Celebramos el paso que ha dado hoy la política ambiental del país con una ley, esperada desde hace más de una década, y que tiene que actuar como paraguas normativo para activar la ambición climática

Mañana, cuando entre en vigor, la norma establece deberes claros a todas las administraciones públicas del Estado. SEO/BirdLife resalta dos prioridades: garantizar un despliegue renovable compatible con la biodiversidad y el establecimiento de un comité de expertos que asesore, desde la ciencia, las políticas de clima del país

Celebramos la aprobación definitiva de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética esta mañana en el Congreso de los Diputados, que marca un hito clave, y esperado desde hace  una década, en el camino hacia la descarbonización completa de la economía de España, uno de los países más expuestos de Europa. A juicio de la organización ecologista,  el texto aprobado hoy ha de actuar como paraguas normativo para activar la ambición climática en la acción de las administraciones públicas y de los agentes económicos.

“Hoy es un gran día, se aprueba definitivamente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley va a permitir que España no sea el desierto de Europa, una ley que marca el inicio del camino”, declara Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, y añade: “Hoy es día de felicitaciones para el Gobierno, para todos los partidos políticos que han contribuido a mejorar este texto de ley, para las organizaciones que llevamos empujando para que esto sea una realidad y, en especial, para las ciudadanas y ciudadanos que a partir de hoy contamos con una herramienta que mejorará nuestra calidad de vida y la de las futuras generaciones. Podremos reclamar acción y ambición con la ley en la mano”.

SEO/BirdLife recuerda que la ley pone deberes a todas las administraciones públicas, además de a otros muchos entes públicos y privados. Y fija dos prioridades: ordenar sobre el territorio el desarrollo renovable para que sea compatible con la conservación de la biodiversidad y la de los espacios de alto valor ecológico de nuestro país,  y crear un comité experto sólido, para que, desde la ciencia, se oriente las nuevas metas de disminución de emisiones.

La organización ecologista considera que se trata de dos cuestiones que pueden y deben resolverse de forma rápida, en los próximos meses, y que permitirán ofrecer seguridad y garantías en las actuaciones tanto a las administraciones públicas como a las empresas y a la ciudadanía.

Prioridad 1: Renovables responsables

Una de las tareas más relevantes es garantizar que se priorice la implantación de las energías renovables, fomentando además el despliegue del autoconsumo y las comunidades energéticas, en las zonas de baja o media sensibilidad para la biodiversidad, incluidos el medio urbano, otras zonas edificadas o degradadas y agrosistemas en los que sea posible combinar el desarrollo renovable con la actividad productiva.

Para ello, tal y como marca la norma, es necesario que se desarrollen mapas que marquen aquellas zonas prioritarias y, también, las que deben quedar excluidas del despliegue renovable por su importancia para la biodiversidad. SEO/BirdLife considera fundamental que estas zonificaciones se desarrollen en normas vinculantes, tanto a nivel estatal –donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta ya con una primera zonificación orientativa- como en todas las comunidades autónomas, donde prácticamente no se ha abordado este tema.

Existen diversos instrumentos relevantes, como por ejemplo las subastas de capacidad, la  planificación energética y eléctrica, la ordenación territorial y los criterios o mapas de sensibilidad ambiental, pero faltan unos mínimos comunes entre las distintas comunidades autónomas. Es importante actualizar estas herramientas a la luz de los nuevos objetivos de energías renovables del plan estatal de energía y clima (‘PNIEC’) y garantizar una buena coordinación entre las autonomías y el Gobierno central.

“Ahora más que nunca -señala Asunción Ruiz-, con una base jurídica ya aprobada, hay que saber conjugar objetivos, como es reducir emisiones, conservar biodiversidad, garantizar la producción de alimentos y la renta agraria, crear empleo y dar solidez y sostenibilidad al medio rural. Estamos aquí para participar y ayudar a los gobiernos a encontrar la mejor fórmula, sobre todo en estos momentos en los que es necesario dar respuestas claras y rápidas a las protestas crecientes de colectivos asustados por la velocidad y la escala de los nuevos desarrollos energéticos en el campo”.

Jornadas: renovables responsables

Precisamente para abordar estos “deberes” en torno a las renovables responsables y abrir un foro para construir soluciones que garanticen la compatibilidad entre la conservación de biodiversidad y el necesario despliegue de renovables, SEO/BirdLife, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organizan el próximo jueves, 20 de mayo, la Iª Jornada  por unas Renovables Responsables, que contará con la participación tanto del Gobierno nacional como de diferentes Ejecutivos autonómicos, sociedad civil y agentes del sector. La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, inaugurará el encuentro on-line, que se retransmitirá a través del canal de Youtube de SEO/BirdLife.

Prioridad 2: Comité de expertos

Otra norma que debería aprobarse este mismo año se centra en ofrecer una base sólida al comité experto que ya aparece en la nueva ley con el papel de asesorar al Gobierno en materia de cambio climático y transición energética. Para la organización ecologista será preciso seguir avanzando para acelerar todo lo posible la transición ecológica, siguiendo precisamente la recomendación unánime de la ciencia. Para facilitarlo, sería muy deseable avanzar rápido con el nombramiento y puesta en marcha de este comité, atendiendo con ello, además,  a la petición firmada el pasado noviembre por más de 400 personas del mundo de la investigación.

A juicio de SEO/BirdLife, en el establecimiento del comité, es importante asegurar:

• La independencia de sus integrantes frente a grupos de presión, partidos o empresas.
• Su independencia y estabilidad económica, con recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones (honorarios, personal de apoyo, contratación de estudios, etc.).
• Además de su función asesora prevista en la ley, iniciativa propia para vigilar y evaluar de forma continua la acción del Gobierno en la aplicación de la ley.
• Ser escuchado ante la toma de decisiones clave, como la aprobación o modificación de objetivos, planes, estrategias o presupuestos.
• Su transparencia mediante la publicación de sus informes y otros escritos, además de los resultados de sus reuniones.

“La ciencia señala la necesidad de reducir las emisiones a nivel mundial en un 7,6% al año a 2030 para limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC. Los países industrializados deben hacer más de la media, en línea con el Acuerdo de París. Tenemos que seguir avanzando para lograrlo y, en este cometido, un  nuevo comité independiente debe aportar información rigurosa y objetiva. El trabajo de órganos parecidos en el Reino Unido y Alemania ha sido clave en los anuncios de mayor ambición a 2030 en estos países. Si se constituye con rapidez, podrá contribuir decisivamente a la revisión al alza de los objetivos de España en 2023, tal y como marca la ley aprobada hoy”, señala el responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell.

Otras novedades de la ley

Entre numerosas novedades importantes que contempla la ley hoy aprobada, SEO/BirdLife subraya las obligaciones para el Banco de España, el Gobierno y las empresas más grandes de rendir cuentas y evaluar los riesgos que suponen el cambio climático y la descarbonización para la economía y para el negocio; poner fin a las nuevas exploraciones y explotaciones de los combustibles fósiles y de la minería de uranio en territorio nacional; avances en transporte de emisiones cero, educación ambiental y participación social; fijar objetivos -aunque demasiados tímidos- para la reducción de las emisiones, la energía y el transporte limpio en 2030, 2040 y 2050, y dar nuevos pasos -también algo tímidos- en la fiscalidad verde y la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles.