Más de 80 organizaciones solicitan a Bruselas que exija a las autoridades españolas la subsanación de graves incumplimientos cometidos en el proceso de participación social en los nuevos Programas de Desarrollo Rural 2014 – 2020. Estas organizaciones, que representan a más de 300.000 personas, dicen detectar graves incumplimientos de la normativa europea en el proceso de elaboración, que podrían dar lugar a la nulidad de los documentos aprobados.
Un total de 89 organizaciones, entre las que se encuentra SEO/BirdLife, representativas de un amplio abanico de sectores vinculados al desarrollo rural han hecho llegar a la Comisión Europea una carta en la que se exponen los graves y continuados incumplimientos de la normativa europea en materia de participación y acceso a la información en el proceso de elaboración de los Programas de Desarrollo Rural.
Estas organizaciones, que van desde el sector agrario, ganadero, pesquero, forestal y de caza hasta entidades conservacionistas, de mujeres rurales y sindicatos, y aún siendo muchas de ellas miembros de la Red Rural Nacional y de los Comités de Seguimiento de la programación nacional o autonómica, señalan que un claro ejemplo de esos incumplimientos es la aprobación por Bruselas del Marco Nacional de Desarrollo rural español, sin que las organizaciones firmantes conociesen siquiera la versión definitiva enviada por nuestras autoridades a la Comisión.
La obstrucción de la posibilidad de participación real de los interesados ha dado lugar a la elaboración de Programas de desarrollo rural “a puerta cerrada” y con unas propuestas no consensuadas con la sociedad. Además, los programas presentan graves deficiencias técnicas, ya que se basan en diagnósticos de situación incompletos y parciales y las medidas que proponen son básicamente incoherentes.
Ante esta situación, y dada la escasa respuesta de las autoridades nacionales ante las reiteradas solicitudes de la sociedad civil, estas organizaciones se han dirigido a la Comisión Europea para que exija a las autoridades españolas que subsanen esta situación, y piden la puesta inmediata a disposición pública de las versiones de los Programas de Desarrollo Rural estatales y autonómicos remitidas a la Comisión Europea, a la que no se ha tenido acceso. Asimismo, exigen se reactive y rehabilite lo antes posible el proceso de participación como dicta la ley, es decir, en tiempo y forma y dando participación a todos los agentes sociales interesados hasta el final del proceso.
Las entidades reclamantes consideran que aún hay tiempo de conseguir una Programación de Desarrollo Rural 2014–2020 que aporte soluciones a los problemas y respuestas a las demandas reales del medio rural español. Las entidades firmantes manifiestan su disposición a participar activamente y de acuerdo a sus capacidades, si se abren los cauces adecuados, insistiendo en que un Programa de Desarrollo Rural sólo tendrá éxito si está basado en una buena gobernanza que evite la dañina inercia del reparto de fondos que simplemente privilegian intereses parciales.
Sobre la Política Agraria Común en Europa
