Más de una decena de organizaciones de la sociedad civil rechazan el bloqueo de un grupo de empresarios agrícolas al cierre de 77 pozos ilegales en Doñana, que pretendía ejecutar el pasado lunes 23 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en coordinación con agentes de la Guardia Civil.
Las organizaciones califican de extrema gravedad estos hechos y piden el cierre inmediato de estos pozos, cumpliendo con la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El pasado lunes 23 de junio un grupo de empresarios agrícolas de fincas ilegales de la localidad de Lucena del Puerto, en el entorno de Doñana, impidieron el paso a las autoridades para proceder al cierre de 77 de pozos ilegales que extraen agua del acuífero Almonte-Marismas que alimenta Doñana, para tratar de revertir la mala situación en la que se encuentra.
Las 13 organizaciones firmantes (entre ellas SEO/BirdLife) muestran públicamente su firme apoyo a la Guardia Civil y a la CHG en su labor en defensa de un recurso natural tan valioso como el agua. Este bien público no puede seguir siendo expoliado por empresarios agrícolas ilegales.
Estas organizaciones recuerdan que en un estado de derecho son inadmisibles este tipo de acciones de presión en contra de la legalidad y las amenazas a los funcionarios públicos encargados de cumplir una sentencia en firme. Las leyes deben cumplirse y las sentencias deben ejecutarse y un grupo de regantes ilegales no pueden elegir qué sentencias se aplican y cuáles no en función de intereses particulares.
Proliferación de invernaderos de frutos rojos en Doñana ©WWF
En ese sentido, las organizaciones firmantes consideran extremadamente grave estos hechos y piden que se proceda al cierre inmediato de los pozos ilegales señalados. Asimismo, reclaman una investigación que llegue hasta el final aplicándose la ley a aquellos que han obstaculizado e impedido la acción de la justicia.
Para las organizaciones firmantes, Doñana no puede seguir siendo un ejemplo a nivel iinternacional de usos legales del suelo y de las aguas provocados por el sector agrícola y donde una parte de la sociedad incumple la ley e impide que se ejecuten las sentencias dictadas.
Para estas organizaciones ambientales es urgente actuar para proteger la biodiversidad de Doñana y terminar con la competencia desleal por parte de aquellos empresarios agrícolas que roban agua, no pagan impuestos y dañan a la imagen internacional de las fresas de Doñana.
Por todo ello solicitan la aplicación de las medidas que sean necesarias, de acuerdo con el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana y el cumplimiento de la Ley de Aguas para terminar con el expolio del agua y proteger a los agricultores legales frente a esta lacra.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes son las siguientes: Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos – Ríos con Vida (AEMS-Ríos con Vida), Asociación española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (aeopas), Ecologistas en Acción Andalucía, Asociación Ecotono, Facua Andalucía, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, Greenpeace, Red Andaluza Nueva Cultura del Agua, Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, SEO BirdLife y WWF.
