Hemos estado presentes esta semana en una nueva fase del litigio por electrocución de avifauna en el que ejercemos la acusación popular. En este caso, las declaraciones ante el juez de los responsables de la empresa juzgada, E-distribución Redes Digitales, S.L.U, perteneciente a ENDESA. Se trata de un proceso penal abierto en 2018 por la electrocución de más de 250 de aves protegidas como cigüeña blanca, busardo ratonero, culebrera europea, azor común o búho real.
La querella del Fiscal de Barcelona, que inició el procedimiento, se fundamentaba en parte en la denuncia presentada en 2018 por SEO/BirdLife y el Grupo GACO por la electrocución de medio centenar de cigüeñas en migración muertas en torres eléctricas de Sant Quirze de Besora (Osona -Barcelona) pertenecientes a la empresa investigada.
Ejercemos la acusación popular en el marco del LIFE Guardianes de la Naturaleza, publicó recientemente un informe sobre las causas de mortalidad no natural de avifauna en España, en el que se certifica que los tendidos eléctricos son una de las principales causas de mortalidad de aves: el 48% de los casos registrados en los centros de recuperación de fauna de España en los últimos diez años corresponden a colisiones y electrocuciones con estas infraestructuras
Lamentamos que, una vez más, las organizaciones no gubernamentales tengan que recurrir a los tribunales para que las empresas eléctricas corrijan sus tenidos para evitar la muerte de aves, muchas de ellas amenazadas. Seis representantes de E-distribución Redes Digitales, S.L.U, filial de Endesa, han declarado en el Juzgado de Instrucción nº 1 Vic en un procedimiento, en el que SEO/BirdLife ejerce como acusación particular, por la supuesta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y de un delito continuado relativo a la protección de la fauna debido a las electrocuciones registradas en Barcelona.
Subrayamos que el compromiso ambiental de las distribuidoras de electricidad se ha de probar sobre el terreno, atajando los impactos negativos que tienen las infraestructuras, en este caso tendidos, claves en su modelo de negocio y en los dividendos que genera. Mirar hacia otro lado, argumentando que este tipo de actuaciones deben ser sufragadas con dinero público, como declararon ante el juez, tiene difícil encaje tanto en la normativa sobre responsabilidad ambiental como en las propias políticas de responsabilidad corporativa impulsada por estas entidades.
Es preocupante la posibilidad de que aumenten los litigios sobre esta cuestión y se prolonguen en el tiempo, perpetuando así que tendidos eléctricos no corregidos sigan siendo una relevante causa de mortalidad en aves. Por ello, y para atajar esta situación, apremiamos al Gobierno a aprobar un nuevo real decreto sobre corrección de tendidos que, por un lado, extienda la corrección de puntos peligrosos a todo el territorio –ahora, se limita a determinadas zonas sensibles- y que, por otro, establezca un mecanismo para que las correcciones sean sufragadas por las empresas propietarias, evitando que el coste luego pueda ser traspasado al consumidor en la factura eléctrica. Defendemos que esta nueva norma no puede demorarse más allá de 2023.
255 electrocuciones en la comarca de Osona
En el caso concreto que se juzga en Vic, la empresa denunciada habría sido informada y requerida por las autoridades catalanas para corregir los tendidos eléctricos que estaban causando la electrocución de avifauna, sin que se procediera a su corrección y causando nuevas mortalidades. La fiscalía de Medio Ambiente considera que no se realizó ninguna actuación o inversión decidida y seria por los investigados para revertir esa situación, pudiendo hacerlo, pues eran conocedores del grave riesgo que causan los tendidos.
Y es que tal como consta en las diligencias del caso, desde el año 2018 hasta el 2020, según información recogida por los agentes rurales de Cataluña, se produjeron en la comarca de Osona 255 casos documentados de electrocución de la avifauna con torres eléctricas con conductores sin protección y que pertenecen a la empresa denunciada.
Entre las especies electrocutadas se encuentran especies protegidas e incluidas en el Anexo I de especies de interés comunitario de la Directiva de Aves, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Convenio de Berna, relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. Entre ellas, 7 busardos ratoneros, 7 culebreras europeas, 4 azores comunes, 2 cernícalos vulgares, 3 búhos reales, 2 halcones peregrinos, 12 buitres leonados y 173 cigüeñas blancas.
Las electrocuciones afectan también a la avifauna de otras comarcas de Barcelona, como el Garraf, el Baix Llobregat o el Alt Penedès, donde se han detectado igualmente casos que afectan a especies protegidas. Además, hay que tener en cuenta que el número de aves siniestradas supone una fracción muy pequeña con respecto a los numerosos casos de electrocución de aves que se producen en realidad y que no pueden ser constatados por los agentes rurales, al ocurrir en torres eléctricas situadas lejos de la población o haber desaparecido por su depredación u otras causas.
Los tendidos eléctricos detrás del 48% de la muerte de aves
En un estudio publicado por SEO/BirdLife se analizan en España las principales causas de mortalidad no natural de aves a partir de los registros de los Centros de Recuperación de Fauna (CRF) de todas las comunidades autónomas entre 2000 y 2018. Con 272.655 registros analizados, el informe concluye que la colisiones en tendidos eléctricos constituyen una de las principales causas de mortalidad de avifauna (un 40% de los casos analizados)que afecta a 305 tipos diferentes de especies. En un 8% es la electrocución en estas infraestructuras la que produce la muerte de 89 tipos de aves.
En general, la literatura científica, sitúa a los tendidos no corregidos o con medidas anticolisión como un importante factor de mortalidad de la avifauna, junto con otras infraestructuras como son los aerogeneradores eólicos ubicados en espacios sensibles, carreteras, fundamentalmente por atropellos, o las cristaleras de edificios y otras instalaciones.
El papel de la ONG
Hemos solicitado la personación para ejercer la acusación popular en los tribunales, con el objetivo de hacer un seguimiento del procedimiento y para que, en caso de que se constaten los hechos, se dicte una sentencia que permita aclarar la responsabilidad de los propietarios de líneas eléctricas frente a la electrocución de avifauna y las consecuencias legales de la falta de corrección de los tendidos peligrosos. Este es uno de los objetivos específicos del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para mejorar la eficacia de las acciones dirigidas a luchar contra los delitos ambientales.
Además, llevamos varios años trabajando para limitar los efectos de los tendidos eléctricos contra la avifauna. Somos parte de la plataforma SOS-Tendidos, formada por varias ONG y entidades, y hemos promovido denuncias frente al Defensor del Pueblo, mejoras normativas y acciones de voluntariado.
Según David de la Bodega Zugasti, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, “Las declaraciones por parte de la empresa investigada han dejado clara su visión respecto a la electrocución de avifauna: las medidas de corrección dependen de la financiación de las administraciones públicas y sólo en zonas determinadas. . Este tipo de procedimiento puede contribuir a aclarar quién debe de pagar el daño que producen a la avifauna y acelerar las innumerables correcciones de tendidos peligros que amenazan la biodiversidad”.
Guardianes de la Naturaleza
La personación y actuación legal de SEO/BirdLife se realiza en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Este proyecto pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.
Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección general de la Guardia Civil (Seprona), como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias y el Ministerio para la Transición ecológica y Reto Demográfico (MITECO).