Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF hemos enviado una carta al Gobierno español pidiendo el abandono inmediato del Tratado de la Carta de la Energía.

Alertamos sobre los peligros que conlleva continuar en un tratado obsoleto que protege las inversiones en combustibles fósiles y permite que los países sean demandados ante tribunales privados.

El envío de la carta se ha efectuado en la fase final del proceso de modernización en curso que debería alinear el Tratado con los objetivos climáticos europeos e internacionales.

Se ha enviado a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la Secretaria de Estado de Energía, Sara Agaesen, a la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez Bértolo, y a la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau, solicitando la salida inmediata del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) en vista del fracaso del actual proceso de modernización.

Y se ha hecho coincidiendo con el inicio de la última ronda de negociaciones para modernizar el TCE y con la filtración  de un documento que revela que España, Alemania, Países Bajos y Polonia tienen serias dudas sobre la viabilidad de este proceso y piden a la Comisión Europea que evalúe cómo podría iniciarse una salida coordinada del Tratado. Una noticia que las organizaciones celebran y que esperan cristalice, ya que es un paso imprescindible en la descarbonización de nuestra economía.

El TCE, firmado por España en 1994 a espaldas de la ciudadanía y sin participación y debate público junto a otros 52 países de Europa y Asia, es un acuerdo internacional para el sector de la energía que se ha vuelto en contra de la soberanía de los Estados y la lucha contra el cambio climático, además de convertirse en una fuente inagotable de demandas millonarias contra los Estados. 

El Tratado incide en la protección de  las inversiones  en el sector energético, especialmente aquellas relacionadas con el carbón, el petróleo y el gas. “A día de hoy la infraestructura fósil protegida por el TCE en Europa asciende a 344.600 millones de euros”, advierten las organizaciones. Su piedra angular, el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), permite a inversores y multinacionales energéticas demandar a los Estados ante tribunales privados y reclamar compensaciones millonarias por prácticamente cualquier medida que perjudique sus intereses económicos. Un hecho que ha dado lugar a 142 demandas conocidas, muchas de ellas a raíz del desarrollo de planes para la descarbonización por parte de los países.

En 2020 se inició un proceso para modernizar el TCE, pero después de dos años y a un mes para que terminen las negociaciones para reformar el texto, las cinco organizaciones ecologistas insisten en que es hora de abandonar el Tratado, dado que toda la información disponible indica que poco se ha conseguido en relación con los puntos más críticos del Tratado.

Por un lado, los cinco grupos ambientales alertamos que alinear el TCE con el Acuerdo de París requiere la finalización inmediata de la protección de las inversiones en combustibles fósiles en todos los países signatarios, algo que no está sobre la mesa de negociación y que además requeriría el voto unánime. De hecho, la propuesta más ambiciosa hasta la fecha, de la Comisión Europea, propone mantener la protección de las inversiones fósiles hasta mediados de la década de 2030 para las inversiones existentes, y hasta 2040 para las nuevas inversiones en infraestructuras de gas. Si  no se efectúa la salida del Tratado, las inversiones en combustibles fósiles van a seguir estando protegidas durante los años críticos de la transición energética. 

Por otro lado, las organizaciones destacamos que el mecanismo ISDS no se ha incluido en la agenda de modernización del TCE y permanece intacto. Un hecho que choca directamente con el ordenamiento jurídico de la UE y que se traduce en que los países seguirán recibiendo demandas multimillonarias por impulsar cambios en su política energética, tal y como le ha ocurrido a Países Bajos tras la aprobación de una ley para eliminar el carbón en 2030.

Además, las cinco organizaciones ecologistas denunciamos que las doce rondas de negociación celebradas se han desarrollado sin transparencia y escrutinio público. ”No hay documentos significativos disponibles sobre las negociaciones en curso y las opciones actuales que se están considerando para eliminar la protección de los combustibles fósiles”, afirman. 

El  próximo 24 de junio tendrá lugar una conferencia extraordinaria de la Secretaría del TCE, que tiene por objetivo alcanzar un texto modernizado. Se trata de un encuentro que las organizaciones consideran preocupante, ya que este plazo no deja espacio suficiente para consultas y debates públicos adecuados, tanto a nivel europeo como nacional. 

En la carta, la coalición de organizaciones reclamamos el abandono del Tratado:  “La salida conjunta de la UE del TCE […] es la única manera para garantizar que las políticas climáticas no sean socavadas y que la legislación de la UE no sea eludida”. En el contexto de crisis energética actual agudizada por la guerra en Ucrania, señalan que “la adicción a los combustibles fósiles tiene que acabar y para ello es crucial eliminar instrumentos como el Tratado de la Carta de la Energía”.

Esta iniciativa tiene un amplio respaldo de la sociedad civil. Más de un millón de personas en toda Europa, más de 400 organizaciones en todo el mundo (de las cuáles 102 pertenecen al Estado español) y más de 500 miembros de la comunidad científica han solicitado la salida del Tratado.

La retirada de España del TCE es una de las 10 propuestas que recientemente presentamos al Gobierno las cinco organizaciones ecologistas para hacer frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica en el contexto de crisis derivada de la guerra en Ucrania.