Junto a Jalón Vivo, pedimos a la Audiencia que ejecute la sentencia que, el pasado mes de marzo, declaró la nulidad de la obra, sumándose a otras tres sentencias condenatorias. Defendemos la necesidad de paralizar, de inmediato, las obras de esta presa debido al daño ambiental que están ocasionando: entre otras actuaciones, se está construyendo un túnel de más de 12 kilómetros que afectará al acuífero.
Ambas organizaciones hemos presentado sendos escritos para rechazar los recursos interpuestos a la sentencia y solicitar la ejecución de la misma. Además, lamentamos profundamente se que pretenda mantener la obra judicializada con el objetivo de apostar por una política de hechos consumados que ha campado a sus anchas estos últimos 20 años.
SEO/BirdLife y Jalón Vivo han presentado un requerimiento ante la Audiencia Nacional para exigir la ejecución de la sentencia que, en el pasado mes de marzo, falló a favor de las dos organizaciones, declarando la nulidad de las obras de la presa de Mularroya, en Zaragoza. Con esta solicitud, las entidades conservacionistas reclaman la paralización inmediata de las obras, que continúan en marcha dado que el fallo judicial ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por los regantes, los promotores de la obra y el Estado. Entre otras actuaciones, exigen que se detengan los trabajos para construir un túnel de 12,63 kilómetros -se han completado en torno a 3,7 km-, ya que supone un daño ambiental irreversible al acuífero que se está horadando, entre los ríos de Grío y Jalón.
Jalón Vivo y SEO/BirdLife defienden que la paralización de las obras es fundamental para preservar el principio de precaución que recoge la normativa de la Unión Europea, y que es de aplicación cuando una actuación puede tener efectos potencialmente peligrosos identificados por una evaluación científica y objetiva. A juicio de las ONG ecologistas, esta circunstancia concurre en este caso y resulta, por tanto, contrario a Derecho que los trabajos continúen bajo el argumento de que el procedimiento judicial continua abierto, porque están produciendo un daño ambiental cierto y constatado,
Ambas organizaciones consideran que el fallo de la Audiencia Nacional, que llegó tras un largo proceso de recursos, solo viene a refrendar el sentido de las tres sentencias previas, contrarias a la construcción de la presa. Por ello, lamentan que el resto de partes personadas en el caso, regantes, promotor y el propio Estado, hayan optado por continuar prolongando el procedimiento, esta vez con sendos recursos ante el Tribunal Supremo. SEO/BirdLife y Jalón Vivo consideran que lo adecuado hubiera sido acatar el fallo judicial, prestar colaboración para ejecutarlo, y plantear una restauración completa del entorno dañado.
Tres sentencias condenatorias
Desde que en 1992 se propuso esta obra como parte del Pacto del agua de Aragón y se declaró de interés general del Estado a través del Plan hidrológico Nacional en 2001, y especialmente, desde que ese mismo año se presentara por primera vez la presa de Mularroya, el proyecto ha acumulado hasta tres sentencias contrarias, tanto en la Audiencia Nacional como en Tribunal Supremo. A pesar de ello, se sigue insistiendo en seguir adelante con una obra que incumple, a juicio de las entidades, la Directiva Marco del agua y que presenta impactos negativos sobre los ríos y la biodiversidad.
Presa de Mularroya, al fondo ©SEO/BirdLife
Por esta razón, SEO/BirdLife y Jalón Vivo han presentado su rechazo a los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo y han solicitado la ejecución de la sentencia con efecto inmediato, la paralización completa de las obras y la restauración ambiental e hidrológica de la zona afectada, y la recuperación a su estado original. Asimismo, las organizaciones han requerido medidas cautelares con el objetivo de que no se avance absolutamente nada en una obra que cuenta con una sentencia en contra ahora recurrida.
Las inversiones realizadas hasta la fecha en la obra no pueden ser motivo para plantear seguir adelante con una obra anulada. Igualmente, SEO/BirdLife y Jalón Vivo recuerdan que si se hubiesen atendido las cuestiones planteadas desde el primer momento no se hubieran despilfarrado fondos públicos ni se hubieran destrozado ecosistemas naturales. Las organizaciones conservacionistas lamentan que España siga apostando por esta política de aguas caduca, fuera de la realidad social, ambiental y cultural de los territorios, y en contra de la transición ecológica que no termina de llegar a la planificación hidrológica.
