Los hechos se produjeron en el mes de mayo de 2012 cuando un ciudadano encontró el cadáver de un milano real, especie catalogada “en peligro de extinción”, en el término municipal de Alfajarín (Zaragoza). El estudio forense, efectuado por personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, dependiente del Gobierno de Aragón, evidenciaba la ingestión de un tóxico como causa de la muerte, circunstancia que se confirmó por el ulterior análisis.
Estos hechos motivaron que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), junto con su patrulla canina, inspeccionara un coto de caza del mismo municipio. A raíz de ello se encontró el cadáver de aguilucho lagunero envenenado, incluido en el listado de especies protegidas en régimen de protección especial, los restos de 8 jabalíes y de 4 perros que presentaban “disparos a bocajarro”, restos de perdiz impregnados con un producto prohibido muy tóxico utilizados como cebo, y otras artes prohibidas de caza. Por último, se localizaron e intervinieron en el interior de un cobertizo varios envases con sustancias tóxicas encontradas en las aves muertas y que fueron utilizadas para el envenenamiento.
Las investigaciones realizadas concluyeron con la imputación del gestor del coto, situado dentro de un espacio de la Red Natura 2000 al ser un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Además, en octubre de ese mismo año el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Montes había suspendido el aprovechamiento cinegético de dicho coto de caza, considerando, entre otros aspectos, que se había afectado negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos naturales.
SEO/BirdLife, que ha ejercido la acusación popular en el marco del proyecto Life+VENENO, y el Gobierno de Aragón han estado personados en el procedimiento judicial. La presencia de la ONG y la Administración regional es esencial en este tipo de delitos, ya que han aportado durante el juicio su gran conocimiento técnico y legal, además de por su defensa del patrimonio natural que pertenece a todos los aragoneses.
Contenido de la sentencia
El Juzgado de lo penal nº 3 de Zaragoza ha dictado una sentencia que condena al gestor del coto por un concurso ideal de delitos de caza y contra la fauna por el uso de veneno y la muerte de especies protegidas. Por estos delitos se le impone una multa de 6.300 euros, a razón de 7 euros diarios durante 30 meses, y se le inhabilita para el ejercicio de la caza durante 4 años. Además, deberá indemnizar al Gobierno de Aragón con 9.972,72 euros por las aves muertas y adoptar medidas recuperadoras del medio afectado consistentes en la corrección de los vallados del coto. Por otra parte, el juzgado considera al acusado autor de un delito de maltrato animal al haber matado a tiros a tres sabuesos y un podenco andaluz. Por este delito ha sido condenado a 8 meses de prisión y al pago de una indemnización al propietario de los perros de 8.540 euros más 2.100 euros por el daño moral producido por su muerte. En total, el acusado tendrá que pagar cerca de 27.000 euros. Además, queda inhabilitado dos años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales.
Uso de cebos envenenados
A pesar de ser ilegal, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores, así como para el control de plagas agrícolas. La colocación de cebos envenenados es un método masivo, no selectivo y cruento para la caza de fauna. Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica, y aparece tipificado como delito en el Código Penal con penas de cárcel de hasta dos años.
El veneno en el campo supone no solo un riesgo para el medio ambiente sino también para la salud pública y para los animales de compañía. A este respecto muchas de las llamadas recibidas en el teléfono SOS Veneno (900 713 182), gestionado por SEO/BirdLife, proceden de propietarios de perros y gatos, afectados y preocupados por el uso de cebos envenenados.Además, Aragón cuenta desde mayo de 2007 con un Plan de Acción contra la erradicación del uso ilegal del veneno en el medio natural, en el que se enmarcan numerosas acciones para la eliminación de esta práctica.
El proyecto Life+ VENENO, tiene como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. El proyecto, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40% y la Fundación Biodiversidad el 26%, se desarrolla entre 2010 y 2014.
SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son los beneficiarios del proyecto. Los cofinanciadores son el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria. La Editorial América Ibérica colabora con el proyecto y otras doce comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y un cabildo participan en diferentes acciones.