El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Soria ha dictado sentencia en el recurso interpuesto por SEO/BirdLife anulando la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización ambiental concedida para la instalación de una explotación porcina intensiva de 6.990 plazas de recría de reproductoras en el municipio de Monteagudo de las Vicarías (Soria).

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Soria declara la nulidad de la DIA y la autorización ambiental integrada de la macrogranja por las graves carencias del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que no contenía una evaluación exhaustiva de los efectos a la Red Natura 2000 y a la ZEPA “Monteagudo de las Vicarias” en la que se inserta la macrogranja, ni tampoco analizaba los posibles impactos acumulativos o sinérgicos en relación con otros proyectos de los que es titular el promotor en la zona. Además, el Juzgado dispone que el proyecto deberá someterse a una autorización de uso excepcional en suelo rústico, con la que no contaba, como paso previo a la obtención de la licencia urbanística municipal. Otros de los motivos de la nulidad del acto administrativo que autorizaba la explotación han sido las deficiencias en la tramitación y contenido de su Plan de gestión de purines, cuya ampliación no se sometió a información pública, o presentar un plan de desratización utilizando rodenticidas como la Warfarina, prohibida en España.

Aunque la sentencia es aún recurrible, desde SEO/BirdLife seguiremos defendiendo, en el marco del proceso judicial y frente a la Administración de Castilla y León, la necesidad de una adecuada Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto por su afección a la Red Natural 2000, la importancia de realizar Evaluaciones Ambientales Estratégicas en los casos de desarrollos conjuntos de proyectos, como el anulado, en una misma zona y pertenecientes al mismo promotor, o la consideración de este tipo de desarrollos como industriales e incompatibles con zonas protegidas.

Valor ambiental de la zona

Presentamos la demanda en septiembre de 2024 alegando graves irregularidades en el proceso de autorización. La macrogranja, con capacidad para 6.990 plazas de recría de reproductoras, se ubicaría dentro de la ZEPA “Monteagudo de las Vicarías”, parte de la Red Natura 2000. Esta zona alberga al menos 26 especies de aves protegidas incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (21) o el Catálogo Español de Especies Amenazadas (5), como el sisón común (en peligro de extinción), el alimoche común y el aguilucho cenizo, entre otras. Además, el proyecto afectaría a hábitat prioritarios en la Unión Europea, como son las zonas subestépicas de gramíneas y pastizales, claves para la biodiversidad del área.

Necesidad de valorar adecuadamente los impactos

Según David de la Bodega Zugasti, responsable del Programa Legal, “El resultado obtenido mediante esta sentencia se enmarca y reconoce el objetivo de SEO/BirdLife para una correcta evaluación ambiental de las distintas instalaciones y proyectos que se autoricen en la Red Natura 2000, para compatibilizar el desarrollo económico y social en estas zonas y al mismo tiempo garantizar su protección”.

La organización ambientalista reitera su firme compromiso de colaboración con administraciones y sectores productivos para encontrar alternativas que respeten el medio ambiente y sean al mismo tiempo fuente de riqueza, pero eso exige que se cumpla y se refuerce la normativa que protege espacios como la Red Natura 2000, que es una herramienta garantista para preservar la rica biodiversidad de España y Europa. Hemos presentado alegaciones a otros proyectos de macrogranjas cuyo proceso de autorización está en marcha y que están planeados en la Red Natura 2000 de Castilla y León, por lo que solicita al Gobierno de esta comunidad autónoma y a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente la evaluación exhaustiva de su impacto ambiental en estas zonas. Hay que recordar que en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se reconocen las numerosas deficiencias en el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria para la macrogranja y por extensión en la DIA que fundamenta la autorización, ambas anuladas.

Las macrogranjas como modelo inadecuado de desarrollo

Desde SEO/BirdLife, junto con otras organizaciones ambientales, alertamos sobre los graves impactos ambientales y sociales del modelo de ganadería industrial basado en macrogranjas porcinas. Este tipo de explotaciones genera una elevada contaminación por nitratos debido a la inadecuada gestión de los purines, afectando gravemente a la calidad del agua y los suelos, como lo evidencian las crecientes restricciones de la Unión Europea para España debido a la contaminación de acuíferos.

Además, este modelo es un importante emisor de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería industrial porcina responsable del 22% de las emisiones del sector agrario en España.

Como señala Márquez, técnica de energía y clima: “Es contradictorio seguir apostando por este modelo intensivo cuando necesitamos descarbonizar con urgencia el sector agrario, el cuarto sector más emisor en España. Continuar autorizando macrogranjas es una decisión que va en contra de los objetivos climáticos y ambientales que necesitamos cumplir para frenar las crisis climática y de pérdida de biodiversidad.”

En términos sociales, las macrogranjas generan escasos empleos y concentran los beneficios económicos en pocas manos, mientras que los impactos negativos, como la contaminación y la presión sobre los servicios locales, recaen en las comunidades rurales locales. Esto contribuye a perpetuar el abandono y la desigualdad en el medio rural, en lugar de fomentar un desarrollo sostenible que beneficie a estas poblaciones.

Abogamos por un modelo de ganadería extensiva, sostenible y de proximidad, que permita reducir los impactos climáticos y ambientales, al tiempo que genera empleo y valor añadido en el medio rural, fortaleciendo su tejido social y económico.

En el procedimiento ha sido importante la colaboración y aportación de información de la Asociación Cultural Armazón, la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN) y otras plataformas locales contrarias a la instalación de la macrogranja.

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