Abogados y juristas ambientales apuntan las líneas de actuación para el presente y el futuro del ejercicio del derecho a un medio ambiente sano.

 

Recientemente ha tenido lugar una jornada organizada por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y SEO/BirdLife, en el marco del LIFE Guardianes de la Naturaleza, para debatir sobre el presente y el futuro del ejercicio del derecho ambiental, un derecho que ya recoge el artículo 45 de la Constitución Española, que celebra si día el próximo 6 de diciembre; y que ya se ha reconocido por Naciones Unidas.

Más de 150 expertos y profesionales del derecho, procedentes de toda España y de Portugal (con la participación de la Asociación Sindical de Jueces Portugueses (ASJP) y abogados ambientalista lusos) compartieron experiencias para extraer unas recomendaciones y líneas de acción en relación a la aplicación y la enseñanza del derecho ambiental.

Contextualizado en la actual situación de emergencia climática y de pérdida de biodiversidad, donde los compromisos internacionales medioambientales son cada vez más amplios y exigentes, tras esta jornada ha quedado más patente aún la importancia del derecho ambiental como herramienta para la conservación del patrimonio natural y para el buen estado de salud de los ecosistemas y de la salud humana.

Miguel López, director de organización de SEO/BirdLife apunta que “El reconocimiento de la ONU a un derecho universal a un medio ambiente sano debe inspirar las políticas y actuaciones de los poderes públicos y servir de impulso para una transformación social que ponga al medio ambiente en primer lugar. En la defensa de ese derecho deben participar todos los actores implicados, teniendo los abogados y juristas un papel esencial.”

El ejercicio del derecho ambiental en la empresa

Desde el ámbito empresarial se destaca la importancia de trabajar en un marco normativo claro, tratando de evitar la duplicidad regulatoria que dificulte el cumplimiento ambiental. Además, es necesario establecer los mecanismos para la participación efectiva de los trabajadores en el plano medioambiental de la empresa, así como la creación o implantación de un Delegado de Medioambiente.

Asimismo, es imprescindible reportar el estado de información no financiera por parte de las empresas y alentar la función informadora, formadora y constructiva de los abogados que asesoran a las compañías para garantizar el más estricto cumplimiento de la normativa ambiental.

Las Administraciones como entidades garantes de la aplicación del derecho ambiental

La figura de la Administración como garante del medio ambiente es imprescindible la sociedad. A pesar de ello, en la jornada se han identificado debilidades en la situación del Estado de Derecho (prevaricación, falta de ejecución de sentencias, laxitud normativa, etc) así como la carencia de recursos técnicos, humanos y competenciales para desempeñar dicha labor.

Por ello, se recomienda ampliar las competencias de los fiscales a los actos de las Administraciones Públicas y la aplicación del derecho administrativo; aplicar el principio in dubio pro Natura como informador de los procesos legislativos, procedimientos administrativos y de los conflictos o confluencia de intereses. También, es recomendable establecer programas de formación y especialización suficientes para los funcionarios públicos encargados de garantizar la aplicación del derecho ambiental, así como la inclusión de la materia en los programas formativos de la Escuela Judicial.

La experiencia de ejercicio abogacía ambiental en el tercer sector

El papel de las ONG en la aplicación del derecho ambiental es fundamental, aporta datos e información de relevancia a los procesos judiciales, personándose en los mismos o participando en los procesos legislativos. Se hace necesario una regulación que fomente el derecho de acceso a la justicia por parte de la Sociedad Civil.

En este sentido, SEO/BirdLife ha desarrollado una guía práctica sobre actuación legal en procedimientos penales por delitos ambientales que recoge la experiencia de la organización en la defensa legal del medio ambiente en tribunales frente a delitos contra la fauna, contra la ordenación del territorio, por la destrucción de hábitats o por prevaricación administrativa, entre otros. Según David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, “garantizar el cumplimiento de la legalidad ambiental es una herramienta esencial para la conservación de la biodiversidad y nuestro propio bienestar”.

Innovación jurídica de la defensa ambiental

Se ha avanzado en este sentido con una innovadora forma de regulación implantada en algunos ordenamientos jurídicos a la hora de desarrollar y poner en práctica medidas y propuestas legislativas, los sandboxes. Igualmente, es ya una realidad que Naciones Unidas ha reconocido como un derecho humano disfrutar de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. España fue uno de los 100  países patrocinadores de la resolución gracias al impulso de la sociedad civil y de la campaña #1Planet1Right puesta en marcha por  BirdLife International. La resolución reitera que todos los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos incluido este nuevo derecho.

Formación y relevo generacional

Los expertos coinciden en que es insuficiente la implantación de los estudios en materia de derecho medioambiental en los principales grados universitarios, así como que es imprescindible la implantación de una perspectiva medioambiental a todos los niveles educativos y formativos.

 

LIFE Guardianes de la Naturaleza

El proyecto Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.

Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Dirección General de la Guardia Civil, como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).