Diferentes organizaciones pertenecientes a la Mesa Social del Agua de Andalucía, ente ellas SEO/BirdLife, han valorado negativamente esta modificación y consideran que carece de rigor y ha enfrentado a trabajadores dentro del propio sector agrícola.

Los movimientos sociales reclaman que cualquier modificación o revisión del Plan se tramite de acuerdo con la legislación y con los mismos trámites que fueron necesarios para su aprobación. La Proposición tiene como objetivo regularizar 1.400 hectáreas fuera de suelo agrícola regable (SAR), definido en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos del norte de la corona forestal de Doñana.

Las organizaciones AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), Comisiones Obreras de Andalucía, Ecologistas en Acción Andalucía, FACUA Andalucía, FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua), FUNDACIÓN SAVIA, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF-ESPAÑA y Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, todas ellas pertenecientes a la Mesa Social del Agua de Andalucía han valorado negativamente la Proposición de Ley presentada el pasado 11 de enero en el Parlamento de Andalucía por el PP, Ciudadanos y VOX para la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

La Proposición tiene como objetivo regularizar 1.400 hectáreas fuera de suelo agrícola regable (SAR), definido en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos del norte de la corona forestal de Doñana, que se aprobó por consenso por la Junta de Andalucía en 2014. “Esta propuesta genera expectativas en el sector agrícola más especulativo que no están avaladas en un proyecto seriamente definido y mucho menos en la disponibilidad de recurso hídrico”, han comentado desde las organizaciones.

Estas se muestran preocupadas porque en la Proposición se omite cualquier referencia a las graves dificultades administrativas y legales que esta modificación generará en Andalucía, en España y en Europa, al entrar en conflicto con el Plan Hidrológico del Guadalquivir, la Directiva Hábitats, la Directiva de Aves y la Directiva Marco de Agua (DMA) de la Unión Europea, la reciente sentencia de los tribunales de la Unión Europea y los Dictámenes de la UNESCO sobre Doñana. La Proposición choca también con el compromiso del Gobierno de España de sacar Doñana antes de 2025 de la lista de humedales amenazados a nivel internacional del Convenio Ramsar, la Ley Forestal andaluza, la propuesta de Reglamento para frenar la deforestación y la degradación forestal impulsadas por la Unión Europea e incluso frente a la reglamentación del propio Plan de la Corona y la ley del Trasvase del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir a la que se refiere.

Marisma de Doñana seca ©Carlos Davila-SEO/BirdLife

Las organizaciones han declarado que “con la Proposición se da un paso en falso generando expectativas en el sector agrícola, que no tiene ninguna garantía de disponibilidad de agua y ejercerá competencias desleales entre agricultores. El procedimiento con el que se plantea esta modificación carece de rigor, es inadecuado y ha enfrentado a diferentes trabajadores y trabajadoras dentro del propio sector agrícola, creando una situación de posible conflicto social”. Los movimientos sociales reclaman que cualquier modificación o revisión del Plan se tramite de acuerdo con la legislación y con los mismos trámites que fueron necesarios para su aprobación. Consideran inaceptable que en la formulación de la Proposición no se haya respetado la imprescindible relación con las administraciones y los organismos implicados en la gestión de Doñana y su entorno, como el Consejo de participación de Doñana, la Comisión de Seguimiento del Plan de la Corona, el Instituto Geológico Minero de España (IGME) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, esta última responsable de las hipotéticas concesiones de agua que corresponderían a las superficies regularizadas.

Para las organizaciones andaluzas que han dado la voz de alarma esta Proposición pone en grave riesgo la buena imagen y la marca internacional, europea y nacional de Doñana y los productos agrícolas de su entorno, con mercados muy sensibles a la sostenibilidad y su trazabilidad ambiental. “No se puede tirar por la borda el trabajo y esfuerzo para defender la credibilidad de los productos de la marca Doñana, ya afectada, en algunos casos, por problemas de ilegalidad de usos de tierras y agua y, en ocasiones, por situaciones inaceptables de la mano de obra empleada. En estos momentos claves en los que se tienen que dar respuestas convincentes a las resoluciones de la UNESCO y a las sentencias del Tribunal de Justicia europeo, la agricultura del entorno de Doñana necesita enviar mensajes de rigor, compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad con los consumidores, por parte de un sector de indiscutible importancia social y económica para toda la comarca”, han concluído.