El Consejo de Ministros lleva a aprobación más de 660 millones de euros públicos para duplicar la capacidad de contenedores «a la carta» para la multinacional MSC. La declaración de impacto ambiental tiene más de 15 años, cuando la Ley de Evaluación fija una caducidad de tres años, y el proyecto ha sufrido numerosas modificaciones sustanciales.
España usa menos de la mitad de su capacidad portuaria, por lo que cualquier problema de saturación se solucionaría con una planificación eficiente de los Puertos del Estado.
La Plataforma Contra las Grandes Infraestructuras de Transporte, coordinadora que aglutina a diversos colectivos ecologistas y en defensa del territorio de todo el Estado, y Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, expresan su profunda preocupación por la previsible aprobación, durante el Consejo de Ministros de esta mañana, del presupuesto para la Ampliación Norte del Puerto de València.
Dotado con una partida de más de 665 millones de euros, este inmenso desembolso de dinero público supone un claro retroceso en las medidas de protección del medioambiente y adaptación al cambio climático de las que el Gobierno hace gala. La gran ampliación portuaria responde a las necesidades logísticas privadas de una naviera multinacional, MSC, con sede en Suiza y de origen napolitano. De espaldas a la ciudadanía y a sus reivindicaciones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsa esta gran infraestructura sobre la que se ciernen grandes incertidumbres con relación a su seguridad jurídica y medioambiental, pero también económica.
Ampliación del puerto de Valencia.
10 de los motivos que hacen de esta ampliación un grave error en el contexto actual son:
1. No responde a ninguna necesidad real de la economía del territorio, pues las cifras evidencian que ésta se desacopló de la actividad portuaria en los años 80.
2. No aporta valor añadido al comercio, y menos al pequeño y mediano, que suponen los verdaderos motores económicos y de empleo estatales. En todo caso, beneficia las importaciones baratas que lo pondrán en riesgo.
3. Supone un volumen desmesurado de gasto público para satisfacer intereses privados, en detrimento de necesidades más acuciantes. Cabe recordar que el presupuesto de la Conselleria de Medio Ambiente valenciana para 2024, de 633 millones de €, es menor que el dinero público que se prevé gastar en las instalaciones para MSC.
4. La capacidad utilizada de los puertos españoles no llega al 50%, y cualquier posible saturación futura es irreal, más cuando ya encadenamos años consecutivos de descenso de tráfico marítimo, por el contexto económico y la apertura de nuevas rutas más rápidas por zonas en deshielo.
5. Representa una seria y real amenaza para el territorio: el Parque Natural de l’Albufera y espacio de la Red Natura 2000 europea, las playas y la huerta y arrozales. La medida va justamente en contra de la lucha contra el cambio climático, dificultando la mitigación y adaptación del territorio.
6. Solo en 2023, se han gastado 30 millones de presupuesto público en rellenar temporalmente las playas del sur del puerto con arena, sin que la autoridad portuaria asuma ninguna responsabilidad, ni siquiera económica.
7. Supondrá la destrucción de más de 500 puestos de trabajo directos debido al aumento de la automatización de la nueva terminal, y al abandono de la terminal actual, ya que ninguna empresa ha mostrado interés por ocuparla en años.
8. Además de duplicar las emisiones de gases de efecto invernadero, pone en riesgo la salud pública debido al incremento sustancial de la contaminación atmosférica y acústica que supondrá su construcción y la explotación posterior.
9. El proyecto está fragmentado, pues sin otras infraestructuras que no se mencionan, la terminal no podrá ser funcional: ampliación de autovías, nuevas carreteras que conectan el puerto por el norte, ya que la única entrada sur está colapsada por los más de 6.000 camiones que circulan al día.
10. La ciudadanía no quiere pasar de ser una ciudad con puerto a un puerto con ciudad, y así lo ha expresado incansablemente en varias manifestaciones, acciones, actos culturales, entre otros, desde que se reactivó el proyecto hace casi cuatro años.
Debemos recordar que este proyecto se desarrolla amparado por una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2007. Más de 15 años después, y tras finalizar la primera fase hace ya doce años, el proyecto original ha sufrido importantes y más que relevantes modificaciones: la ubicación y dimensiones de la terminal han sido totalmente modificadas, tanto que han tenido que recalcular los diques; los dragados y canales de acceso han sido alterados; no se sabe de dónde sacarán los materiales de relleno; se demolerá un dique que no se llegó a estrenar; la terminal de cruceros ahora se va a reubicar (sin ningún estudio ambiental que lo avale) junto a los barrios costeros de la ciudad, a pesar de que la contaminación ligada a estos grandes buques es un problema de primera magnitud.
Existen fundados argumentos jurídicos para afirmar que dicha DIA ni ampara el proyecto que hoy previsiblemente se aprueba ni en cualquier caso gozaría de vigencia o validez después de tanto tiempo. El Gobierno de España y su nuevo ministro de Transportes cometen un grave error avalando este proyecto, dado que la propia Abogacía del Estado, a finales de 2022, alertó que ningún organismo había validado de manera vinculante la validez de la DIA. El propio Defensor del Pueblo, en marzo de 2023, exhortó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a ejercer sus responsabilidades e intervenir de oficio en el asunto.
Por otro lado, el argumento habitual de que estas grandes infraestructuras generan riqueza y desarrollo económico no es cierto más que para los promotores y especuladores asociados al proyecto, mientras que el balance para la ciudadanía es tremendamente deficitario, por cuanto dejan sin presupuesto a necesidades sociales mucho más perentorias, mientras que la posible riqueza generada no sale de las grandes empresas constructoras. Así lo concluyen los propios informes de agencias como la Airef (Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, 2020: Evaluación del gasto público 2019. Infraestructuras de Transporte).
Por todos estos motivos, las organizaciones que suscriben este comunicado solicitarán una reunión urgente con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible para trasladarle su oposición y preocupación por esta iniciativa, y anunciarle que continuarán utilizando todos los recursos legales posibles para impedir que un proyecto tan negativo se lleve a cabo. Del mismo modo, realizarán una vigilancia rigurosa para garantizar que ningún euro de los fondos europeos Next Generation se destine a un proyecto que no cumpla con los estrictos requisitos de preservación ambiental, siendo imperativo en estos fondos evitar cualquier daño significativo al medio ambiente.
Suscriben este comunicado las organizaciones pertenecientes a la Plataforma contra las Grandes Infraestructuras de Transporte (Comissió Ciutat-Port, Ecologistas en Acción de València, Alianza por el Clima, Asturies por Clima, Coordinadora estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, GOB, Plataforma contra la Ampliación de Barajas, Plataforma contra ampliació aeroport de Palma, Zeroport), así como las organizaciones ecologistas de ámbito estatal Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.
