Exigimos a las administraciones proteger la tórtola europea y evitar así la multa de Europa

Termina el plazo dado por la Comisión Europea del Dictamen motivado que llegó a España el 3 de diciembre de 2020 para garantizar la conservación de la tórtola europea.

 Las comunidades autónomas tienen mañana la oportunidad de salvar esta situación en la reunión de la de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en la que se tratará la situación de la tórtola europea.
Si las administraciones públicas no ofrecen una respuesta adecuada, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exponiendo a España al pago de multas por su inacción.
SEO/BirdLife insta al Gobierno, así como a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla a defender la protección de esta especie en declive en base a la información científica.

 

 SEO/BirdLife exige responsabilidad al Gobierno de España como a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla en la reunión que se celebra mañana de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para afrontar la situación de la tórtola europea.

Ante la grave situación en la que se encuentra esta especie y basándose en los informes científicos, debería garantizarse su conservación. Situación que además, evitaría que España pagase una multa por incumplir la normativa comunitaria.

Actualmente, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción a España por este motivo, que cumple ahora, por lo que si no cambia la situación, se tendría que asumir una multa, que puede llegar a ser millonaria, por haber incumplido con el mandato de la Directiva de Aves.

Priorizar los criterios científicos

La especie ya está incluida como “vulnerable” en la Lista Roja de aves tanto mundial como europea. Además, SEO/BirdLife recuerda que el Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) emitió un Dictamen para la inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de Vulnerable, tal y como ya solicitó SEO/BirdLife en 2015. Esta catalogación reforzaría de forma directa la protección de la especie. La tórtola europea en España presenta un declive poblacional del 32% entre 1998 y 2019, según los datos del programa SACRE de SEO/BirdLife.

Moratoria de la caza de la especie

La ONG insiste que, en cumplimiento tanto de la normativa comunitaria como estatal, no se debe autorizar el aprovechamiento cinegético de la tórtola europea por ninguna región, ya que presenta un estado de conservación desfavorable. Desde el año 2011, los tribunales están avalando esta tesis: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictaminó la prohibición de la media veda en la región debido precisamente a que se autorizó la caza de especies cuyas poblaciones presentaban un deficiente estado de conservación. A esta sentencia siguieron otras en la misma línea en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid, ratificando estos argumentos.

En este sentido, SEO/BirdLife subraya que países como Francia e Israel, y algunas Comunidades Autónomas donde la caza de la especie tiene menos peso (Asturias, Canarias, Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana, la isla de Menorca y la provincia de Álava) ya han adoptado esta medida, y que la urgencia de su puesta en marcha en toda España es aún mayor, dado que el país acoge más de la mitad de la población reproductora de la especie en el continente.

“Es hora de dar un paso adelante por y para la transición ecológica, cumplir  con el Pacto Verde Europeo y con la Estrategia Europea de Biodiversidad. El caso de la tórtola es una oportunidad para que las administraciones españolas demuestren que están a la altura para detener la pérdida de biodiversidad. Es hora de proteger a la tórtola y asegurar que nuestros campos sigan acogiendo ejemplares como seña de identidad y de riqueza natural”, afirma Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

“Todas las administraciones competentes pueden y deben asumir la responsabilidad ante la sociedad para proteger el patrimonio natural de todos los ciudadanos, y evitar además que la inacción provoque una infracción comunitaria que suponga un gasto extraordinario para todos en este momento de crisis sin precedentes”, concluye Ruiz.

 

 

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