La Plataforma Salvemos Doñana, de la que SEO/BirdLife forma parte, ha mantenido una reunión ayer para retomar el trabajo en defensa de las amenazas a Doñana. En este caso se trata de la misma amenaza iniciada por el Gobierno andaluz en 2022, que decayó por la cercanía de las elecciones autonómicas y recientemente ha desempolvado con clara intención electoralista.

Se trata de una iniciativa legislativa muy contestada ya en su primera versión de 2022, que se ha puesto de nuevo en marcha hace un mes y medio por la vía rápida y con la connivencia del Gobierno andaluz. Con ello, evita el trámite de información pública, alegaciones, requerimiento de informes y estudios, etc, y ninguneando al Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, donde están representadas todas las entidades relacionadas con el espacio protegido. La propuesta es tan inapropiada y desatinada que hace caso omiso al informe demoledor presentado por la estación Biológica de Doñana (CSIC) sobre el estado de Doñana, a las recomendaciones de la Unesco y la Convención de Humedales Ramsar, e incluso a las advertencias de sanciones y multas que la Unión Europea hace a nuestro país por el incumplimiento de los requisitos de conservación en la gestión del espacio natural.

La denominada “propuesta de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)”, fundamentalmente, propone transformar en agrícola de regadío los terrenos que incumplían los requisitos necesarios para ello cuando de puso en marcha el Plan de la fresa de Doñana y fueron por ello excluidos, pretendiendo ahora que esos terrenos puedan“ obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la Administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente”. Es decir, evidentemente, hace que los cultivos de secano sin derechos de agua se transformen a regadío, pudiendo solicitar el agua necesaria, cuya concesión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sin embargo, acaba de cerrarse en diciembre pasado el proceso participativo para hacer alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir para el periodo 2023-2027 y la Junta de Andalucía ni el Partido Popular, proponente de esta nueva ley, realizaron las alegaciones pertinentes para considerar este incremento de solicitudes de agua que se produciría con la legalización de todas hectáreas de secano como superficie regable. Al no haber agua y con el cambio climático y susefectos evidenciados en la falta de lluvias y el aumento de temperatura, estas alegaciones probablemente no habrían prosperado. Por ello, es evidente que no se busca solucionar el problema de la agricultura de secano ni la extracción ilegal de agua o el exceso de demanda de agua, sino pasar el problema a otra Administración que no podría solucionarlo, con lo cual no se beneficia a Doñana, pues los pozos ilegales seguirán funcionando de todas todas, sino que puede desencadenar en la comarca un conflicto social, económico y ambiental aún mayor.