Mural contra los vertidos ilegales de hidrocarburos - SEO/BirdLife

Mural contra los vertidos ilegales de hidrocarburos

El séptimo de los murales contra los delitos ambientales se encuentra en el IES Número 1 de Ribeira, A Coruña. Los vertidos ilegales han sido la denuncia de esta intervención, coincidiendo con el vigésimo aniversario del desastre del Prestige. 

Esta iniciativa se enmarca en el LIFE Guardianes de la Naturaleza y con ella estamos desarrollando murales participativos en centros educativos ubicados en zonas donde destaca algún tipo de delito contra la fauna o el hábitat.

Los vertidos ilegales de hidrocarburos como temática central 

Entre los días 7 y 11 de noviembre, el estudiantado del IES Número 1, en Ribeira, A Coruña, se ha puesto manos a la obra con la séptima de las intervenciones de este proyecto, en el que trabajamos un delito ambiental presente en cada región, de cara a visibilizarlo, denunciarlo y prevenirlo. 

 

En esta ocasión, los vertidos ilegales han sido el delito sobre el que han girado las actividades. Como se adelantó en el Estudio sobre el origen y las motivaciones de la criminalidad ambiental (SEO/BirdLife, 2020), la generación y almacenamiento de residuos es la otra cara del extractivismo, entendido como una forma de pensamiento y un patrón de adquisición o eliminación de la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible (Willow, 2019). El delito por contaminación es un delito muy asociado a delitos como el blanqueo de capitales, el fraude o la corrupción. Los hidrocarburos son sustancias de alta densidad, viscosas y por lo general insoluble y con un alto contenido en azufre. Un ave marina impregnada ve notablemente mermadas las propiedades repelentes al agua de su plumaje; ello supone graves problemas, ya que se empapa y pierde su capacidad de vuelo, de natación y de buceo. Al no estar aislada del agua pierde calor, en especial cuando nada, por lo que su organismo debe utilizar una mayor cantidad de energía en el mantenimiento de la temperatura corporal; si a ello se le suma que el ave no puede alimentarse normalmente, esto conduce a un debilitamiento generalizado que aboca a la muerte al ejemplar afectado. 

Un motivo para recordar el desastre del Prestige 

Hace veinte años, el petrolero Prestige lanzaba el aviso de un accidente que ocasionaría uno de las catástrofes medioambientales más importantes que ha sufrido España. De entre todas las consecuencias ecológicas y sociales que tuvo, desde SEO/BirdLife se destacó el efecto sobre la avifauna: se recogieron 23.181 aves, tan solo un pequeño porcentaje del total de ejemplares realmente afectados. La distancia hasta la costa, el viento en contra, la forma de las costas gallegas y su baja accesibilidad, la composición del fuel, el importante flujo migratorio de aves marinas durante esos meses y su comportamiento, así como la descoordinación inicial de los servicios de emergencia y las decisiones políticas fueron algunos de los factores que dificultaron la ayuda y el cálculo final de la avifauna perjudicada. 

Según el informe que elaboró SEO/BirdLife en 2003, el 50% de las aves petroleadas se recogió en Galicia y fue A Coruña la principal de sus provincias, con el 34% de los casos. El 51% de las aves fueron araos comunes, mientras que las alcas comunes y los frailecillos atlánticos acumularon el 17% cada uno. Además de los efectos más inmediatos, también hay especies que fueron gravemente perjudicadas a medio plazo, como el cormorán moñudo, un ave emblemática de las costas gallegas: el depósito del fue en los fondos arenosos propició la falta de su presa principal, el lanzón. 

«La catástrofe del Prestige nos recuerda el inmenso impacto ambiental que generan los vertidos de hidrocarburos, los notables perjuicios económicos y sociales que tienen y las consecuencias legales de este tipo de hechos, que se tradujo en un proceso legal complejo para determinar la responsabilidad penal y civil de los implicados” apunta David de la Bodega, responsable del programa legal de SEO/BirdLife. Y añade “las aves marinas representan muy bien las consecuencias que tienen este tipo de actuaciones ilegales”. 

El cormorán moñudo como hilo conductor 

En esta última especie se ha focalizado el mural en Ribeira, a cargo de Lourdes Berzas, psicóloga ambiental y muralista. El «corvo mariño» se distribuye en el medio marino litoral y nidifica en las costas rocosas y batidas. El vertido de hidrocarburos es una de las amenazas principales a las que se enfrenta, procedente de accidentes de petroleros (como el Prestige, que acabó directamente con 400 ejemplares, pero cuyos efectos se prolongaron por años), pero también de la limpieza ilegal de tanques y depósitos de residuos. Otras de sus amenazas son la pesca y la recolección de recursos acuáticos, a través de artes de enmalle; o la presencia de especies introducidas o invasoras como el visón americano o el gato doméstico, que puede poner en jaque rápidamente a una colonia de cormoranes moñudos. El desarrollo urbanístico, las molestias por actividades recreativas, el cambio climático o, especialmente, la inacción de las administraciones públicas son otros de los agravantes de su situación. El cormorán moñudo se encuentra catalogado vulnerable según el Libro Rojo de las Aves de España (2021) y su subespecie aristotelis, la presente en toda la costa norte de la península, se encuentra en peligro de extinción.

El proyecto «Murales contra el delito ambiental» 

A través de pinturas murales queremos crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de proteger la biodiversidad y poner en conocimiento las herramientas disponibles para luchar contra los delitos ambientales. 

Este trabajo de sensibilización se desarrolló durante abril y mayo de 2022 y se amplió a octubre y noviembre del mismo año, en el marco del Proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza. A través de las pinturas murales están abordándose distintos delitos ambientales, de especial incidencia en el lugar de la acción. El primer mural hizo hincapié en la caza ilegal, girando en torno a la pardela cenicienta canaria y el pardeleo. El segundo mural, con el milano real como protagonista, abordó la problemática del uso ilegal de veneno. El tercer mural habló del tráfico ilegal de especies a través del halcón peregrino. El cuarto mural, sobre el jilguero europeo, como símbolo de la captura ilegal de fringílidos. El quinto mural, sobre el avión común, reflejo de la destrucción de nidos de especies protegidas. El sexto mural, sobre el alimoche común, con los incendios intencionados como una destacada, aunque no exclusiva, amenaza local en el Estrecho. 

El derecho y el deber de cuidar de la biodiversidad 

A través del trabajo que implica la realización de estos murales, SEO/BirdLife quiere transmitir a la comunidad educativa que todas las personas somos guardianes de la naturaleza, poniendo en valor el artículo 45 de la Constitución, que señalaque la ciudadanía tiene el derecho a disfrutar de un medio ambienteadecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo.  

Además, como organización de utilidad pública, ponemos al servicio de la ciudadanía y de las administraciones un portal de denuncias a disposición de cualquier persona que sea testigo de cualquier agresión o incumplimiento de la normativa relacionada con la protección de la naturaleza. A través de un formulario web, cualquier persona que conozca una acción potencialmente ilegal puede comunicarlo a la organización y obtener información sobre cómo hacer llegar su denuncia a las autoridades. 

LIFE Guardianes de la Naturaleza 

El proyecto Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa Life de la Unión Europea, pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza. 

Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves  (SPEA), y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Dirección General de la Guardia Civil, como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

 

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