Una docena de organizaciones sociales instan a las administraciones madrileñas a promover la compra de alimentos destinados a servicios públicos, siguiendo criterios de sostenibilidad, salud y desarrollo rural.
Este manifiesto, respaldado por SEO/BirdLife, recabará adhesiones ciudadanas y más organizaciones durante las próximas semanas, antes de ser formalmente presentado a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y a los representantes del Gobierno Autonómico.
Miles de ciudadanos comen todos los días en los servicios públicos madrileños sin apenas alternativas de elección, pese a que requieren una especial atención alimentaria al tratarse de niñas y niños en edad de crecimiento, personas hospitalizadas, mayores en centros de día y población en riesgo de exclusión social.
Las administraciones madrileñas, además de cumplir con el derecho humano a la alimentación, tienen la oportunidad de garantizar una alimentación saludable y sostenible en los espacios bajo su gestión.
Por eso, el Manifiesto por una compra pública alimentaria sana y sostenible que se ha presentado hoy, 15 de noviembre, va acompañado de una campaña en change.org instando a los grupos de la Asamblea de Madrid a desarrollar las iniciativas legislativas necesarias para promover la compra pública con criterios de sostenibilidad, salud y desarrollo rural.
También invita al Gobierno regional y sus departamentos de Educación, Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Economía a que incorporen la participación de todos los actores implicados en la producción, transformación y consumo de alimentos, así como a profesionales e instituciones independientes de la nutrición y la salud pública.[1]
El manifiesto está promovido por la Plataforma Ecocomedores Madrid, la Cooperativa Garúa, CECU Madrid (Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid), las ONG SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra Madrid, Justicia Alimentaria, AGIM COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos); AUPA (Asociación Unida de Productores Agroecológicos), AMASAP (Asociación madrileña de salud pública), OCT (Observatorio Cultura y Territorio) y la FAPA Giner de los Ríos, y destaca el potencial transformador de la compra pública alimentaria a favor de sistemas alimentarios respetuosos con las personas y con el medio ambiente, una oportunidad que no se debe desaprovechar.
Según Inés Jordana, responsable del programa de Agricultura y Alimentación de SEO/BirdLife “los alimentos ecológicos y de proximidad son una gran oportunidad, no solo de proveer de comida saludable a los comedores públicos, sino de impulsar el tejido social y económico del medio rural”.
En opinión de Gustavo Zaragoza, Secretario de AMASAP, “que los escolares tengan acceso a una alimentación variada y equilibrada contribuye a prevenir la obesidad, uno de los grandes problemas de salud en la infancia y en la edad adulta”.
Ivanna Martínez, Secretaria General de AGIM COAG, destacó durante la presentación, que “apostar por la compra pública de alimentos de proximidad, acortando el número de intermediarios entre producción y consumo (circuito corto), contribuye a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y a fijar población en el entorno rural”. Además tal y como añadió Nieves Pérez, Socia fundadora de AUPA: “La inversión en compra de alimentos producidos en la propia Comunidad de Madrid facilita nuevos emprendimientos en el sector agroalimentario regional y ofrece oportunidades para empresas de economía social y solidaria, (ESS) que producen con criterios éticos y sostenibles”.
La representante de los consumidores, Itziar Marín, Directora de CECU Madrid, destacó que: “Los ciudadanos son cada día más conscientes de los alimentos que consumen no solo por salud pero también desde la responsabilidad, buscando la sostenibilidad desde producción hasta que llegan a su casa”.
“Consumir alimentos de proximidad, frescos o ecológicos (sin pesticidas ni fertilizantes químicos) es -en palabras de Lawrence Sudlow, Responsable en Madrid de Amigos de la Tierra-, una buena herramienta para frenar el cambio climático”.
Por otro lado Andrés Couceiro, portavoz de Ecologistas en Acción Madrid, añadió que: “La Unión Europea en su Compra Pública Verde ya insta a los gobiernos nacionales a establecer un porcentaje mínimo de alimentos de producción ecológica en los servicios contratados, además de otros aspectos medio ambientales”.
Tal y como indicó Tamara Montero, Coordinadora en Madrid de Justicia Alimentaria, las administraciones españolas gastan en compra pública de alimentos entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales en servicios de restauración y suministro de alimentos. De ahí su importante impacto en la sociedad no solo por su volumen de compra, pero también por su valor ejemplarizante.
Seguidamente Abel Esteban, coordinador del proyecto Alimentar el cambio de la Cooperativa Garua, indicó que: “Cada vez más comunidades autónomas y ciudades promueven estas pautas de compra pública alimentaria bajo criterios de sostenibilidad social y ambiental, principalmente en restauración escolar”.
En concreto, “en la escuelas madrileñas ayudaría además a recuperar el valor educativo de los comedores escolares preservando la biodiversidad local, así como el patrimonio cultural y gastronómico de nuestro territorio”, tal y como subrayo Isabel Fernández Cruz, portavoz de la Plataforma Ecocomedores Madrid, que ve en la compra pública de alimentos saludables y sostenibles la posibilidad de que se desarrolle la Propuesta No de Ley que todos los grupos de la Asamblea de Madrid aprobaron por unanimidad en 2016 y que proponía fomentar el consumo de alimentos de temporada, proximidad o con certificación ecológica en los servicios de restauración colectiva en la Comunidad.
Por todo ello, el próximo 29 de noviembre se celebrarán unas Jornadas de diálogo sobre Compra Pública Alimentaria en la Comunidad de Madrid, entre representantes políticos madrileños y representantes de los sectores más afectados por la misma. Será en la Casa de Vacas a las 18h.
[1] En el caso de los comedores escolares también es imprescindible posibilitar una mayor participación a las familias en la elección del prestador del servicio y del seguimiento de la calidad del mismo.
