Las principales asociaciones empresariales del sector de las energías renovables, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil lamentan que el Gobierno haya desoído nuevamente sus propuestas conjuntas (enviadas al Ministerio de Energía el pasado noviembre) sobre el diseño de la subasta de renovables convocada para el 17 de mayo. Se trata de una subasta para la asignación de incentivos para 2.000 megavatios de capacidad de energía renovable (con opción de ampliación de otros 1.000 MW. Las reglas de esta nueva subasta, lejos de atender a la necesidad de alcanzar los objetivos de energías renovables, van en contra de su desarrollo lógico y reinciden en los errores de la última convocatoria.

Con esta nueva planificación el Ejecutivo hace una apuesta descarada por las grandes instalaciones y por los grupos financieros al aumentar a 200 MW el límite máximo de la cantidad que se puede ofertar en un tramo indivisible, frente a los 100MW de la propuesta inicial de la presente subasta. Desperdicia de nuevo una oportunidad de democratizar la energía al no apostar por la generación cercana al consumo ni por el deseo de la ciudadanía de fomentar el acceso a los pequeños productores y de abrir la participación en la subasta de nuevos actores.

El Gobierno dice que su prioridad absoluta es minimizar el coste para el sistema eléctrico, sin embargo, aprueba una subasta marginalista que iguala todas las ofertas al último y mayor precio ofertado.

Queda constatada así mismo la falsa neutralidad tecnológica de la subasta, al no establecer subastas específicas por tecnologías y enfrentar a las renovables entre sí, ignorando su complementariedad y los importantes beneficios derivados de un mix renovable diversificado.

En esta convocatoria se han establecido tres instalaciones tipo de referencia, una para la energía eólica, una para la fotovoltaica y una tercera para el resto de tecnologías; con esta última categoría el Gobierno mete en el mismo saco a tecnologías tan diversas como la hidráulica, la biomasa, la termosolar…, obviando las características específicas de cada energía y la aportación que cada una de ellas puede hacer para lograr un mix energético autóctono y gestionable.

A pesar de no estar avalado por la mayoría del Parlamento, el Gobierno sigue apostando por favorecer a los grandes grupos empresariales y por convertir a las energías renovables, futuro de nuestra apuesta energética, en un producto financiero valorando más su capacidad para generar plusvalías que la de generar electricidad en condiciones de menor precio y en función de las necesidades del sistema.

En contraposición al actual modelo, los firmantes de este comunicado defienden que el diseño de la subasta debe ser el resultado de un proceso de planificación que defina los objetivos de energía producida. Así mismo, el producto subastado ha de ser la energía que se compromete a generar el solicitante y el criterio de elección, el precio que éste oferta por producir esa energía, adjudicándose cada oferta al precio con el que se ha licitado. Los mecanismos de apoyo para la ejecución de los proyectos deberán ser flexibles y los proyectos a licitar deben disponer de tramitaciones previas y avales como garantía de ejecución.

Un sistema de subastas adecuado, transparente, sencillo y basado en la experiencia internacional, es imprescindible para cumplir con los objetivos fijados para 2020 y los ya previstos para 2030. Ni el diseño de la subasta ni la política energética del Gobierno tienen los mínimos compromisos para alcanzar un futuro sostenible en materia energética y se convierte una vez más en una oportunidad perdida.

Un nuevo paso en su senda continuista, marcada por la ausencia de una verdadera política energética que responda a los retos que el momento actual demanda y que atienda a las necesidades de nuestra sociedad.