Son nueve países, de diecisiete analizados, entre los que no se encuentra España, que cuenta con la suya desde hace un año

El estudio ha sido realizado dentro del proyecto Life Unify

A un año de la aprobación en España de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y en plena reforma de las políticas europeas en esta materia, SEO/BirdLife publica un informe que analiza las leyes del clima en 17 países europeos. Realizado dentro del proyecto Life Unify, el estudio “Leyes de cambio climático en Europa. Esenciales para lograr la neutralidad climática” incluye un balance de la situación en Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Portugal, Eslovaquia, España, Turquía y el Reino Unido.

El pasado julio, la Comisión Europea lanzó una serie de propuestas legislativas, el llamado paquete «Fit For 55», con el fin de alinear la normativa de la UE con los nuevos objetivos de neutralidad climática para 2050 y de reducir en al menos un 55% las emisiones netas de la UE para 2030 respecto a 1990 (antes era un -40%). A estas reformas, en plena tramitación en las instituciones europeas, se ha sumado otra propuesta de urgencia, el Plan ‘REPowerEU’, ante al aumento de los precios de la energía y la guerra en Ucrania, que ha resaltado la necesidad de avanzar más rápido en la descarbonización de la UE y hacia una mayor soberanía y seguridad energética. Estas reformas legislativas abarcan las leyes europeas en los ámbitos de clima, energía, edificios, transporte y el uso de la tierra, entre otros.

La normativa de los Estados miembros, ¿a la altura de las nuevas metas?
El nuevo informe de Unify se centra en la ambición de la acción climática en la normativa nacional de cada país, las políticas y medidas asociadas, el grado de participación pública y la presencia de un comité independiente de expertos. Según sus principales conclusiones, 9 de los 17 países evaluados todavía no cuentan con una ley estatal de cambio climático. Se trata de Bélgica, Chipre, Estonia, Italia, Turquía, Eslovaquia, Macedonia del Norte, Letonia y Grecia -estos cuatro últimos la tienen en tramitación-.

España se encuentra en el grupo de los que ya la tienen en su legislación. El estudio resalta también que para cumplir efectivamente con sus obligaciones todos los países europeos deben:

• Asumir la responsabilidad individual de sus emisiones.
• Implementar mecanismos de monitoreo que los encaminen hacia la neutralidad climática, fijando una fecha para esta meta.
• Poner en marcha un comité experto independiente para asesorar y evaluar la acción climática de cada país según criterios científicos.

Ley climática de España: avance importante, pero hay que ir más rápido

De los 17 países evaluados en el informe, España es uno de los ocho que ya tiene una ley de cambio climático en vigor (Ley 07/2021). SEO/BirdLife, tal y como ha podido reflejar en el informe de Unify, la considera un avance importante en la política climática de nuestro país, aunque carece de algunos elementos bien valorados en las normas de otros países, como pueden ser límites de emisiones totales en periodos de tiempo fijos (presupuestos de carbono) u objetivos de reducción de emisiones en cada sector. Por ello considera necesario:

Acelerar la reducción de emisiones
La ley establece un objetivo de reducción de emisiones a 2030 del 23% respecto a los niveles de 1990 y alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Además, obliga al Consejo de Ministros a iniciar en 2023 la revisión al alza de estos objetivos. El informe destaca la necesidad, reclamada por la sociedad civil, de adelantar la neutralidad climática y acelerar la reducción de las emisiones a 2030, de acuerdo con criterios de capacidad económica, solidaridad, justicia climática y responsabilidad histórica, respaldados por la ciencia. En el urgente proceso de descarbonización, es importante compatibilizar mejor las energías renovables con la conservación de la biodiversidad e implicar más a las poblaciones rurales y urbanas en la acción climática.

Consolidar la participación pública
Tras varios borradores y consultas, pero sin foros abiertos para el debate público sobre los objetivos, el texto legislativo fue tramitado por vía de urgencia en el Parlamento durante restricciones por la pandemia. Esto limitó la transparencia del proceso, aunque la sociedad civil tuvo la oportunidad de debatir enmiendas con los grupos políticos. La ley impulsó la creación de la Asamblea Ciudadana por el Clima que el pasado fin de semana, tras siete meses de deliberaciones, ha aprobado 172 recomendaciones frente al cambio climático, que se presentarán a los Diputados y el Gobierno el próximo mes de junio.

Nombrar ya el Comité de Personas Expertas
La Ley establece la creación de un Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética para respaldar la acción climática desde la ciencia, pero a un año de su entrada en vigor sigue sin estar constituido. SEO/BirdLife celebra la consulta pública sobre la propuesta del Gobierno para constituir el comité, lanzada hace unos días. Para la ONG es urgente que el comité se establezca cuanto antes y a tiempo para hacer recomendaciones de cara a la revisión de los objetivos de reducción de emisiones en 2023 y que desde el primer momento cuente con los recursos suficientes para desarrollar su labor y de forma independiente.

Para Ana Márquez, coordinadora del proyecto LIFE Unify en España, “la aplicación de la ley española supone una inversión estimada en más de 200.000 millones de euros en esta década, dirigidos a prioridades de la transición ecológica. Entre ellas destacan el desarrollo de proyectos renovables compatibles con la biodiversidad, incluido el autoconsumo; la mejora de la eficiencia energética en edificios, y la creación de Zonas de Bajas Emisiones en ciudades. Todas requieren del compromiso y el impulso de los gobiernos autonómicos y las autoridades locales para acelerar su puesta en marcha”.

La acción autonómica, clave en un país descentralizado
Las comunidades autónomas tienen competencias transferidas en sectores emisores importantes en España, además de en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas ricos en carbono. Asimismo, juegan un papel crucial en la planificación del despliegue de energía renovable en el territorio. Por ello el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) 2050, los dos principales instrumentos para que España sea neutra en emisiones antes de 2050, dependen de los gobiernos subestatales para el desarrollo de buena parte de sus acciones.

Sin embargo, en estos momentos, sólo cuatro comunidades cuentan con una ley sobre cambio climático (mapa 2): Cataluña, Andalucía, Islas Baleares y Navarra. En las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana se han aprobado anteproyectos de Ley en Consejo de Gobierno y que ahora pasan por tramitación parlamentaria. Les sigue de cerca el País Vasco, que prevé aprobar su proyecto de Ley en el segundo semestre de 2022. Tres regiones más trabajan en un borrador de anteproyecto de Ley -Aragón, Galicia y La Rioja-, mientras que las siete restantes y las dos ciudades autonómicas no han confirmado su intención, por el momento, de desarrollarla.

Con independencia de contar con una norma en vigor, las regiones están recurriendo a la planificación estratégica en materia de clima y energía para desarrollar las necesarias acciones frente al cambio climático y organizar sus hojas de ruta hacia la descarbonización de sus territorios. Sin embargo, tras el primer año de vigencia del PNIEC y respecto al horizonte 2030, todavía ocho regiones no cuentan con planificación actualizada en materia climática y sólo tres regiones cuentan con planificación actualizada en materia energética (mapas 3 y 4).

Para David Howell, responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, “el primer aniversario de la ley de cambio climático es un buen momento para hacer balance. Además, se está concretando la respuesta a la guerra en Ucrania en el Plan REPowerEU, el gasto de los fondos Next Generation EU coge ritmo y se están cerrando las prioridades para los fondos europeos en las políticas agraria, pesquera y de cohesión. Son miles de millones de euros que han de utilizarse bien en la acción climática establecida por esta ley, siguiendo criterios de transición justa, garantizando la participación ciudadana en los medios urbano y rural, y respetando la biodiversidad, aliada clave frente al cambio climático. Además, es urgente confirmar los compromisos a nivel autonómico y establecer el comité independiente y experto previsto por la ley, para que el mejor conocimiento disponible guie la acción climática.”

Más información:

Observatorio climático de SEO/BirdLife

Sobre Unify

El proyecto Life Unify está promovido por Climate Action Network (CAN) Europe y desarrollado por ONG ambientales repartidas por 10 países europeos, entre ellas SEO/BirdLife. El resto de organizaciones son DOOR (Croacia), CDE – Centre for Transport and Energy (República Checa), Gruppen 92 (Dinamarca), ELF – Estonian Fund for Nature (Estonia), Réseau Action Climat (Francia), Germanwatch (Alemania), Institute for Sustainable Development – ISD (Polonia), ZERO (Portugal) y FOCUS (Eslovenia).