, la dificultad probatoria, la falta de especialistas forenses, el desconocimiento de la materia o la falta de sensibilidad respecto a la importancia de las cuestiones relativas a la biodiversidad.

Precisamente el proyecto Life Guardianes de la Naturaleza me ha brindado la extraordinaria oportunidad, pero también la responsabilidad, de enfrentar en representación de SEO/BirdLife diferentes procesos penales relativos a delitos contra la avifauna protegida en toda su complejidad, así como de participar en la más que interesante publicación «Guía de lecciones prácticas aprendidas sobre actuación legal en procedimientos penales por delitos ambientales”, en la que se ofrecen instrumentos, herramientas y antecedentes para superar, desde la experiencia, muchas de estas dificultades en el proceso ambiental.
El camino por recorrer es aún largo, pero más largo es lo andado, y el sendero está bien definido. Es el momento de reclamar mejoras en la legislación procesal, pero también en la práctica judicial utilizando los instrumentos legales, desde tratados y convenios internacionales a directivas comunitarias y normativa interna, para facilitar y también fomentar la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza ante los Tribunales de Justicia, y que la “arquitectura judicial” no sea un obstáculo para ello.

Jaime Doreste, abogado ambientalista y asesor del Life Guardianes de la Naturaleza

Este artículo ha sido publicado en el nº 39 de la revista Aves y naturaleza, editada por SEO/BirdLife

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