A menos de 24 horas de la previsible votación en el Senado de la Ley de Parques Nacionales, todos los grupos de la oposición se han unido a las organizaciones ambientalistas para reclamar que se frene una enmienda a la ley de Parques Nacionales que desprotegería los 15 espacios en favor de intereses particulares. Se trata de un texto incoherente, conflictivo en la forma y en el fondo, que amenaza los santuarios de la naturaleza, el 0,7% del territorio estatal.
Puedes leer aquí la evolución y cronología de la campaña para salvar los parques nacionales
Se trata de la primera vez en esta legislatura que todos los grupos de la oposición se unen en un frente común, gracias al impulso de las organizaciones ecologistas, como recalcaron en una rueda de prensa ofrecida en el Senado. La reforma de la ley de Parques Nacionales rompe con el consenso y tiene claros visos de inconstitucionalidad. Prueba de ello es que también por primera vez, el Consejo de Estado recomienda la revisión de todo el texto.
«Debemos defender hasta el final nuestros 15 quince Parques Nacionales», apuntó Asunción Ruíz en nombre de SEO/ BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF. Las tres organizaciones que forman parte del Consejo de la Red de Parques Nacionales negociarán “hasta el último minuto y con todos los grupos parlamentarios un texto alternativo”. La urgencia es máxima, a la vista de que la votación de la reforma está prevista para el miércoles. Las reuniones con todos los grupos, incluido el popular, se sucederán a los largo de la tarde de hoy, día previo a la trascendental cita en el pleno del Senado.
“El objetivo de la reforma era consolidar y coordinar la red de parques, pero el texto va en la dirección contraria. Está repleto de disposiciones adicionales, es decir, de excepciones que permiten actividades incompatibles con la protección. El vuelo sin motor en el parque de Guadarrama y la navegación en Monfragüe son algunas de ellas”, explicó Ruiz. “La guinda llegó con una enmienda, la 278, presentada por el grupo popular al paso de la reforma por el Senado”.
Las exigencias de los grupos de oposición y de las organizaciones ecologistas es clara. Que se frene la aprobación de una reforma tan contestada y criticada. Quedan unas horas para lograrlo, resaltó Ruiz, que abogó por diseñar una hoja de ruta que incluya aspectos financieros relativos a la protección de los parques nacionales. “Por compromiso, por misión y por responsabilidad vamos a luchar hasta las últimas consecuencias contra la reforma”, aseguró.
La opinión de los representantes políticos
La reforma es conflictiva “en su forma y en su fondo”. Viene a modificar una ley que en su momento contó con el respaldo unánime de todos los partidos. En este caso no cuenta con ningún apoyo fuera del Partido Popular. “Va en contra de las comunidades autónomas, de los municipios, de la comunidad científica y de los directores de parques nacionales”, enumeró Miguel Fidalgo del PSOE. Es “absolutamente innecesaria, inoportuna e inconstitucional”, apuntó Pere Maluquer, de CiU, mientras que Joan Saura, de ICV, subrayó el monumental retroceso que supondría cuando nos acercamos al centenario del nacimiento de los Parques Nacionales.
Una vez más el Senado “es cámara escoba en la que se intentan colocar enmiendas que endurecen proyectos de ley”, apuntó Jesús Iglesias, de IU.
Esta enmienda, que ha sido modificado modificada parcialmente, acaba con el régimen de protección de los parques poniendo todas las decisiones en manos de acuerdos voluntarios, abriendo la puerta a usos incompatibles en la totalidad de la red y contemplando nuevas prórrogas.
La ya conocida como “enmienda Cospedal” atiende a compromisos personales con trece familias, aseguró Fidalgo. De facto abre la posibilidad a que se permitan actividades que por ley estaban ya prohibidas. Urbanización, cacerías, navegación o minería podrían permitirse en toda la red.
Durante la rueda de prensa en el Senado, intervinieron el portavoz del PSOE en Medio Ambiente y Cambio Climático, Miguel Fidalgo; el senador socialista por La Gomera, Gregorio Medina; los senadores Pere Maluquer (CiU), Joan Saura y Francisco Boya (Entesa), Maria Eugenia Iparragirre (Grupo Vasco) y Narvay Quintero y Jesús Iglesias (Grupo Mixto). También acudieron Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF y Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.