Desde 2017 participamos en la revisión de la Directiva 2008/99/CE para la protección del medio ambiente a través del derecho penal y en el desarrollo del Plan de Cumplimiento Ambiental de la UE. Animamos a todas aquellas entidades involucradas en la defensa del medio ambiente y a la ciudadanía en general a participar en el proceso de información pública de la Directiva Penal abierto hasta el 2 de febrero de 2020
La delincuencia ambiental supone un riesgo no solo para la biodiversidad y las diferentes poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, sino también para el aprovechamiento de recursos y medios de vida sostenibles, así como un impacto económico sobre el patrimonio natural público y de todos los ciudadanos. Se estima que las ganancias del crimen ambiental en todo el mundo son de 91 a 258 mil millones de euros por año, que en muchas ocasiones se destinan a financiar actividades criminales, guerras y terrorismo. Muchas de esas agresiones contra el medio ambiente cuentan con un alto grado de impunidad, lo que facilita su comisión.
Para abordar esta situación desde la UE, se publicó la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (Directiva Penal Ambiental). La Directiva obliga a los Estados miembros de la UE a garantizar que las agresiones más graves contra el medio ambiente se consideren delito en sus ordenamientos internos y sus autores asuman la responsabilidad frente a las mismas mediante sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias. Entre otros, prohíbe la caza ilegal, la destrucción, posesión o captura de especímenes de especies de flora o fauna silvestre protegida o su comercio, así como cualquier conducta que cause el deterioro significativo de un hábitat dentro de un sitio protegido. La norma prevé que respondan de ese daño, no sólo los particulares, sino también las personas jurídicas, como son las empresas.
Nuestro trabajo en la Directiva Penal Ambiental
Después de casi 10 años de vigencia, la Comisión abrió un proceso de revisión de la Directiva Penal Ambiental. SEO/BirdLife ha participado en este proceso desde su comienzo. En 2016, y en el marco de la Red Europea contra los Delitos Ambientales (ENEC en sus siglas en inglés) creada por la organización junto con la RSPB, llevó a cabo un estudio sobre la aplicación de esa norma en toda la UE. Entre los resultados de esa evaluación destacaba la ausencia de homogeneidad de las sanciones penales ambientales entre Estados miembros. Por ejemplo, los delitos contra la fauna se castigan con hasta dos años de prisión en España, 5 años en Polonia o 6 meses en Reino Unido. Además, se constató la falta de especialización generalizada de cuerpos de policía, fiscales u órganos judiciales en la UE o la falta de un sistema de recopilación de información y estadísticas sobre los diferentes delitos que se cometen. Ese informe fue remitido a la Dirección General de Justicia de la Comisión, solicitando el inicio de una revisión de la Directiva que introdujera mejoras para superar esas deficiencias. El proceso de revisión se inició en 2017.
Recientemente, la organización ha participado en los trabajos de evaluación de la norma que lleva a cabo la Comisión, como entidad experta en la lucha contra los delitos ambiental, aportando su visión sobre la situación en España y la UE y en relación a los delitos contra la fauna y los hábitats.
Entre otras cuestiones, David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife subraya que: “el papel del derecho penal y de los agentes encargados de garantizar su cumplimiento son una herramienta de conservación del medio ambiente. Como ejemplo destaca la lucha contra el uso ilegal de veneno, donde la especialización de policías ambientales, la implicación de la Fiscalía General del Estado, el aumento de los procesos penales por este delito y de las sanciones dictadas, han llevado a un descenso continuado de los envenenamientos desde 2010 y a una recuperación de las especies que se venían viendo amenazadas”.
No obstante, en SEO/BirdLife creemos que es necesario introducir reformas en la norma y seguir avanzando en la mejora de la protección ambiental mediante el derecho penal. Entre otros, reclama mayores medios para la aplicación de esta normativa, la necesidad de contar en la UE con registros y estadísticas del impacto de los delitos cometidos, la especialización de las entidades encargadas de aplicar la normativa ambiental, el reconocimiento del derecho de las ONG para participar en los procesos penales en defensa del Medio Ambiente o la definición del término de “ecocidio”. En este caso se trata de promover que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) conozca de aquellos crímenes graves contra el medio ambiente que constituyan una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, elevando el derecho al medio ambiente a un derecho fundamental.
Desde SEO/BirdLife coordinamos además el proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza contra el Crimen Ambiental y animamos a todas aquellas entidades involucradas en la defensa del medio ambiente y a los ciudadanos en general a participar en el proceso de información pública de la Directiva Penal abierto hasta el 2 de febrero de 2020.
