¿Cómo valorar económicamente la fauna silvestre afectada por acciones ilegales?

¿Cuánto vale matar un animal? Publicamos un informe que propone un sistema para valorar económicamente especies protegidas de fauna silvestre, aportando una serie de criterios y metodología que permiten calcular cuánto valen.

El informe, que se ha elaborado en el marco del LIFE Guardianes de la Naturaleza, hace un análisis del marco normativo español y de la UE sobre la materia, de diferentes métodos de valoración del daño e impacto ambiental y contiene, además de una metodología de valoración, una propuesta normativa para su aprobación, que ha sido remitida al MITECO.

Lanzamos un nuevo informe que viene a proponer la utilización de valores fijos y homogéneos que determinen el coste de reparación del daño causado a la fauna silvestre protegida por acciones ilegales. La metodología propuesta se basa en un método de cálculo denominado Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA) que, aunque inicialmente diseñado por el MITECO para la aplicación de la normativa de responsabilidad ambiental, ha sido adaptado considerando diversos factores en función del tipo de daño causado, el estado de conservación de las especies, sus condicionantes biológicos y el coste estimado de detección de la infracción cometida, dando como resultado valores de las distintas especies que  cumplan con un criterio de proporcionalidad.
Falta de un criterio de valoración único en España y la UE
Matar un ejemplar de fauna silvestre protegido en España no cuesta lo mismo en una CCAA que en otra, ni en una Estado miembro de la UE que en otro, aunque se trate de la misma especie. En España no existe una normativa estatal básica que establezca la valoración de especies en función de un baremo económico uniforme y que permita tanto  establecer el importe de la responsabilidad patrimonial en caso de atentado a las especies de fauna, como las sanciones administrativas o penales que corresponda imponer. Si existen algunas normas autonómicas que incluyen la valoración económica de especies protegidas, pero ni se refieren al mismo ámbito de especies, ni se pueden calificar como homogéneas, existiendo espectaculares disparidades de valoración para las mismas especies. Como ejemplo, quien mate un águila imperial ibérica, especie catalogada en Peligro de Extinción, en Albacete deberá pagar 60.000€, 700.000 pesetas si lo hace en Murcia o 30.000€ si el acto tuvo lugar en Jaén, siendo la misma especie. Por otra parte, la antigüedad de algunos sistemas autonómicos actualmente en vigor, se refleja que en muchos casos los valores de las especies continúan expresadas en pesetas.
Una metodología para España y el resto de la UE
La metodología propuesta se basa en una fórmula matemática que parte de un coste base para todas las especies de 300€, que es el precio mínimo que se establece por los gastos derivados de la investigación de la infracción. A esa cantidad se suman una serie de criterios correctores referidos al nivel de protección de la especie (Situación crítica, En peligro de extinción, vulnerable, etc), si se trata de una especie endémica o no, si es un adulto o un ejemplar inmaduro y, por último, si el ejemplar ha muerto o ha sido herido. Además, es posible añadir otros factores de corrección en función del daño producido
Hemos remitido el informe al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para su consideración y aprobación. Se facilita además una propuesta normativa que recoja la metodología de valoración de fauna protegida para su aplicación en todo el territorio nacional.
Por otra parte, el sistema propuesto por su carácter objetivo y universal, puede ser adoptado en otros países de la Unión Europea. Este es precisamente uno de los objetivos que persigue el proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, que además de proponer su adopción a nivel nacional, lo presentará ante otros estados miembro de la UE y ha elaborado una propuesta de Decisión para su aprobación.
Según David de la Bodega, Responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, “El establecimiento de una normativa y criterios homogéneos para valorar el daño producido a la fauna es una cuestión de justicia y equidad. Su adopción a nivel nacional y de la UE garantizaría una misma valoración de las especies, y las mismas consecuencias, a la hora de la imposición de sanciones o fijación de indemnizaciones por la comisión de actos ilegales contra ellas.
 

 

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