Coincidiendo con la celebración del Día de la Agricultura -hoy, 9 de septiembre- insistimos, junto con WWF, en que, tras cuatro años de reforma, la nueva PAC no resuelve las principales deficiencias socioambientales de esta política
El pasado 31 de agosto, la Comisión Europea aprobó el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) de España, ligeramente retocado a raíz de sus observaciones, pero no lo suficientemente ambicioso como para atender las demandas que la sociedad civil trasladó a primeros de año durante la Evaluación Ambiental Estratégica, cuyo resultado aún se desconoce. Paralelamente a la revisión y aprobación europea, han transcurrido las consultas públicas de los proyectos de normas que desarrollan la aplicación de dicho PEPAC a partir de 2023, en lo referente a normativa ambiental y laboral, derechos históricos de pago, eco-regímenes y ayudas asociadas a cultivos y ganado, sistema de gestión y control y gobernanza, a los que SEO/BirdLife y WWF han presentado alegaciones.
Ambas organizaciones ya enviaron sus propuestas en el mes de mayo para la redacción de estas normas y, ahora, han dado este paso tras examinar detalladamente los borradores de los documentos y comprobar que, salvo tímidos avances, las normas mantienen el statu quo de las anteriores reformas, por lo que difícilmente lograrán cumplir los objetivos ambientales y sociales que debería alcanzar la nueva PAC en el marco del Pacto Verde Europeo, en consonancia con normas como el futuro Reglamento europeo para la reducción del uso y riesgo de plaguicidas y la norma marco para Sistemas Alimentarios Sostenibles.
Excepciones que rebajan la ya escasa ambición ambiental
La nueva PAC demandará el cumplimiento de una mínima parte de la normativa ambiental, sin reforzar realmente los actuales requisitos en materia de agua, suelo, clima y biodiversidad. Además, las normas se aplicarán sólo a parte de las ayudas, dejando al margen aquellas para los sectores de las frutas y hortalizas, el vino, la apicultura y las cuantiosas inversiones con fondos del desarrollo rural; cuando todas ellas pueden tener un elevado impacto ambiental negativo.
A esto hay que añadir que la Comisión Europea ha posibilitado que en 2023 se deroguen las obligaciones de hacer rotación de cultivos y de mantener espacios para la biodiversidad, esta última ya efectuada en 2022 sobre los barbechos. El Ministerio de Agricultura ya ha confirmado a la Comisión Europea la adopción de estas derogaciones en España, aunque haya abierto una consulta pública cuyo plazo acaba hoy.
Las ONG han insistido en sus alegaciones que se trata de prácticas esenciales para mantener la biodiversidad, especialmente la avifauna más amenazada, y cumplir con las normas europeas que la protegen. Igualmente, son de utilidad agronómica para mantener la productividad de los agroecosistemas y la viabilidad de las explotaciones en el medio y largo plazo, horizonte en el que la agricultura y la ganadería sí están en riesgo, y no ahora a raíz de una crisis especulativa de los mercados agrarios de la Unión Europea.
Los grandes abandonados: los sistemas extensivos
Otro aspecto cuestionado es que la ayuda básica a la renta de los productores mantiene las enormes diferencias de pago entre regiones, según su productividad y costes históricos, pese a los avances en la convergencia interregional. Así, perpetúan regiones de cultivos herbáceos en regadío con 1.229 €/ha y, 22 veces por debajo, regiones de pastos permanentes (incluidas las dehesas) con 56 €/ha, manteniendo el statu quo vigente. Por tanto, concluyen las ONG, los Sistemas Agrarios de Alto Valor socioambiental vuelven a ser los grandes abandonados con la nueva reforma.
Campo de colza, en Guadalajara. Autora: Tamara Rodríguez-SEO/BirdLife
Pese al planteamiento positivo de los nuevos pagos verdes de la PAC en forma de prácticas agrarias potencialmente beneficiosas, los denominados eco-regímenes, las ONG vuelven a mostrarse críticas con que no sean acumulativos para fomentar los sistemas que realizan más y mejores prácticas para el clima y el medio ambiente. Al haber calculado los importes en función del coste de oportunidad de cada tipo de superficie, resultan insuficiente en el caso de las más extensivas, y no se han complementado con los pagos adicionales a las fincas en espacios de la Red Natura 2000, o donde los ganaderos coexisten con fauna carnívora y en las zonas de alto riesgo de incendios, para los cuales solicitan un incremento del 15%. Como ejemplo, la práctica con mayor potencial para la biodiversidad, que es la creación de espacios para su refugio y alimento, tiene la peor remuneración por hectárea de todas, partiendo de 8,51€/ha (frente a los 165,72€/ha para la siembra directa en superficies de regadío). WWF y SEO/BirdLife no conciben que algunas de estas prácticas se puedan fomentar haciendo uso de herbicidas (como la siembra directa), o que las cubiertas verdes se paguen igual que las inertes, cuando las primeras llevan mayor esfuerzo de manejo y las segundas ya vienen haciéndose habitualmente en los cultivos leñosos.
Las ayudas asociadas seguirán apoyando producciones altamente intensivas y contaminantes como el tomate industrial o el engorde de terneros en cebaderos, que deberían ser rentables de por sí y que, sin embargo, ni siquiera incorporan medidas preventivas, correctoras o compensatorias, que deberían haber resultado de una Evaluación Ambiental Estratégica aún desconocida. Por ello, SEO/BirdLife y WWF vuelven a pedir que estas ayudas se condicionen a dichas medidas y se exija la aplicación a todas ellas de la gestión sostenible de insumos: agua, fertilizantes, fitosanitarios y de programas para su transición agroecológica. Por el contrario, como novedad positiva, aunque escasa económicamente, destacan la ayuda asociada a la ganadería extensiva que pastorea en rastrojos, barbechos y zonas de huerta, y que no tenía ayuda a la renta por ser superficies que están en manos de los agricultores, algo que ahora se hace compatible.
Formación, transparencia y participación
Falta por ver el desarrollo normativo que las comunidades autónomas harán de las ayudas para el desarrollo rural, pero SEO/BirdLife y WWF consideran fundamental una formación y asesoramiento que ayude a los productores a mejorar la gestión de los recursos naturales, la biodiversidad y su contribución climática, y les permita adaptarse progresivamente al marco europeo establecido por el Pacto Verde Europeo, que será necesariamente más exigente cada vez si las cosas no cambian.
Ambas ONG han pedido que, como parte del sistema de gestión y control del PEPAC, se publique el informe anual de rendimiento sobre la aplicación del PEPAC que ha de enviarse a la Comisión europea, de modo que la sociedad conozca la evaluación y el seguimiento en cuanto al logro de los resultados y metas previstas. Asimismo, que se elimine toda excepción de control a los beneficiarios y que se amplíen los escasos porcentajes de control de las solicitudes de estas subvenciones públicas.
En cuanto a la normativa de gobernanza, las ONG también solicitan mayor representación de la sociedad civil tanto en el Comité de Seguimiento del PEPAC como en el Sistema de Conocimiento e Innovación Agraria. Y demandan que el examen bienal del rendimiento que ha de enviarse a la CE incorpore la evolución de los sistemas y prácticas agrarias, así como el estado de los agroecosistemas, para valorar el beneficio real de esta política en la sostenibilidad ambiental de los sistemas agrarios.
