Escribo este editorial más indignada que nunca, ante un panorama de corrupción que no puede dejarnos indiferentes. Al contrario, debe activar aún más nuestra responsabilidad como ciudadanos. No podemos permitir que aquellos que nos representan nos hurten y, además, se burlen.

En este escenario demoledor, las organizaciones conservacionistas reivindicamos públicamente el importante papel que jugamos como “sociedad vigilante” de los abusos y delitos que se comenten contra el medio ambiente, y que están a menudo detrás de esos casos delictivos.

La máxima expresión de la corrupción es el expolio de nuestros recursos naturales, de nuestro capital natural, de nuestro planeta. Sin duda, un verdadero desfalco a las generaciones presentes y venideras, que hipoteca nuestro y su futuro. Sin olvidar que se nos despoja de un derecho que contempla nuestra Constitución en su artículo 45.

Es incontestable que innumerables casos de urbanismo especulativo -muchos vinculados a tramas de corrupción- han provocado pérdidas irreversibles de nuestra riqueza natural. Destacaría, por ejemplo, el boom inmobiliario en nuestra costa, que usurpó a todos los españoles parte de su patrimonio natural costero (desecación de estuarios, destrucción con hormigón de sistemas dunares…), a cambio del enriquecimiento corrupto de unos pocos, en casos tan conocidos como la Operación Malaya y obras tan insultantes e insostenibles como El Algarrobico.

La máxima expresión de la corrupción es el expolio de nuestro capital natural; sin duda un desfalco que hipoteca nuestro futuro

 

A esto se une quienes construyeron sus casas o negocios en zonas destinadas a la preservación del litoral y al disfrute ciudadano -incluso a sabiendas-, y que ya no se someterán a la demolición prevista por ley. No, no nos devolverán nuestro litoral, sino que serán amnistiados por la recién aprobada Ley de Costas. Los propietarios de casas y negocios en dominio público podrán gozar de ellos durante más de un siglo; un periodo tan largo que podemos calificar como definitivo. ¿Un robo? Y todo justificado bajo el concepto de “seguridad jurídica”. Pero… ¿cómo puede un principio del derecho indultar a quien invadió nuestro litoral contraviniendo las leyes vigentes?

¡Pues aún hay más! La aplicación, sin miramientos, de este “conveniente” principio del derecho sigue permitiendo el saqueo de nuestro patrimonio natural en beneficio de unos pocos. Ahora, mientras escribo, una enmienda de última hora, presentada en el Senado durante la tramitación de la nueva Ley de Parques Nacionales –justificada también para dar seguridad jurídica a la propiedad privada-, podría prorrogar sine die actividades prohibidas en los parques nacionales, en las joyas de nuestra naturaleza. Respetamos y reconocemos los derechos patrimoniales, y para eso están las indemnizaciones, pero no podemos compartir que se blinden intereses privados incompatibles con la conservación de nuestros santuarios naturales. ¿Puede la seguridad jurídica secuestrar nuestro patrimonio natural?

Y como broche final de este singular principio, el caso del almacén de gas Castor, operado por una compañía privada y financiada en parte por el Banco Europeo de Inversiones, que fue paralizado en septiembre de 2013 tras provocar más de 500 terremotos en la zona. Ahora el Gobierno tiene una obligación derivada del principio de seguridad jurídica que obliga al abono de 1.300 millones de euros, que será adelantado por el Estado y reembolsado en los próximos treinta años a través de las facturas que pagan los ciudadanos, según cláusula que figuraba en el contrato en caso de paralización. Pero… ¡qué negocio es este! ¿Los riesgos empresariales los asumen el Estado y los ciudadanos? ¿Y los beneficios también se habrían repartido? ¿Seguridad jurídica o inseguridad civil? Perdonen mi ignorancia; que alguien me lo explique, porque quien escribe ni lo entiende, ni lo concibe, ni lo comparte.

Visto lo visto, he de decir que las organizaciones ecologistas somos también un movimiento anticorrupción -cada vez más apoyado y respetado por la sociedad civil-, que defiende con empeño el interés general, nuestro patrimonio natural, nuestro derecho a un medio ambiente de calidad y, ahora además, la aplicación del principio de seguridad jurídica con ética.

Lo confieso. Empecé este editorial indignada, pero tras la reflexión, siento con más fuerza el orgullo de defender principios y valores con mayúsculas. ¡Nos ponemos los prismáticos! ¡Seguimos vigilantes!