El despliegue masivo de energías renovables choca con las comunidades locales y la conservación de la naturaleza

Aunque el despliegue de las renovables en España ha sido exitoso en los últimos años, la implementación se ha basado sobre todo en grandes instalaciones y casi nada en modelos locales y distribuidos, con una ausencia generalizada de consenso social y sin suficientes salvaguardas ambientales

• Las subastas de energía benefician el desarrollo de macroproyectos renovables
• La sociedad civil exige una planificación integral y participativa, junto con una zonificación ambiental informada y robusta
• La nueva normativa evade la participación ciudadana y relaja la evaluación ambiental de proyectos renovables

Cuatro subastas gubernamentales de energías renovables han asignado un total de 10,1 GW de nueva capacidad de conexión a la red, de los que solo 140 MW se han destinado a generación distribuida local con energía fotovoltaica. Los proyectos resultantes han provocado protestas generalizadas en las zonas rurales y críticas de las ONG conservacionistas y los científicos, debido especialmente a la falta de planificación previa y a una participación pública insuficiente.

España cuenta con alrededor de 35.351 hectáreas dedicadas a la energía fotovoltaica (excluyendo cubiertas y superficies artificiales) y alrededor de 1.298 parques eólicos en 857 municipios con 21.574 aerogeneradores (Observatorio de Sostenibilidad). La potencia renovable instalada casi alcanza los 70,5 GW en 2022, lo que representa el 59,2% del total del sistema eléctrico nacional (Red Eléctrica de España).

Se ha fomentado un despliegue rápido y desordenado de las renovables, sin respetar en muchas ocasiones los límites y el entorno de los espacios protegidos, lo que redundará en impactos inasumibles sobre la biodiversidad. Asimismo, se ha implantado un modelo desigual, con gran concentración de energía fotovoltaica y eólica en algunos municipios rurales y de bajo PIB, creando polémica en el territorio, motivando la aparición de un gran número de plataformas anti-despliegue y generando una imagen negativa de las renovables.

Durante 2022, el Gobierno de España ha aprobado una serie de normas con medidas para hacer frente a la crisis energética y los impactos económicos y sociales derivados de la guerra en Ucrania, algunas de las cuales van encaminadas a facilitar y agilizar el despliegue de las renovables – Real Decreto-ley 2020/2022 – mediante requisitos ambientales menos estrictos y acortamiento de los tiempos de tramitación para una aprobación más rápida de las propuestas de macroproyectos.

Se deben actualizar los mapas de sensibilidad ambiental que existen a escala nacional en tierra, haciendo participe a la sociedad civil, hacer vinculante para los promotores la zonificación ambiental más estricta en mar de los recién aprobados Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, y las 17 regiones autónomas deben aprobar y aplicar leyes y planes climáticos y energéticos actualizados con mapas de sensibilidad asociados y políticas de zonificación para el despliegue de energía renovable.

Además de garantizar que la planificación y las subastas apunten al desarrollo de nuevas energías renovables en áreas urbanas y otras de menor sensibilidad ambiental, el PNIEC actualizado también debe iniciar un proceso participativo de escenarios para explorar abiertamente cómo las diferentes combinaciones de energías renovables, junto con el esperado papel del almacenamiento de energía, la gestión de la demanda y el ahorro y la eficiencia energética, podrían cumplir los objetivos planteados.

Los modelos energéticos colectivos van rezagados por la burocracia y el desconocimiento

Pese a los últimos avances en la regulación, el autoconsumo colectivo aún no se ha librado de largos trámites y complicada burocracia que están provocando importantes retrasos y desmotivación social, mientras las comunidades energéticas locales todavía esperan su marco legal

• Falta de conocimiento y pedagogía sobre las diferentes modalidades de modelos energéticos colectivos
• El marco legal y técnico para poner en marcha un proyecto energético colectivo es complejo, confuso y largo
• No hay legislación específica para las comunidades energéticas en España

El desarrollo de modelos energéticos colectivos es clave en un país como España donde casi el 70% de la población vive en bloques de pisos. Sin embargo, aún existe un desconocimiento sobre cómo funciona el autoconsumo colectivo, regularizado a través del Real Decreto 244/2019, y la posibilidad que brinda a varios consumidores de compartir la energía generada por una planta fotovoltaica en la azotea de un edificio, a través de diferentes modalidades: (i) sin excedentes, (ii) con compensación simplificada, aplicada a instalaciones de menos de 100 kW, y (iii) con excedentes pero sin compensación (según Guía de tramitación del autoconsumo del IDAE recientemente actualizada).

La normativa vigente establece la necesidad de que un tercio de los propietarios acepte la iniciativa para uso privado, o una mayoría simple para uso de elementos comunitarios. Asimismo, el Gobierno de España aprobó el pasado mes de octubre de 2022 la demanda social de ampliar de 500 m a 2 km la distancia máxima establecida para el autoconsumo entre el punto de generación eléctrica en la cubierta (donde se instalan las placas solares) y el punto de consumo (donde se encuentran los enchufes).

Los proyectos de energía colectiva siguen sufriendo importantes retrasos, por un vaivén de documentación, permisos y trámites entre la Comunidad Autónoma, que solicita y gestiona las ayudas, y las empresas eléctricas (distribuidoras y comercializadoras) encargadas, entre otros, de la contratación y la conexión a la red, que está tardando entre 6 meses y un año. La falta de control sobre las empresas eléctricas para cumplir con su obligación en tiempo y forma, está generando aumento de costes, falta de amortización de la inversión y otras consecuencias económicas, junto con la desmotivación y pérdida de confianza ciudadana.

A pesar de que en España no existe una legislación específica, el siguiente paso es convertirse en una comunidad energética para depender lo menos posible de las grandes compañías eléctricas. Las comunidades energéticas se constituyen como personas jurídicas y como tales pueden generar y comercializar energía, persiguiendo el beneficio de los vecinos y asociados (personas físicas, jurídicas o entidades) a través de la reducción de los costos energéticos y la adquisición de hábitos de consumo energético más sostenibles, además de generar otras medidas que pueden mejorar la eficiencia energética y el bienestar de la comunidad.

Las iniciativas de renaturalización de las ciudades crecen en España para cumplir diferentes objetivos estratégicos

Las ciudades se encuentran en el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y tienen competencias sectoriales clave para contribuir en gran medida a las estrategias nacionales de mitigación y adaptación. Varias ciudades españolas están implementando interesantes medidas locales relacionadas con el clima, incluidas soluciones de renaturalización y basadas en la naturaleza.

• Ciudades y municipios en el centro de la transición energética
• Varios buenos ejemplos de ciudades más verdes en España
• Los marcos regulatorios y financieros hacen eco del papel clave de las ciudades para acelerar la acción climática local y avanzar hacia una sociedad descarbonizada y resiliente

La descarbonización de la economía requiere una reducción drástica de las emisiones y la mayoría de los sectores intensivos en carbono se concentran en las zonas urbanas. Las ciudades y los municipios son sitios de acción cruciales para llevar a cabo los cambios transformadores necesarios, así como centros estratégicos para la investigación y la innovación hacia áreas verdes, habitables, saludables y climáticamente neutras, a través de proyectos piloto y demostrativos fácilmente replicables.

El PNIEC incluye medidas de mitigación a desarrollar a nivel local, principalmente relacionadas con el transporte (tráfico restringido, cambio modal, vehículos eléctricos), la energía (autoconsumo renovable y comunidades energéticas locales) y los edificios (rehabilitación energética y renovación de equipos). Asimismo, ciudades y municipios han planificado e implementado otras medidas climáticas relevantes en materia de urbanismo y biodiversidad, calidad del aire y salud, gestión de residuos y economía circular.

En los últimos años, el concepto de renaturalización se ha abierto camino en las ciudades y ya son muchos los ejemplos en España de esta recolonización verde del paisaje urbano, como son: las ‘Superilles’ (Barcelona), el Anillo Verde y el Humedal Ramsar de Salburua (Vitoria-Gasteiz), renaturalización del río Manzanares (Madrid), recinto de la Expo 92 con criterios bioclimáticos (Sevilla), micro-reserva de mariposas en zona urbana (Logroño), huertos urbanos situados en la ribera del río (Salamanca ), parque público urbano situado en el antiguo cauce del río Turia (Valencia), red de Jardines para la biodiversidad y restauración del Parque de las Llamas (Santander).

Es fundamental que las autoridades municipales tengan acceso a financiación y apoyo técnico suficientes para la implementación de medidas climáticas locales incluidas en sus planes de acción por el clima y la energía sostenible (PACES). El Gobierno español, a través de la Fundación Biodiversidad, ya ha promovido 257 millones de euros en ayudas para proyectos destinados renaturalizar los entornos urbanos, aumentar la biodiversidad y la conectividad ecológica en las zonas urbanas. A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, se han iniciado ya hasta 55 proyectos de la convocatoria de 2021 (18 de renaturalización de ciudades y 37 de restauración de ecosistemas fluviales y mitigación del riesgo de inundación), y se han recibido 64 solicitudes para la convocatoria de 2022, con un presupuesto de 62 millones de euros.

Estas ayudas para la renaturalización de las ciudades continuarán gracias al Fondo de Desarrollo Regional de la UE. El PNIEC actualizado debe identificar y promover estas medidas a nivel municipal e indicar cómo se garantizará y entregará este apoyo.

El sector agrícola es clave tanto como sector emisor como potencial sumidero de carbono

El sector agrícola es el cuarto sector emisor en España, representando el 13,4% del total de emisiones brutas en 2021, una cifra nada desdeñable para un sector con una capacidad para absorber carbono muy desaprovechada tanto en suelo como en cultivos.

• España es cada vez más un país de agricultura intensiva, con mayor peso de los cultivos de regadío
• Preocupantes ejemplos de las dramáticas consecuencias de la agricultura intensiva en los espacios naturales españoles
• Necesidad de garantizar una acción climática decisiva en los sectores agrarios y en los sumideros de carbono

Casi la mitad del territorio español se dedica a la agricultura, con 23,9 millones de hectáreas de Superficie Agraria Utilizada (SAU), según el último Censo Agrario de 2020 publicado por el INE, de las que actualmente se cultivan casi 17 millones de hectáreas (24% de regadío y 76% de secano). La mayor parte de la SAU al aire libre (48,9%) es tierra de cultivo (cultivos herbáceos y barbechos), seguida de pastos (31,6%) y cultivos leñosos como olivar (10,3%), frutales (5,4%) y viñedo (3,6%). La SAU bajo techo (invernaderos), con cerca de 65.000 hectáreas, sólo representan el 0,27%, pero desde 2009 su superficie ha crecido un 42,1%.

Del total de la producción agraria española, casi el 40% corresponde al sector ganadero, que no ha dejado de crecer en los últimos años. El número de cabezas de ganado creció un 6,5% con respecto a 2009, y más el porcino (+21,8%). Desde 2015, España lidera el número de cerdos en la Unión Europea con más de 30 millones.

Según datos de la Comisión Europea para el periodo 2016-2019, España es uno de los países que más está sufriendo la contaminación de las aguas por nitratos, fertilizantes nitrogenados y fosforados, y la sobreexplotación de las actividades agrícolas.

Distintas zonas de España ya están sufriendo las consecuencias, con graves problemas hídricos cada vez más frecuentes, como la eutrofización del Mar Menor y la desecación de las lagunas del Parque Nacional de Doñana, por el uso excesivo de fertilizantes sintéticos y la extracción ilegal de agua para usos agrícolas, respectivamente.

El Plan Estratégico Nacional para la Agricultura (PEPAC) aprobado recientemente incluye varias medidas diseñadas para aumentar la captura de carbono en suelos y cultivos (por ejemplo, pastoreo extensivo, cobertura vegetal, rotación de cultivos con especies mejorantes, mantenimiento de elementos del paisaje), pero varias de ellas son opcionales y no hay objetivos cuantitativos globales.

El PNIEC actualizado debe apoyar y fortalecer los «eco-regímenes» y las medidas agroambientales sobre la agricultura de carbono para promover sumideros de carbono y reducir las emisiones agrarias, pero también incorporar otras medidas relevantes, p.ej.: sistemas de producción sostenibles (agroecología, agricultura regenerativa), manejo de plagas a través de flora y fauna auxiliar o dietas saludables (reduciendo la proporción de productos animales, especialmente de la ganadería industrial) y reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos (fomentando la alimentación local y de temporada).

Gran apoyo para una ola de renovación profunda de edificios en España desde el Fondo de Recuperación de la UE

España, donde la mitad de los edificios tienen más de 40 años, contempla diferentes tipos de ayudas para la rehabilitación de edificios, dirigidas principalmente a la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad o la habitabilidad, según el programa y la normativa específica de cada municipio o región.

• El parque de viviendas español es antiguo, ineficiente y poco accesible
• España prevé renovar más de un millón de viviendas en esta década gracias a los fondos de recuperación europeos
• Buenas perspectivas de tasa de renovación de viviendas y nuevas iniciativas para promover la renovación de edificios respetuosa con la naturaleza

Según el Ministerio de Transportes (Mitma), hasta 9,3 millones de viviendas necesitan reformarse en España. Aproximadamente la mitad del parque edificatorio se construyó antes de 1980, de los cuales un millón se encuentra en mal estado de conservación. En términos de consumo de energía, el 84,5% de los edificios tienen las tres etiquetas de clasificación más bajas (E, F o G). También existe un déficit importante de viviendas de alquiler social (que representan solo el 2,5% de las primeras residencias), mientras que el 75% de las viviendas tienen problemas de accesibilidad.

Aunque el sector de los edificios no es el más contaminante (con apenas un 8,8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero), es el segundo que más energía consume (alrededor del 33% del consumo final de energía), consecuencia también del mal estado de conservación de los edificios que lleva a un aislamiento térmico defectuoso y un alto desperdicio energético. Además, cerca del 30% de las emisiones de CO₂ de la actividad humana se atribuyen al sector de la construcción.

Para revertir la situación, el Gobierno ha previsto una inversión de alrededor de 7.000 millones de euros entre 2021 y 2023 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la rehabilitación integral de barrios y la mejora de la eficiencia energética de edificios, viviendas e instituciones públicas. Se han establecido seis programas, cada uno de ellos dirigido a diferentes beneficiarios (desde pymes hasta propietarios de viviendas, comunidades de propietarios y entidades locales) y con sus propios requisitos técnicos.

El objetivo es avanzar hacia una economía circular y descarbonizada, y hacer que los hogares sean más eficientes energéticamente en 2030, tal y como recoge el PNIEC mediante la mejora de la envolvente térmica de 1.200.000 viviendas y la renovación de las instalaciones de calefacción térmica y ACS de 300.000 viviendas/año en promedio. Además, el Gobierno pretende construir 20.000 viviendas de alquiler asequible en edificios energéticamente sostenibles.

La llegada de fondos de la UE debe ir acompañada de una gestión y tramitación más ágil por parte de las administraciones públicas a todos los niveles. Pese a los retrasos, según Alimarket, se multiplican las obras de reforma de viviendas para mejorar la eficiencia energética. El PNIEC actualizado debe establecer estándares para garantizar que las obras no causen daños a las especies protegidas y, si es inevitable, compensar estos daños, de conformidad con el principio “DNSH” de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, de obligado cumplimiento para todas las acciones financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.

Una transición ecológica eficaz en el sector del transporte debe centrarse en la electrificación

En España, el transporte por carretera representa por sí solo el 27,6% del total de emisiones. Los biocombustibles avanzados surgen como alternativa para descarbonizar el sector, una solución ineficiente en términos monetarios y energéticos, y con impactos indirectos en la salud y el medio ambiente.

• El sector del transporte es clave en la descarbonización de la economía española
• El uso de biocombustibles avanzados en el transporte por carretera sale caro y es ineficiente en términos energéticos
• Es necesaria una apuesta decidida por el ferrocarril y su electrificación como eje vertebrador del territorio

El transporte contribuye en gran medida al cambio climático con la emisión de dos potentes gases de efecto invernadero, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) producidos por los motores de combustión. De hecho, el transporte es el sector que más emite en España, representando el 29,3 % del total de las emisiones brutas en 2021.

Para hacer frente a esto, el Gobierno ha previsto una inversión de alrededor de 7.000 millones de euros entre 2021 y 2023 a través de su Plan de Recuperación y Resilencia para modernizar, digitalizar y mejorar la seguridad y sostenibilidad de infraestructuras clave del transporte interurbano e intermodal en todo el territorio nacional, con especial atención al transporte ferroviario.

Siendo la penetración de renovables por medio de la electrificación una de las palancas impulsoras de la descarbonización del transporte, el PNIEC prevé introducir 5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Sin embargo, esta medida no viene sola, y también apuesta por el uso de biocarburantes avanzados.

La producción de electro-combustibles es cara y energéticamente ineficiente. Se estima que un conductor con un coche de gasolina sintética en 2030 gastaría 10.000 euros más que un conductor con un coche eléctrico de batería durante 5 años. Además, se obtiene una eficiencia energética total del 77% utilizando electricidad renovable a través del coche eléctrico de batería, frente a tan solo un 20% con electro-diésel y un 16% con electro-gasolina.

Los automóviles propulsados ​​por combustibles eléctricos emiten tantos óxidos de nitrógeno (NOx) como los motores que queman combustibles fósiles, responsables de la mala calidad del aire y de graves problemas de salud. Asimismo, el uso de hidrógeno verde y otros biocombustibles requiere una gran cantidad de electricidad renovable adicional para su producción, con impactos dañinos sobre el territorio y la biodiversidad.

El PNIEC actualizado debe apoyar y fortalecer las medidas destinadas a la electrificación del transporte, excluyendo el uso de biocombustibles avanzados en el transporte por carretera y limitando su uso solo en aquellos sectores difíciles de electrificar, como la aviación y el transporte marítimo.

A su vez, el ferrocarril debe convertirse en eje vertebrador de la movilidad dentro del territorio nacional, tanto de pasajeros como de mercancías, tal y como reclaman organizaciones de la sociedad civil. El PNIEC actualizado debe incluir la medida de limitar los vuelos peninsulares entre ciudades conectadas por ferrocarril y recuperar los trenes nocturnos para fomentar la interconexión entre países.

La transformación de las ciudades para reducir el tráfico rodado y mejorar la calidad del aire

Las ciudades, que concentran la gran parte de la población y son centros de consumo de recursos naturales y de emisión de gases de efecto invernadero, deben hacer su parte para reducir los desplazamientos y el uso del vehículo privado.

• El tráfico rodado es la principal fuente de contaminación del aire en las ciudades
• Una apuesta fuerte por la transformación de las ciudades en España
• Falta un mayor compromiso de las administraciones locales para apoyar la acción climática y avanzar en el camino de la descarbonización

El transporte por carretera por sí solo supone un 27,6 % del total de las emisiones asociadas al cambio climático, y experimenta un crecimiento interanual de 13,8 %. Se estima que un tercio de estas emisiones se generan en aglomeraciones urbanas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica sigue planteando riesgos significativos para la salud, causando enfermedades crónicas y muertes prematuras y también es perjudicial para la biodiversidad, los cultivos agrícolas y los bosques.

Aunque durante el confinamiento se produjo una reducción drástica, los niveles de contaminantes del aire se están recuperando con la vuelta a la actividad económica y la movilidad sin restricciones. Para hacer frente a esto, el Gobierno ha previsto una inversión de alrededor de 6.500 millones de euros entre 2021 y 2023 a través de su Plan de Recuperación y Resilencia para impulsar la descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida en las ciudades.

Siendo el cambio modal una de las palancas impulsoras de la descarbonización del transporte, especialmente en el ámbito de la movilidad urbana y metropolitana, el PNIEC incluye una serie de actuaciones en los entornos urbanos dirigidas al desplazamiento desde el vehículo de combustión convencional hacia el transporte público colectivo, el compartido, los modos no emisores de movilidad activa, como la marcha a pie y la bicicleta, y el teletrabajo.

Así mismo, prevé la delimitación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023, de obligado cumplimiento de acuerdo al artículo 14.3 de la ley de cambio climático, en las que se restringe el acceso de los vehículos más emisores y contaminantes a las almendras centrales. Esta medida fundamental necesita la implicación proactiva de las autoridades locales. Sin embargo, se estima que de los 149 ayuntamiento implicados menos del 10% contaba a 1 de enero de 2023 con una ZBE operativa.

Las ciudades son clave en la lucha contra el cambio climático, y por ello, es necesario un compromiso firme de las administraciones locales para planificar e implementar todas estas medidas de cambio modal que propone el PNIEC en ámbito urbano, a través de adecuadas políticas urbanísticas y de servicios. Todas ellas, encaminadas a reducir el uso del vehículo privado, disminuyendo los tráficos de pasajeros (pasajeros-km) en entornos urbanos en un 35% hasta 2030 y los tráficos interurbanos del orden de un 1,5% anual.